La misión de la Corte Penal Internacional, CPI, es categórica en las investigaciones que realiza. Sobre todo, al esculcar situaciones caracterizadas por delitos que atentan contra los derechos fundamentales del hombre. Valiéndose de tramas organizadas con base en argumentos arreglados.
Así que en concordancia con los preceptos señalados por el Estatuto de Roma, el propósito que justifica las labores de la CPI, tribunal situado en La Haya, Holanda, es indagar realidades señaladas de violentar derechos humanos. Y desde luego, transgresiones cometidas contra el Derecho Internacional Humanitario.
Tan particular tribunal dada su vocación universal, de alcance complementario para actuar a lo interno de jurisdicciones nacionales, está preparado para juzgar a presuntos profanadores de derechos humanos e infractores al referido Derecho Internacional Humanitario. Toda vez que los violadores de tan fundamentales libertades y derechos, son percibidos como presuntos responsables de cometer gruesos crímenes contra la humanidad.
Estos crímenes de pervertida saña que inquietan profundamente a la comunidad internacional, son: el genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y los denominados crímenes de agresión. Tan cuestionadas realidades, llevan a la CPI a sondear el comportamiento expuesto por gobernantes de países ubicados a lo ancho del globo terráqueo, países cuyas realidades se han visto convulsionadas por violaciones de índole humanitaria.
¿Dónde está Venezuela?
Venezuela no escapa del cerco de prevención y vigilancia cuyas funciones regulan el funcionamiento de la CPI. Particularmente, por el hecho de ser Venezuela país-miembro del Estatuto de Roma. Por dicha razón, la CPI tiene válidas facultades para velar por la preservación de los derechos humanos y libertades de la población de los países-miembros.
Posterior a hechos de violencia que marcaron sucesivos momentos de crisis en Venezuela entre 2014 y 2018, importantes organizaciones no gubernamentales, entre las cuales se cuenta DEFIENDE VENEZUELA, hicieron saber al mundo del barbarismo cometido durante esos años en los que un grueso de la población venezolana se dispuso a protestar los profundos abusos gubernamentales cometidos. Es el inicio de la crisis humanitaria que movilizó a la CPI a tomar cartas en el asunto. Lo asumió, con base en lo que la legislación establecida por el Estatuto de Roma permite.
A decir por lo que el país político y social vivió durante tan extremadas formas de reprimir protestas, ordenadas por la cúpula del régimen político nacional, protestas incluso amparadas por el ordenamiento jurídico venezolano, motivó el reproche de comunidades internacionales enteras.
Las violaciones a derechos y libertades ocurridas en Venezuela, fue la causal de tan convulsionadas situaciones. Su peso sociopolítico o inminentes efectos, rebasaron la tolerancia de distintos gobiernos de la urbe democrática internacional. De manera que al lado de la información recabada por numerosas organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos, es el caso reconocido de DEFIENDE VENEZUELA, se sumaron importantes argumentos que incitaron el visto bueno de la CPI para actuar en consonancia con lo que el Estatuto de Roma establece en dichos casos.
Sin tiempo para más disimulos
Ya Venezuela, no puede más. El tiempo parece haber finalizado para un indolente y desaforado régimen político, que ha venido actuando con base en encubrimientos dirigidos a torcer la verdad. Especialmente, de cuanta violación de libertades y derechos humanos ha sucedido en Venezuela.
Aunque la historia de tanta violencia, podría revelar graves hechos. Más, de atenerse a que ha venido siendo compulsiva y reiterativa desde el amanecer del siglo XXI. Precisamente, con el arribo del régimen socialista. Más aún, desde 2012 o un tanto más luego.
La visita a Venezuela del Fiscal de la CPI, Karim Khan, en noviembre de 2021, fue decisiva para enfatizar averiguaciones que para entonces ya se habían iniciado. Fue momento insuficientemente aprovechado por el régimen venezolano. A pesar de haber seguido un protocolo cuya logística mostró un equilibrio diplomático contundente.
No obstante, el régimen obvió progresivamente el seguimiento pautado según acuerdo firmado entre la CPI y el Ejecutivo Nacional venezolano. El tiempo fue inexorable en perjuicio del régimen, pues fue desconociendo el carácter del compromiso establecido.
Aunque es imposible negar que la represión se ha mantenido. De hecho cabe inferir que sólo varió de forma. Se aplicó, pero solapadamente por organismos de seguridad del Estado venezolano a los cuales le cambiaron su denominación. Pero en el fondo, seguían siendo los mismos. Las mismas prácticas de tortura, con los mismos torturadores y esbirros.
El régimen socialista venezolano cambió de táctica. Incluso de estrategia. Pero no quiere dejar el uso de la represión como medida de control, intervención y de acatamiento. Contrario a lo que en principio pudo creerse, el número de presos políticos se ha incrementado, posteriormente. Los crímenes variaron en cuanto al modo de ejecución practicado. Las intimidaciones no dejaron de sucederse.
Crisis humanitaria disfrazada
Acá podría inferirse que poco o nada, el régimen venezolano ha coadyuvado en reparar los perjuicios infringidos contra derechos humanos fundamentales y libertades primordiales. Es decir, la crisis humanitaria venezolana sigue mostrando su perversidad. Peor aún, en los últimos tiempos, el régimen pareciera haber adoptado una actitud de testarudez animada por deplorables influencias ante cuyos oscuros intereses, luce sometido y servil. Una conducta de impunidad, parece haber corrompido lo que en otrora fue el discurso que incitó ruidosas promesas políticas.
Las variaciones recientemente efectuadas por el régimen en su plataforma legislativa, a instancia de requerimientos políticos que justifican la creación de un Estado pérfidamente radical, dan cuenta de la negativa asumida de cara a las necesidades de corregir los ultrajes perpetrados de libertades y derechos de los venezolanos.
Eso significa que el régimen socialista ha considerado en “no bajar la cerviz”. Que “no se rendirá”, “no dará su brazo a torcer” o “no será capaz de inculparse” de la situación de crímenes en que ha incurrido hacia opositores políticos, activistas de derechos humanos y otras víctimas calificadas de “enemigos de la revolución”.
No obstante, la CPI, ha enfocado su investigación sobre la posibilidad jurídica cierta de deshacer la pantomima legislativa del régimen. Sólo así podrá llegar al meollo del problema que es la cadena de mando político-militar. Sobre ella, debe recaer la culpa de tan horrible crisis de violencia ordenada por funcionarios-perpetradores de nivel jerárquico alto y medio. Además, desvergonzadamente guarecidos en cargos de línea en la administración del Estado venezolano. Pero a pesar de que el régimen opresor esquive la justicia con amaños disfrazados de supuesta legalidad, no cabe duda de que pronto deberá llegar el momento de la verdad.
https://www.analitica.com/opinion/el-momento-de-la-verdad/
