Ellos son pacientes de alto riesgo. Pero no son tomados en cuenta como prioridad para incluirlos en los planes de vacunación contra la COVID-19. Se trata de los pacientes con VIH, quienes ya tienen una lista de 19 fallecidos en el país.
Es un número que preocupa porque podría incrementarse. El presidente de la fundación Manos Amigas por la Vida (Mavid) en Carabobo, Eduardo Franco, alerto que solo en 2021 se han reportado 520 personas con sintomatología de coronavirus, de las 373 no se han podido diagnosticar al no tener acceso a las pruebas.
Del total, solo 136 lograron realizarse la PCR para confirmar la enfermedad, 140 están recuperados y hay 29 que tienen otras patologías que agudizan aún más su situación.
En Carabobo, este año han fallecido dos pacientes con VHI por complicaciones asociadas a la COVID-19, quienes tenían también tuberculosis.
“Nos preocupa mucho esto porque en Venezuela hay quienes han recibido la primera fase del tratamiento para tuberculosis y, aunque a través del Fondo Global logramos la donación de los medicamentos para la segunda fase, están en los almacenes del Ministerio de Salud sin ser distribuidos, y eso causa la pérdida recursos, del trabajo de los médicos, mientras que los pacientes con VIH que no se tratan la tuberculosis pueden morir”.
Discriminación total
Ellos se sienten discriminados. No los toman en cuenta para el plan de vacunación contra la COVID-19. “Lo más grave es que el gobierno no ha presentado un plan para pacientes de alto riesgo como los que tienen cáncer, los que dializan, los trasplantados y las personas con VIH, no son prioridad”.
Tampoco lo son el personal de la salud que atienden a estos pacientes y las consecuencias ya son evidentes. Varias farmacias en las que entregan los antiretrovirales están cerradas porque quienes atienen en esos lugares tienen coronavirus.
Mientras tanto, a ocho de cada 10 embarazadas con VIH las obligan a parir, cuando la indicación es que sus hijos deben nacer por cesárea para evitar el contagio, “y en el hospital central de Valencia le niegan cirugía comunes a quienes tienen VIH por discriminación, como a una mujer que tiene un año esperando una operación por fractura de fémur”.
Son las ONG y fundaciones las que se encargan de gestionar los tratamientos y hasta las pocas fórmulas lácteas que pueden suministrar a los hijos de mujeres con VIH. “El gobierno sigue sin comprar lo que se requiere para esta población. Es gracias a las donaciones que hemos podidos salvar a más de 50 mil personas en Venezuela”.
Pero durante la cuarentena han tenido otras dificultades que sortear. Hacer la distribución de los medicamentos se ha vuelto cuesta arriba porque hay ocasiones en las que nos les permiten la circulación entre municipios y la ZODI no les da salvoconducto.
“Estamos haciendo presión por una donación de carga viral que conseguimos para 33 mil personas a través del Fondo Global y esos reactivos se vencen el 30 de este mes, se requiere que las personas se vayan a hacer su carga viral en los diferentes centros y ha sido muy difícil pasar de municipio a municipio por las restricciones de la pandemia, tememos que se pierdan esas pruebas que cuestan 100 dólares y la mayoría no cuenta con esos recursos”.
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