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El portal Diario Las Américas informa que, en 2011 los pemones desarmaron a 22 efectivos de la FAN en Musukpa, Alto Paragua. En 2013 desarmaron a otros 43 en Urman. El activador es el control de las actividades mineras.

En diciembre de 2018 mataron a Charly Peñaloza de 21 años y su hermano fue herido tras la incursión de 14 militares armados en la comunidad Arekuna en Canaima, Bolívar. Los indígenas acusaron a DGCIM de asesinato y agresión contra decenas de miembros de la etnia. Al campamento lanzaron bombas lacrimógenas, usaron armas de gran potencia y tres helicópteros. La población protestó.

Entre el 22 y el 25 de febrero de 2019 fue la masacre de Kumarakapay. La operación inicial buscaba arrebatar el control a los indígenas de las actividades económicas con las cuales se sostenían. Incluso, expulsaron a los que trabajaban en las minas. Los pemones se habían manifestado a favor del ingreso de ayuda humanitaria desde Brasil. Ya Juan Guaidó era el presidente interino. El Ejército mató primero a 4 indígenas e hirió a 15. En un segundo ataque al día siguiente, asesinó a 4 más, dejando más de 50 heridos de bala. Casi mil indígenas huyeron a Boa Vista, Brasil.

La estrategia del régimen contra la etnia pemón, calculada en 30 mil indígenas en el país, ha sido la de aplastarlos con acciones violentas, descreditándolos, acusándolos de secesionistas y conspiradores, pervirtiéndolos al incentivar la codicia por el oro, anulándolos al sustituir sus actividades orgánicas y espirituales por el dinero, violentando sexualmente a sus mujeres, humillando a los ancianos, guardianes de la cultura ancestral, apresando y torturando a los rebeldes hasta llevarlos a la muerte.

Eso hicieron con Salvador Franco. El régimen dirigió su muerte. Salvador vivía en Kumaracapay, en El Roraima, una comunidad de unos 1.500 habitantes que al abrir sus ojos ven el alucinante paisaje de los Tepui. Tenía 44 años, era guía turística, agricultor y artesano. Falleció en la cárcel del Rodeo II. El Foro Penal, ONG que defiende con denuedo a los presos políticos, venía alertando del peligro. Salvador había sido torturado. La autopsia precisó: edema cerebral, shock séptico, tuberculosis, desnutrición. Desde el mismo día de su detención comenzó su calvario: estuvo 56 días desaparecido. “Solo después de ese tiempo le permitieron hacer una llamada a sus familiares” precisa Estefanía Migliorini, abogada del Foro Penal.

Salvador había sido apresado junto a 12 compañeros a finales de diciembre de 2019. Se sabe que, a él y otros 12 pemones, les colocaron bolsas plásticas en la cabeza con insecticida, les arrancaron dientes, las uñas de los pies, fracturaron sus costillas a punta de batazos.

Los 13 pemones fueron detenidos por una acción denominada Operación Aurora. Cuando los apresaron iban a una fiesta a celebrar la elección del nuevo cacique de la comunidad. Los acusan de terrorismo, asociación para delinquir, conspiración y sustracción de armas de guerra.

La Comunidad Kumarakapay está a más de 1.200 kilómetros de Caracas. Dos días de viaje recorren los familiares para ver en prisión a sus seres queridos. Tienen que hacerlo. Es urgente llevarles algo de comer. El menú en prisión es: una cucharada de arroz con unos pocos granos de caraota para el desayuno y en el almuerzo lo mismo, pero en modo asopado.

La salud de Salvador comenzó a deteriorarse sin que alguna autoridad se apiadara. Finalmente lo hizo un juez quien en noviembre dio la orden de que fuese trasladado a un centro asistencial. La orden no fue atendida y Salvador falleció.

La élite del régimen afianza el control de las minas y la comercialización de oro como parte de su patrimonio. Por eso, Salvador y muchos otros, están muertos. «https://www.diariolasamericas.com/» – Google Noticias

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