Este jueves 26 de diciembre, durante la transmisión de uno de sus programas televisivos, el mandatario Nicolás Maduro hizo un nuevo llamado para solicitar a España la extradición de la diputada de 2015 Dinorah Figuera, presidenta actual del Parlamento opositor que se ha declarado en funciones extendidas.
¿Prosperará esta nueva petición? ¿Qué implicaciones políticas tendrá de cara al 10 de enero próximo? ¿Qué hay detrás de esto? Veamos estas claves:
En octubre de 2023, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó solicitar la extradición a España de Dinorah Figuera, además de otras figuras de la oposición, luego que en enero de ese año se les dictara órdenes de arresto, poco después de que se juramentaran como parte de la directiva de la AN de 2015, una vez Juan Guaidó entregó el cargo.
Figuera, junto a las otras directivas de este Parlamento opositor, Auristela Vásquez y Marianela Fernández ,fueron acusadas de los presuntos delitos de «usurpación de funciones, traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales», bajo el alegato de que utilizarían el reconocimiento de Estados Unidos para «robar» activos de Venezuela en el exterior.
Qué pidieron el TSJ y el gobierno de Maduro
En esa misma fecha, el TSJ solicitó a España la extradición del exalcalde venezolano Antonio Ledezma, a quien acusaron de conspiración, siendo esta la segunda vez que el Gobierno de Maduro hacía la petición (la primera fue en 2017).
Esta petición fue rechazada por la Audiencia Nacional española al desconfiar del trato que recibirán si son entregados. Según Amnistía Internacional, extraditar estos ciudadanos a Venezuela «podría ponerles en riesgo de ser víctimas de violaciones a derechos humanos».
Según el ordenamiento jurídico internacional, aprobado por Naciones Unidas, la extradición es el procedimiento por el cual una persona acusada o condenada por un
delito, conforme a la ley de un Estado, es detenida en otro y devuelta para ser enjuiciada o que cumpla la pena ya impuesta.
Si bien existe una cooperación internacional muy activa para la represión de los delitos, continúa existiendo la regla de que un Estado está obligado a conceder la extradición de un delincuente extranjero, solamente si existe tratado internacional con el Estado que requiere la extradición. Cuando no hay tratado, el Estado requerido está facultado para acordar la extradición, pero no está obligado a concederla.
Sobre las diputadas, en este caso Dinorah Figuera, no ha habido juicio o sentencia alguna. Solo hay imputación por parte de la Fiscalía y la orden de extradición del TSJ. La semana pasada, la Asamblea Nacional de 2020, de mayoría chavista, anunció que solicitará al MP aplicar la nueva Ley Simón Bolívar.
España no ha recibido solicitud de extradición de Figuera
Pero hasta el momento, España no ha recibido la solicitud, ni la de 2023 ni la de este jueves, para detener a Figuera y Vásquez, quienes se encuentra en ese país, reportó la agencia Europa Press.
“Por el momento no se ha recibido ninguna solicitud de detención por parte de las autoridades venezolanas”, señala una carta del gobierno enviada a parlamentarios españoles citada por la agencia de noticias.
La extradición no procede para delitos políticos. Muchos países no conceden la extradición por delitos de carácter político, como traición, sedición o espionaje.
La Constitución española establece que las extradiciones no proceden cuando «no existan garantías de que el Estado requirente no va a ejecutar a la persona extraditada o no va a someterla a tratos degradantes, inhumanos o a penas que atenten contra su integridad corporal».
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