La gestión del actual defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, a diferencia de sus antecesores en el cargo, Tarek William Saab y Gabriela Ramírez, entre otros, ha tenido una característica muy marcada y son sus escasas apariciones públicas y su silencio. Especialmente frente a incesantes denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela y reclamos por fallas en servicios públicos, algo que condenan activistas y ONG en el país.
Ruiz, al igual que Saab, fue designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el 21 de noviembre de 2018 en el cargo, nombramiento considerado inconstitucional por juristas venezolanos por ser competencia de la Asamblea Nacional (AN), para entonces de mayoría opositora.
“Gestión opaca”
“Fue una gestión totalmente opaca. Reinó la opacidad en cuanto a la función que la Constitución, en su artículo 281, le concede, porque él es uno de los garantes de los derechos humanos, de los servicios. Lo único que podemos decir que hizo fue asistir a los actos de gobierno del Poder Moral, así como publicar en las redes sociales, sobre todo en X, pero gestión como tal en materia de lo que le atribuye la Constitución, ninguna”, señaló el abogado penalista Joel García.
En declaraciones a Efecto Cocuyo, el defensor de presos políticos aseguró que de hacerse una encuesta nacional para preguntarle a la gente cómo se llama el defensor del Pueblo, 90% respondería que no sabe.
“Esto lo que nos indica es que su actuación fue totalmente gris; es decir, estuvo en un cargo que nunca ejerció. Esa es la apreciación que puedo dar. Ojalá que el que venga sea institucional y no sea más un apéndice del Poder Ejecutivo”, acotó el abogado sobre el proceso iniciado en la AN de 2020.
De postularse para repetir en el cargo ante el comité designado por la AN y que preside el diputado y militar, Giuseppe Alessandrello, el 5 de noviembre es que se sabrá si será sustituido en el cargo o ratificado por la plenaria de diputados, la mayoría del chavismo.
“El peor desempeño”
El artículo 4 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo señala como objetivos de ese despacho, la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos, de los derechos, garantías e intereses de todas las personas en relación con los servicios administrativos prestados por el sector público, los derechos, garantías e intereses de todas las personas en relación con los servicios públicos, sea que fueren prestados por personas jurídicas públicas o privadas.
Funciones que, según defensores de derechos humanos, ha incumplido Ruiz, además de carecer de la independencia que le ordena el artículo 18 de la normativa y que lo convierten en no apto para desempeñar el cargo.
“Consideramos que el peor desempeño (en el Poder Ciudadano) lo tiene el defensor del pueblo del que nada se sabe, especialmente por tratarse de una época de represión en Venezuela. No ha actuado ante denuncias de torturas, desapariciones forzadas ni detenciones arbitrarias, para lo cual tiene un mandato especial de proteger a los ciudadanos”, expresó el codirector de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, a Efecto Cocuyo, el domingo 13 de octubre.
Oídos sordos
Escasas han sido las apariciones públicas y los pronunciamientos de Ruiz desde que fuera designado por la ANC. En uno de los más recientes respaldó la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que avaló el triunfo atribuido por el Poder Electoral a Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio, pese a que no se mostraron las actas de escrutinio.
“No sólo ratifica (la sentencia) todo lo que determinó el Poder Electoral, un poder independiente, sino que ante esa situación que pudiera generar algún tipo de duda, pues resolvió cualquier duda porque esa es la función fundamental de la Sala Electoral”, expresó el defensor del Pueblo tras conocer el fallo.
Nada ha dicho Ruiz de las casi 2.000 detenciones, especialmente de adolescentes, registradas por ONG como Foro Penal, producto de las protestas por los resultados electorales anunciados. Entre los apresados hay 70 adolescentes, cuyos familiares han denunciado que están recluidos en cárceles para adultos como Tocorón y que no se ha respetado la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en sus casos.
Incesantes han sido los llamados de familiares, abogados y ONG para que la Defensoría se aboque a asistir a los apresados, quienes, según denuncian, han sido sometidos a violaciones del debido proceso como la negativa a tener acceso a la defensa privada y coacción para declararse culpable, además de torturas.
La respuesta a esta actitud pudiera encontrarse en una entrevista en diciembre de 2021, con el periodista Michel Caballero, en la que desestimó la denominación de presos políticos porque a su juicio no existe como figura legal.
“Lo que hay son personas que tienen trabajo político y que están presos por algún tipo de delitos vinculados o a delitos comunes o con motivaciones políticas como rebelión, insurrección, violencia o el ataque al centinela”, dijo.
Abogados y defensores de DDHH como Tamara Suju y el exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, señalan a Ruiz de ser parte de la estructura represiva del gobierno de Maduro por “callar” ante la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
Debe investigar
Recientemente, la coordinadora de Alerta Venezuela DDHH, Ligia Bolívar, también tuvo palabras para referirse al desempeño de la Defensoría del Pueblo con Ruiz al frente, en el contexto de las detenciones de personas por protestar contra los resultados electorales del 28 de julio y advirtió que “está jugando un papelón”.
“Puede comenzar por escuchar a las víctimas, muchas personas afirman que no se está respetando la defensa, entonces, este organismo debería investigar, comunicar y advertir (…) Su papel es defender al pueblo y no lo hace, está del lado del represor. Debería conocer los casos de oficio, hacer llamados a las autoridades e incluso levantar la voz en organismos internacionales”, declaró al medio Runrunes el 10 de octubre.
El miembro de la ONG Provea, Marino Alvarado, recordó que el artículo 15 de la Ley de la Defensoría, al definir sus competencias, estipula en los numerales 5 y 6 que debe: “Velar por los derechos y garantías de las personas que por cualquier causa hubieren sido privadas de libertad, recluidas, internadas, detenidas o que de alguna manera tengan limitada su libertad” y “visitar e inspeccionar libremente las dependencias y establecimientos de los órganos del Estado, así como cualquiera otra institución o empresa en la que se realicen actividades relacionadas con el ámbito de su competencia, a fin de garantizar la protección de los derechos humanos”.
Ruiz también ha sido señalado de hacer oídos sordos a los reclamos ciudadanos por la crisis de los servicios públicos y reclamos por reivindicaciones salariales.
Sancionado por Canadá
Vale acotar que el 15 de abril de 2019 Ruiz fue sancionado por el gobierno de Canadá, junto a otros 42 funcionarios del gobierno de Maduro, por estar “directamente implicados en actividades que socavan las instituciones democráticas”.
Según la convocatoria del Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano, en atención al artículo 280 constitucional y artículos 19 al 21 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, quien aspire a ser defensor del Pueblo debe contar “con manifiesta y demostrada competencia en materia de derechos humanos y cumplir con las exigencias de honorabilidad, ética y moral que establezca la ley”.
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