Renuevo algunos conceptos para protestar el asedio a la Embajada de Argentina en Caracas. Un bárbaro atropello a la Norma Jurídica Internacional, a los Compromisos reguladores del Asilo, de las Relaciones Internacionales y de los Derechos Humanos. Es así como bajo la sombra cínica del Gobierno Castro-Chavista, convertido en un aparato de disparates y monstruosidades, debo referirme a dos institutos tendentes a la protección y defensa de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano.
Los dislates son varios: Aún vivos los recuerdos del retiro solicitado a la representante de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brilhante Pedrosa; de la resonante negativa a la visita a la frontera colombiana de la Ministro de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, con el objeto de constatar in situ la terrible desgracia de la migración forzosa de centenares de miles de venezolanos. Por último, la absurda convocatoria de elecciones para Alcaldes y Gobernadores de Jorge Rodríguez, quien finge, con desfachatez, el ejercicio de la presidencia de una Asamblea Constituyente, inexistente desde la perspectiva jurídica.
Esta situación merece el más enfático rechazo y no reconocimiento de las Organizaciones Internacionales, principalmente la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, así como de Estados como España, Reino Unido, Francia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Alemania, Austria, Chequia, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Colombia, que adhieren con profunda convicción al ideal democrático, es decir, la Democracia Representativa, considerada el “menos malo de los sistemas políticos”, según Albert Camus y Sir Winston Churchill.
Aunque es agotador y fatigante esgrimir, ahora, la extinción del Estado de Derecho en Venezuela o el incompasivo ataque al espíritu nacional, lo hago a fin de condenar el palabrerío fantasmagórico de la dictadura, justo en la antesala de referirme al Asilo y la Extradición, verdaderos escudos defensivos de la vida y la libertad amenazadas.
El Asilo, de largo recorrido, distingue entre territorial y diplomático. En la baja Edad Media, concebido esencialmente como una providencia religiosa y no jurídica, era dispensada la protección en las iglesias o centros de culto, siendo la semilla del asilo diplomático o político, como también se lo llama. Un ejemplo reciente es el caso de nuestro compatriota y líder político, Leopoldo López Mendoza, que en su escape llegó a la residencia del embajador español en Caracas, donde permaneció como “huésped” algunos meses.
Sin embargo, en la indetenible diáspora, predomina el asilo territorial, protagonizado por un grupo de paisanos que huye de su país e ingresa a otro para eludir la persecución política o ideológica. Esta modalidad se aproxima a la figura del Refugio, con tradición en Estados Unidos y Europa, donde el país receptor califica al desplazado como refugiado, expuesto a graves dificultades económicas.
En contraste, el asilo diplomático es una institución jurídica latinoamericana, consagrada por instrumentos vinculantes como la Declaración Americana de los Derechos Humanos de 1948 o el Pacto de San José de Costa Rica de 1969. Ejemplo emblemático es el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre, quien permaneció 5 años, 3 meses y 3 días en la Embajada de Colombia en Perú. Este caso llegó a la Corte Internacional de Justicia, cuya sentencia de 1950 sacralizó el asilo en el Derecho Internacional Americano.
La extradición, por otro lado, es esencialmente una acción judicial. Busca someter a la justicia del país extraditante a quienes intentan escapar de ella. Es conditio sine qua non que se trate de un delito común perseguible tanto en el país solicitante como en el receptor. A diferencia del asilo, el otorgamiento de la extradición no es una facultad discrecional del Gobierno, sino una potestad de la Jurisdicción, es decir, de los tribunales del país que la evalúa.
Resuena por todas partes la detención de Alex Saab en Cabo Verde, África occidental, el 12 de junio de 2020, a través de Interpol, por supuesto blanqueo de dinero a petición de Estados Unidos. Este crimen internacional exige castigo, siendo una obligación de toda la comunidad internacional. Saab, testaferro con nacionalidad venezolana otorgada por Nicolás Maduro, es acusado de suministrar con sobreprecio alimentos para programas de ayuda al régimen Castro-Chavista. Irónicamente, el 18 de octubre de 2024, fue designado Ministro de Industria del gobierno de Maduro.
No hay paz con la miseria, reza el proverbio popular.
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Autor: Jesús Eduardo Troconis [Abogado especialista en Derecho Internacional Público, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid] Imagen cortesía de pixabay.com
