En rueda de prensa internacional, el pasado 30 de noviembre, Nicolás Maduro condicionó la realización de unas elecciones libres, democráticas –como las elecciones presidenciales previstas para el año 2023- al levantamiento de las sanciones internacionales impuestas contra la dictadura imperante en nuestro país, en los siguientes términos: “…Vamos a dialogar porque nosotros queremos unas elecciones libres en Venezuela. Libres de sanciones, de medidas coercitivas unilaterales. O hay elecciones libres de sanciones o hay elecciones libres de sanciones. Ahí está el dilema. ¿Elecciones libres, justas y transparentes quieren? Elecciones libres de sanciones, de medidas coercitivas unilaterales, que las quiten todas, que se las lleven todas, para ir a unas elecciones frescas, bonitas, buenas, en el momento que la Constitución y el CNE como órgano rector lo determinen”. Es decir, el cerrado dilema de que “hay elecciones libres de sanciones o hay elecciones libres de sanciones”, se traduce en que si no se quitan las sanciones internacionales no habrá elecciones, ni libres ni las fraudulentas que con tanta frecuencia han estado poniendo en práctica.
Ahora bien, la Constitución Nacional vigente, aprobada en 1999 bajo el chavismo, no subordina el ejercicio del sufragio al resultado de que se mantengan o no decisiones tomadas por países de la comunidad internacional con respecto a la dictadura que nos oprime, al disponer en su artículo 63 que “el sufragio es un derecho” y que “se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas”. El editorial de El Nacional del día 4 de este mes, titulado “El Poder Electoral soy yo”, con certeza dice que la declaración de Maduro “constituye una clara confesión de que la posibilidad de unas elecciones libres depende de su exclusiva voluntad…tiene la idea de identificar al Poder Electoral con su persona y de ahí imponer su voluntad a todos, lo que incluye a la comunidad internacional”. Es él, y no el CNE, el que decide las condiciones electorales.
El objetivo es evidente: permanecer en el poder, a como dé lugar. Lo han revelado los más altos voceros de la dictadura cuando afirman que “sea como sea” o “por las buenas o por las malas” no van a dejar el Palacio de Miraflores. Por las “buenas” saben que tendrían que irse, y, por eso, es que ya van para 24 años, acercándose a la prolongada tiranía de Juan Vicente Gómez; y por las “malas” es que siguen teniendo la sartén por el mango. A propósito de la reanudación del diálogo en México entre representantes de los usurpadores y representantes de la oposición democrática, el escritor y profesor de Derecho Internacional, Adolfo P. Salgueiro, expresó en un reciente artículo que “cuando sea la hora de discutir lo que era, es y será el meollo de la cuestión: elecciones con condiciones justas, competitivas y verificables, allí se trancará el serrucho con la negativa de los usurpadores a permitir nada que les ponga en duda la continuación de su monopolio del poder”.
No es de extrañar que en el “Índice del Estado de Derecho” (Rule of Law Index) que la ONG privada World Justice Project (WJP) elabora cada año, en el correspondiente a 2022 fueron analizados 140 países, y Venezuela aparece en el último lugar (140), por debajo de Haití, R. D. Congo, Afganistán y Cambodia; y también aparece entre los más desfavorecidos en corrupción, en apertura gubernamental, en los derechos fundamentales, en falta de garantía de orden y seguridad, y en la calidad de la justicia civil.
El poder usurpado tendrá que rendir cuentas.
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