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Ayer, 105 congresistas decidieron vacar a Martín Vizcarra. Lo hicieron en uno de los momentos más críticos de nuestra historia republicana, con una pandemia que ha dejado más de 34.000 muertos (y casi un millón de contagiados) por todo el país y que ha provocado una crisis económica cuyos efectos todavía no se han mostrado con toda su ferocidad. Lo hicieron, además, cuando faltan apenas cinco meses para las elecciones generales. Pero lo hicieron, sobre todo, sin contestar la única pregunta que debían contestar: ¿cómo así una investigación en curso puede ‘probar’ una incapacidad moral permanente?

Y es que, en efecto, si algo debían discutir los parlamentarios ayer era si lo que se ha conocido en las últimas semanas sobre el mandatario lo ‘incapacitaba moralmente’ para continuar en el cargo. Los hechos, como sabemos, son ciertamente alarmantes: aspirantes a colaboradores eficaces que le han contado a la fiscalía sobre sobornos que el señor Vizcarra habría recibido de parte de empresas vinculadas al ‘club de la construcción’ por dos proyectos adjudicados cuando el presidente se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua, entre el 2011 y el 2014.

Lo anterior, sin embargo, es todavía materia de una investigación fiscal (investigación que, por lo demás, no tenía por qué detenerse mientras el señor Vizcarra continuase en el cargo ni cerraba la posibilidad de que se lo acusara formalmente a partir del 29 de julio del 2021). En consecuencia, vacarlo alegando una situación de incapacidad moral permanente sobre la base de una indagación en desarrollo solo confirma que a los legisladores no les interesó nunca la solvencia moral del presidente.

Horas después de la vergonzosa votación en el hemiciclo, el presidente anunció en un mensaje que no recusaría la decisión del Congreso. De esta manera, parece inevitable que esta mañana el titular del Congreso, Manuel Merino, asuma como presidente de transición. Un mandato que, además de la forma deshonrosa en la que se ha conseguido, podría hundir aún más al Perú.

Primero que todo, es importante que el señor Merino entienda que su misión es conducir al país, sin más turbulencias, hasta la jornada electoral del 11 de abril. Ni la pandemia, ni la tensión social, ni nada deben servir como añagaza para aplazar unas elecciones ya convocadas. El Perú entero estará atento para evitar que, usando cualquier ardid o artimaña, se busque manipular el calendario electoral. Es la voluntad popular la que debe resolver esta crisis.

Lo segundo, y en línea con lo anterior, es que el señor Merino debe saber que su encargo lo faculta para velar por el bienestar de la nación; no para hacerlo o deshacerlo a su antojo. Vale la pena subrayar esto considerando que él ha sido durante diez meses la cabeza de un Parlamento que ha empujado leyes, en muchos casos, sin ningún sustento técnico y, en otros, abiertamente inconstitucionales. Una primera señal será el Gabinete Ministerial que constituirá. Uno que, esperamos, se confeccione teniendo en mente lo mejor para el país y no buscando algún modo de compensar a los partidos políticos que ayer apoyaron la destitución del señor Vizcarra y, con ella, su asunción a la jefatura del Estado.

Lo tercero es que el señor Merino no es un embajador del Congreso. Debe, en consecuencia, mantener un respeto irrestricto a la separación de poderes y no fungir como una extensión del Legislativo en Palacio de Gobierno.

Por último, es triste que estemos terminando un quinquenio sin ninguno de los protagonistas (tanto en el Ejecutivo como en el Congreso) que lo inauguraron a mediados del 2016. El daño que la clase política le ha infligido al país en estos cinco largos años debe servirnos para recordar lo crucial que resulta votar bien. El país no se merece otro quinquenio como el que estamos cerrando.


Este artículo se publicó originalmente en El Comercio el 10 de noviembre de 2020

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