La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional de España investigó durante 17 meses un presunto esquema de tráfico de influencias en la recepción de comisiones ilegales en contratos de adquisición de material médico a la compañía “Soluciones de Gestión”, una de las empresas que más dinero público manejó durante la gestión de la pandemia de covid-19 del gobierno de Pedro Sánchez.
La investigación, que hasta ahora ha resultado en la imputación de 7 personas y un total de 20 detenidos, tiene como primer señalado a Koldo García, quien fue escolta y chofer del exministro de Transporte José Luis Ábalos, y posteriormente asesor de Renfe, la principal empresa de transporte ferroviario de España.
La Fiscalía señala a Koldo García como la persona a la que la empresa “Soluciones de Gestión” acudió para asegurar la adjudicación de licitaciones públicas para proveer material sanitario. Entre los delitos listados en la investigación están el tráfico de influencias, blanqueo de dinero, cohecho y organización criminal.
La investigación señala que en 2019, la facturación de la empresa no alcanzaba el millón de euros, mientras que en 2020, la compañía facturó 52 millones tras la prestación de servicio a contratos públicos para suministrar material sanitario a entidades dependientes de los ministerios de Transporte e Interior, así como a los servicios de salud de Baleares y Canarias.
La investigación comenzó cuando el diputado del Partido Popular (PP), Adolfo Serrano, introdujo una denuncia por presuntas irregularidades en contratos de emergencia relacionados con la pandemia de covid-19 de la Administración General del Estado.
Actualmente hay ocho contratos bajo la lupa de la fiscalía: los más altos fueron adjudicados por Puertos del Estado, el 21 de marzo de 2020, por 20 millones de euros, y otro por 12,5 millones de euros, asignado por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), el 27 de marzo de 2020. Ambos son organismos dependientes del Ministerio de Transportes, entonces dirigido por el exministro José Luis Ábalos.
Otro elemento que señalan los investigadores es que Soluciones de Gestión dejó de percibir fondos públicos tan solo una semana después de que Ábalos dejara de dirigir el ministerio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechazó la idea de que la destitución de Ábalos como ministro de Transporte estuviera relacionada con el caso de corrupción que investiga la Audiencia Nacional, y ha sido enfático al afirmar que «eso implicaría que yo estaba al tanto y claramente no es así».
En respuesta a las investigaciones del “Caso Koldo”, el 26 de febrero el PSOE le dió 24 horas a José Luis Ábalos para que renunciara a su cargo como diputado. Éste respondió con una rueda de prensa el martes 27 de febrero, donde dijo que necesitaba “defender su honorabilidad” y se registró como parte del grupo mixto, el cual está compuesto por congresistas que no cuentan con al menos 15 escaños para poder formar un grupo parlamentario propio.
Entre los contratos investigados también están cuatro que fueron asignados por el Servicio Canario de Salud, que suman un total de 12,3 millones de euros, y otro del Servicio de Salud de Baleares, valorado en 3,7 millones de euros.
El periódico El Confidencial publicó un artículo el jueves 29 de febrero sobre una reunión que habría tenido lugar en 2020 entre Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, y uno de los imputados del ‘caso Koldo’, Víctor de Aldama. Por su parte, el Partido Popular argumenta que la trama se acerca cada vez más a la figura del presidente del gobierno español, y su líder, Alberto Núñez Feijóo, urgió a Sánchez a responder sobre el ‘caso Koldo’, asegurando estar convencido de que conocía del affaire.
«Sánchez tiene que contestar a los españoles qué responsabilidad política, y en su caso qué responsabilidad personal, tiene en la trama que estamos conociendo”, expresó Feijóo durante una comparecencia en el Senado este jueves 29 de febrero.
La Fiscalía Europea ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional una copia de la querella presentada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, relacionada con posibles irregularidades en contratos de suministro de mascarillas durante la pandemia.
Esta solicitud se debe a que tres de los seis contratos concedidos a la empresa Soluciones de Gestión fueron financiados o cofinanciados con fondos de la Unión Europea. Esto incluye los contratos otorgados por las comunidades autónomas de Islas Baleares y Canarias, ambas presididas entonces por funcionarios claves del gobierno de Sánchez: Baleares por la actual presidenta del Congreso de los diputados, Francina Armengol, y Canarias por Ángel Víctor Torres, hoy ministro de política territorial.
De hecho, en junio de 2020, el gobierno de Baleares, bajo control de Armengol, tuvo conocimiento de que una porción del pedido de material médico entregado por Soluciones de Gestión estaba defectuosa. Sin embargo, no actuó para recuperar el dinero sino hasta tres años después, en 2023, cuando la Fiscalía ya investigaba el caso.
También la Oficina Europea Antifraude (OLAF, por sus siglas en inglés) analizará si existen las bases para abrir una investigación. Sin embargo, esta institución de la Unión Europea no puede imponer sanciones, sólo emite recomendaciones para adoptar medidas para la recuperación de fondos malversados.
Por su parte, con estas evaluaciones de la Fiscalía Europea y la OLAF, la Comisión Europea posee mecanismos para intervenir en casos de fraude: puede exigir la restitución de los fondos, imponer sanciones económicas e incluso detener la distribución de fondos en programas afectados.
El caso Koldo, y la derrota del PSOE en las elecciones de Galicia el pasado 18 de febrero, que resultó en la mayoría absoluta obtenida por Alfonso Rueda del PP, parecieran iniciar la debacle de la popularidad de Pedro Sánchez y el PSOE, según una encuesta realizada por Hamalgama Métrica para el diario Vozpópuli y publicada el lunes 26 de febrero.
Según el sondeo, si las elecciones se celebraran en la actualidad, Feijóo lograría una cifra superior a los 9,6 millones de votos, mientras que la coalición gobernante apenas alcanzaría los 135 escaños en el parlamento, registrando una pérdida de más de 1,3 millones de votos entre el PSOE y la alianza Sumar en comparación con los resultados del 23 de junio.
Sánchez y el PSOE están en uno de sus momentos más críticos en cuanto a credibilidad. Su fracaso electoral le llevó a una alianza existencial con partidos independentistas en la que otorga concesiones a los separatistas para mantener la presidencia. Ahora se suma este caso, una causa judicial que podría erosionar aún más su imagen frente al pueblo español, y frente a la Comisión Europea, la cual ha confirmado que existe una investigación en curso por la Ley de Amnistía que se tramita en España.
