En rueda de prensa, el fiscal Tarek William Saab, ratificado en funciones por el Parlamento de 2020, afirmó que ninguno de los detenidos en las protestas contra los resultados de las presidenciales del 28 de julio, anunciados por el Poder Electoral a favor de Nicolás Maduro, es inocente.
Las declaraciones de Saab se produjeron luego de que el Ministerio Público (MP) dictara medidas sustitutivas de privación de libertad a 225 apresados de casi 2.000 personas apresadas desde el 29 de julio.
La coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, Lexys Rendón, y el abogado penalista, Joel García, señalaron que el funcionario con su afirmación está violando la presunción de inocencia, consagrada en el artículo 49 de la Constitución.
Mientras no se pruebe lo contrario…
El numeral 2 del artículo 49 de la Carta Magna establece que “Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario”.
“Entiendo que el fiscal general de la República tiene una pretensión y es que estas personas sean condenadas, eso nos dice que actúa no como parte de buena fe, sino como parte interesada. El fiscal desconoce que la presunción de inocencia o el derecho a que se le presuma inocente está siendo contrariado por esa posición que él está adoptando”, sostuvo García, abogado de presos políticos.
El abogado recalcó que a toda persona se le considera inocente hasta tanto se produzca una sentencia condenatoria complementamente firme con autoridad de cosa juzgada. Incluso, explicó, hasta luego de la apelación de la sentencia que lo condenó y la Sala de Casación Penal o la Corte de Apelaciones ratifican la condena.
“La presunción de inocencia tiene dos aristas. Una que a la persona se le debe dispensar el trato de inocente, cosa que no está haciendo el fiscal, los trata como culpables. Dos, que es el Estado a través del Ministerio Público el que debe comprobar que la persona es responsable y eso no sucede hasta que haya un juicio oral y público en el que el juez pueda valorar ese medio de prueba y así lo condene y se pueda llegar a una condena definitivamente firme”, explicó el jurista.
El pasado 20 de noviembre, Saab, en compañía del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, sostuvo que posee datos y elementos de convicción, “para debatir con quien sea” y “rebatir” la inocencia de los detenidos.
“No ha habido nunca debido proceso”
De las 225 excarcelaciones que no implican libertad plena, porque las personas deben presentarse cada 15 días ante un tribunal, Foro Penal advirtió que sólo pudo comprobar 143 porque el MP no ha ofrecido lista con la identificación de quienes salieron. Entre los liberados se habla de al menos a 11 adolescentes, de 69 aprehendidos. Desde el 29 de julio, la ONG ha registrado 1.963 detenciones.
Defensores de derechos humanos y abogados han señalado que estos casos de presos políticos detenidos de forma arbitraria (sin orden de un juez), al igual que los existentes desde antes de los comicios presidenciales, se basan en “expedientes amañados” en los que no existe ninguna prueba de los delitos de los cuales se les acusa, la mayoría terrorismo.
“No ha habido nunca debido proceso, no hay presunción de inocencia, no han tenido acceso a abogados privados o de confianza, no fueron detenidos en flagrancia, no se cumplen las leyes ni los estándares en derechos humanos. Estas personas desconocen el expediente de sus casos, sumado a que algunos han sido sometidos a tratos crueles e inhumanos y degradantes o torturas dentro de las cárceles”, recalcó Lexys Rendón.
La activista de derechos humanos pidió no olvidar que los juicios contra los excarcelados, y los que aún siguen de forma arbitraria tras las rejas, continúan. En los casos de quienes salieron de prisión desde el pasado fin de semana, subrayó, tienen una serie de restricciones y obligaciones mientras el Estado no los declare inocentes o cierre sus causas, como por ejemplo prohibición de salida del país o dar declaraciones sobre su caso.
“No son culpables porque lo diga el fiscal, el presidente o por decretarlo”, añadió.
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