“Si usted no es fascista no se preocupe. Deben preocuparse los fascistas, neofascistas y los odiadores de siempre”, ha advertido el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, sobre la aprobación en la Asamblea Nacional (AN) de 2020 de la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, propuesta por el gobierno de Nicolás Maduro.
Dicho instrumento legal se aprobó en primera discusión el 2 de abril de este año, después de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez la presentó ante la plenaria. Desde agosto está en fase de consulta nacional. De la normativa de 30 artículos, la alta funcionaria destacó que se crean nuevos tipos penales para castigar “severamente” cualquier acción que se considere promueva el fascismo.
“Buscan incrementar temor”
Es la normativa general, pero no la única, que contiene dichos términos, acuñados con insistencia por el chavismo antes y después de las elecciones del 28 de julio para referirse a los opositores junto a otro término que tiene más tiempo: el de “terroristas”.
Los conceptos de “fascismo” y “neofascismo” están también en la Ley contra las ONG (falta promulgación), Ley de Comunas (en segunda discusión) y todo indica que en la reforma de las leyes electorales, que promete el chavismo para antes del 15 de diciembre de 2024, también lo estarán.
Defensores de derechos humanos alertan que ambos conceptos encierran nuevas y serias amenazas desde Miraflores contra la disidencia, como preparación a una etapa de “mayor represión” a partir de enero de 2025, cuando advierten se instale un “gobierno de facto” en Venezuela.
“El gobierno se está preparando para su momento de peor ilegitimidad, que es cuando se juramente un presidente que no fue electo por el voto popular. El uso de términos vagos e imprecisos, pero con una gran carga valorativa negativa, intenta incrementar el temor en la población, especialmente en las personas que forman parte de organizaciones de la sociedad civil, para que se autocensuren y se inhiban en promover la defensa de los derechos. Y en caso necesario, tener instrumentos legales para la persecución de la disidencia”, sostuvo el director de la ONG, Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui.
En declaraciones a Efecto Cocuyo, el defensor de DDHH advirtió que es la misma fórmula que se aplica “eficazmente” en Nicaragua para cerrar el espacio cívico y que, lamentó, tiene un costo político internacional tan bajo que Daniel Ortega y Rosario Murillo se mantienen en el poder.
De acuerdo con 83,5% de las actas de escrutinio recabadas por testigos electorales y publicadas por la oposición, Edmundo Gonzalez Urrutia venció a Nicolas Maduro con 67% de los votos frente a 30% el pasado 28 de julio. A la fecha, el Poder Electoral, que declaró ganador a Maduro, sigue sin publicar resultados electorales ni mostrar las actas de escrutinio mesa por mesa.
“Arma para el control social”
El artículo 4 del proyecto de ley contiene la definición de fascismo, según lo entiende el chavismo: “cualquier postura ideológica que asume la violencia como medio de acción política, que enarbola la cultura de la muerte, denigra de la democracia o promueve la supresión de los derechos y garantías a favor de determinados sectores de la sociedad con fines discriminatorios”.
Mientras que el neofascismo, de acuerdo con la misma normativa es: toda acción que reproduzca total o parcialmente los rasgos propios del fascismo. Delcy Rodriguez señaló que el clasismo, el supremacismo, el neoliberalismo, la misoginia, el racismo y el chauvinismo, entre otras conductas, comprenden el fascismo.
Según la Real Academia Española, el fascismo es un “movimiento político y social de carácter totalitario que se desarrolló en Italia en la primera mitad del siglo XX y que se caracterizaba por el corporativismo y la exaltación nacionalista”.
De acuerdo con el diccionario de política de Norberto Bobbio, “el fascismo es un sistema político que trata de llevar a cabo un encuadramiento unitario de una sociedad en crisis dentro de una dimensión dinámica y trágica, promoviendo la movilización de masas por medio de la identificación de las reivindicaciones sociales con las reivindicaciones nacionales”.
Otras definiciones aluden a una “ideología, un movimiento político y una forma de gobierno de carácter totalitario, antidemocrático, ultranacionalista y de extrema derecha”.
“El fascismo históricamente proviene de fuerzas políticas vinculadas al poder, estos movimientos tienen el poder del Estado cuando comienzan. En Venezuela, quienes manejan el Estado, están acusando a los factores democráticos de la sociedad de lo que precisamente ellos mismos están ejecutando, es decir, la persecución política, el encarcelamiento, la vulneración de las garantías y derechos humanos y que se agudizó este año, especialmente después del 28 de julio, cuando pierden las elecciones”, señaló el abogado penalista y defensor de derechos humanos, Eduardo Torres.
#FascistasNoPasarán
RESUMEN DEL PROGRAMA CON EL MAZO DANDO #493 (04-09-24)Diosdado Cabello: ¡Nosotros no le vamos a aguantar vainas a nadie! https://t.co/5dSIDSLaTR
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— Con el Mazo Dando (@ConElMazoDando) September 5, 2024
El jurista, quien también integra el equipo de defensa de presos políticos en Venezuela principalmente del sector sindical, recordó que la persecución y represión desatada por Miraflores tras las presidenciales contra quienes protestaron, fue catalogada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como “terrorismo de Estado”. Subrayó que en el país se usa la “violencia y el terror” a través de los organismos de seguridad del Estado, como “arma para el control social”.
De acuerdo con la ONG, Foro Penal, 1.828 personas han sido arrestadas desde el 29 de julio en el contexto de las protestas ciudadanas contra los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que dieron como ganador a Maduro en las elecciones, sin mostrar evidencias. De la cifra de detenidos, 69 son adolescentes y 243 son mujeres.
Contenidos de leyes
El artículo 15 de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales, sancionada el 15 de agosto y a la espera de la promulgación del Ejecutivo, se establece prohibición de registro para las ONG y organizaciones sociales sin fines de lucro, cuyo objeto y fines se consideren, promueven el fascismo, intolerancia y odio por motivos raciales o cualquier incitación a la discriminación.
En el artículo 23 tambien se señala que es una prohibición promover el fascismo, la intolerancia, el odio o cualquier acto que constituya incitación a la discriminación y la violencia.
En la segunda discusión (aún en curso) de la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de las Comunas vuelve a incluirse el concepto de fascismo. El artículo 2 incorpora la “lucha contra el fascismo, neofascismo y otras expresiones similares” como parte de los principios que rigen la constitución, conformación, organización y funcionamiento de la Comuna que es una figura no prevista en la Constitución.
Todo apunta a que en las reformas a las leyes electorales, actualmente en periodo de consulta en la AN de 2020, será otra vía para “castigar” a todo lo que el poder político considere fascismo.
Al proponer un cambio a la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez, propuso impedir que “fascistas”, en alusión a dirigentes opositores, puedan optar por cargos de elección popular en Venezuela, a propósito de las elecciones parlamentarias y regionales que corresponden en el año 2025.
En el saco, Rodríguez metió a quienes se considere llamen a dar golpes de Estado, pidan invasión extranjera y cometan crímenes como asesinatos políticos. También a quienes no acaten la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que dio como válidos los resultados electorales del 28 de julio, anunciados por el CNE.
¿Qué viene?
“La amenaza o la aprobación de normas coercitivas está debilitando el tejido asociativo del país, obligando a la migración forzada a periodistas, activistas sociales y defensores de derechos humanos. La principal víctima de esta situación es la propia ciudadanía, que tendrá menos ventanas y manos de apoyo para ayudarla en sus necesidades”, advirtió Uzcategui sobre las consecuencias en la aplicación del marco legal mencionado.
Torres teme la “agudización del terror” que ya padecen los ciudadanos que, denunció, están siendo víctimas de persecución, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, juicios sin el debido proceso, torturas, entre otras crímenes que el Estatuto de Roma considera como de lesa humanidad. Reitero que la aprobación de leyes “inconstitucionales y represivas” empeorará la situación de DDHH en el país que es monitoreada por organismos internacionales.
“¿Qué es lo que viene? Es impensable el horror y es insostenible porque ya no son sólo amenazas, sino que están actuando. Ya aquí en Venezuela prácticamente el Estado de Derecho desapareció. Vamos hacia un 10 de enero con mucha preocupación porque parece que se terminará de vulnerar la soberanía popular. Hago un llamado a la AN porque maltratar al pueblo no es un buen camino, en lugar de continuar esta política de persecución aprueben una Ley de Amnistía para los más de 2.000 presos políticos que existen en Venezuela, busquen un cauce hacia el respeto de los DDHH y una transición en paz. El pueblo está sufriendo”, instó Torres.
Igualmente pidió a jueces, fiscales del Ministerio Público y defensores públicos dar un paso adelante en defensa de la justicia y el respeto de los DDHH.
Cabello, designado por Maduro como ministro del Interior y Justicia (controla las fuerzas policiales del país) luego de las elecciones presidenciales, ha dicho una y otra vez que “no habrá perdón” para los actos conspirativos de la oposición, en alusión a quienes no reconozcan a Maduro como presidente.
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