La libertad de expresión es una de las conquistas más preciadas por el género humano, siendo en igual término una de las más vilipendiadas cuando se trata de gobiernos autoritarios, quienes en sus diferentes categorías les identifica un objetivo común, silenciar al extremo la divergencia y por otra pretender imponer su mentira sobre la problemática nacional o global en función de mantener el poder.
No por casualidad al revisar la galería de tiranos que apoyan al régimen venezolano, Wladimir Putin, Diaz Canel, Daniel Ortega, Al Rojani, Bazar Al Asad, Xi Jinping, su política en la materia es perseguir en forma implacable a los medios de comunicación, imputarle penas en procesos sumarios acusándoles de traición a la patria, imponiendo la autocensura como chantaje para mantener abiertas sus respectivas señales o publicaciones de prensa.
Por tanto, en nuestro país no es de extrañar la reciente suspensión de más de 80 emisoras de radio en el territorio nacional, condenadas al cierre por el comisario político gubernamental CONATEL, como ha sido la clausura durante el siglo XXI de centenares de medios de comunicación, televisoras, páginas web, prensa escrita y radiales, siendo los más emblemáticos los casos de RCTV, El Nacional, la Patilla, entre tantos casos que han terminado en la expropiación de equipos, sedes y la persecución policial de sus propietarios.
Con todo y esa brutal ofensiva del régimen los medios continúan su presencia cumpliendo con su función de informar sobre la cruenta realidad sufrida por la población, ya que para Maduro y su corte de esbirros, lo ideal es que suceda en Venezuela, como en la Cuba castrista, la existencia de un solo periódico el Granma, órgano oficial del Comité Central del PCC y el periódico Juventud Rebelde.
Es evidente la práctica de la tiranía de implantar las prácticas de Pedro Estrada durante la dictadura Perejimenista, quien aprobaba previamente la línea editorial y los titulares desde Miraflores, como condición obligatoria para poder circular al día siguiente. Es oportuno afirmar que algunos medios escritos, televisivos y radiofónicos se comportan como marionetas, al convertirse en pasquines de las arbitrariedades del régimen, desinformando a la población sobre las atrocidades que cometen los entes del estado contra la protesta popular y multiplicando en alabanzas a una gestión catastrófica.
Eso en realidad es lo que teme el régimen madurista, que no se reconozca la protesta social y laboral acumulada desde el año 2013, donde los conflictos laborales constituyen el principal detonante de la inconformidad de la población contra la peor gestión de nuestra historia republicana, creyendo que persiguiendo a los medios podrá mantener en la oscuridad a los habitantes de un país, quienes saben de sobra el culpable de la cruenta situación.
Se debe recalcar que el encono dictatorial contra la libre información se debe al debilitamiento de una oposición, que no ha estado a la altura de sus responsabilidades, luciendo a los ojos del público como colaboracionista e incapaz de conducir la protesta contra el régimen criminal. Esta situación ha determinado que los medios y las ONG hoy vilmente perseguidas sean percibidos por la opinión pública como el espacio oportuno de informarse de los sucesos diarios que estremecen nuestra sociedad.
Esta criminal política de la tiranía contra los medios desatada durante el presente siglo se ha llevado por delante a decenas de miles de empleos, conducta característica de gobiernos a quienes les importa un bledo se pierdan puestos de trabajo dignos, en función de sus objetivos de someter bajo el yugo autoritario a la población.
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