Entre múltiples propuestas, ante la comisión de diálogo que desde la Asamblea Nacional (AN) de 2020 trabaja en las reformas a las leyes electorales, se vuelve a plantear la necesidad de que se superen los obstáculos que han encontrado los jóvenes para inscribirse en el Registro Electoral dentro y fuera del país y quienes desean actualizar sus datos, los cuales han sido más que evidentes en los últimos procesos comiciales en Venezuela.
Se desconoce cuáles cambios dejará pasar la mayoría del chavismo en el Parlamento que preside Jorge Rodríguez, de cara a las elecciones regionales y parlamentarias de 2025, pero la incertidumbre ni el contexto post 28 de julio han sido motivos para que las reformas al sistema electoral que se consideran urgentes dejen de tocar a las puertas de quienes tienen en su poder la toma de decisiones.
¿Qué se plantea?
“Que la inscripción o actualización del Registro Electoral se haga en línea para los mayores de 18 años” dentro o fuera del país o que el RE sea un subregistro del Registro Civil para que al cumplir la mayoría de edad, requerida para ejercer el voto en Venezuela, las personas aparezcan de forma automática en el padrón electoral, son ideas que han llegado de nuevo a la mesa de discusiones.
“Sobre la automatización del Registro Electoral es una petición que ya hemos llevado al Consejo Nacional Electoral (CNE) en el pasado. Hemos planteado que el proceso de inscripción se haga en línea; es decir, así como la página web del Banco de Venezuela permite verificación biométrica para el cruce de datos, que los jóvenes puedan ingresar al sistema del CNE, desde la comodidad de sus casas e incluso desde su teléfono móvil y quedar inscritos en el Registro”, señaló la coordinadora nacional de Voto Joven, Wanda Cedeño.
Luego, indicó, plantearon ir a una discusión más amplia para la aprobación del Registro Electoral como subregistro del Registro Civil, de manera que los jóvenes no tengan necesidad de hacer el trámite ante el ente comicial. Señaló que ese cambio amerita más tiempo por cuanto el voto es un derecho, pero no es obligatorio de acuerdo con la Constitución y por lo tanto se entiende que la inscripción en el padrón de votantes también debe ser voluntaria.
De hecho, el tema del voto obligatorio tampoco ha sido ajeno a la comisión de diálogo de la AN de 2020, porque ha sido planteado, lo que ameritaría un cambio en el artículo 63 de la Carta Magna que establece que el sufragio es un derecho.
Para el proceso electoral del 28 de julio, el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) criticó que el lapso establecido por el CNE para la inscripción en el RE, fuera la jornada más corta en comparación con los procesos electorales anteriores.
Para los comicios de 2012, mencionó la ONG, el CNE estableció 1.300 puntos de actualización e inscripción del RE. El cronograma de entonces establecía 8 meses para este proceso. Luego, en 2018 se redujo tanto el número de centros (531) y duró 25 días la jornada.
Pero, aunque en 2024 el plazo fue de 30 días, los lugares pasaron a 291 en plazas y otros sitios públicos, más las 24 sedes regionales del organismo electoral, lo cual fue considerado insuficiente por la cantidad de jóvenes excluidos de la base de datos, calculados en alrededor de 3 millones. Al culminar las jornadas, el CNE apenas registró 604.964 nuevos votantes y 847.999 cambios de centro de votación.
Para entonces, encuestadoras como Delphos pronosticaban que a mayor participación electoral, las posibilidades de ganar de la oposición aumentaban, mientras que una menor participación favorecía al gobierno de Maduro, por lo que se consideró que las trabas para el RE dentro y fuera del país obedecían a una decisión política.
El voto en el exterior
Sólo 69.211 venezolanos en el exterior fueron habilitados por el Poder Electoral para sufragar en las presidenciales del 28 de julio, de un estimado de alrededor de 4 millones en edad de votar que se encuentran en diferentes países, luego de jornadas de actualización e inscripción plagadas de trabas. De allí que voces en defensa del voto de la diáspora igualmente han dejado saber sus opiniones, a propósito de las reformas en puertas.
“No puede ser que la diáspora venezolana no pueda votar como cualquier venezolano más con su cédula de identidad vencida o no. Hay que eliminar cualquier requisito de estadía legal en otro país”, ha expresado el exrector principal del CNE, Vicente Díaz, como una de esas voces.
Asimismo, plantea una circunscripción especial en el exterior para que los venezolanos fuera del país cuenten con una representación en el Parlamento Nacional y hasta la posibilidad de que puedan votar por las autoridades regionales “donde están sus raíces y sus familias”.
“La normativa electoral no está dispuesta ni está pensada para la cantidad de migrantes venezolanos que efectivamente en este momento tenemos. Al contrario, es una normativa que lejos de ampliar esos derechos y facilitarlos, los limita enormemente. En el caso de los venezolanos en el exterior, creo que lo más evidente en todo esto es que van a ser básicamente ciudadanos como de segunda categoría a los que se les limita el ejercicio ciudadano, solo por el lugar donde vive, es una resistencia a reconocer el fenómeno migratorio”, expresó Cedeño.
La activista de DDHH apuntó que la inscripción en línea en el RE también ofrecería ventajas a los venezolanos en el exterior porque no sería necesario que se acercaran a los consulados, a veces lejanos, para hacer el trámite, a la vez que facilitaría un censo de venezolanos fuera del país.
Discriminación
Con cada elección en puertas, la ONG Voto Joven, promotora de la inscripción de los jóvenes en el RE y del voto, pide al CNE que no existan limitaciones a la inscripción en el padrón de votantes, más allá de las que se establecen, como ser mayor de 18 años y ser venezolano.
“Naturalmente el registro electoral es para votar, pero es también un mecanismo que permite identificar a un ciudadano con su país. El voto no es simplemente escoger, es también ejercer una ciudadanía plena y debe permitirse porque actualmente se les niega”, subrayó Cedeño.
El artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) establece “sólo podrán sufragar en el exterior los electores y las electoras que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela”. Para ONG como Voto Joven y Espacio Público, se trata de una condición discriminatoria y, además, subordina “el ejercicio de un derecho político fundamental al estatus migratorio de la persona”.
Los migrantes venezolanos pueden estar en legalidad en los países receptores de distintas maneras. Bien sea con un permiso de permanencia, como es el caso de Colombia o con una tarjeta de residente renovable como ocurre en España y otros países de la Unión Europea. Pero los recaudos exigidos por el CNE, afirman las ONG, limitaron a los ciudadanos para las presidenciales.
Durante las jornadas de actualización del RE en el exterior para las presidenciales, el OEV rechazó en su momento que las embajadas y consulados aplicaran requisitos discrecionales para el proceso como tener el pasaporte vigente, lo cual impidió que venezolanos se inscribieran como nuevos votantes o actualizaran sus datos.
Sin dejar de mencionar que en varios países el proceso inició con dos semanas de retraso sin que el CNE diera prórroga para el cierre. Solo 508 nuevos votantes pudieron inscribirse en el extranjero y apenas se registraron 6.020 cambios de centros de votación.
¿Habrá mayor deterioro de condiciones?
“Sabemos que por las actuales condiciones, las reformas que amerita el sistema electoral, entre ellas que se sincere el tema de la diáspora para facilitar el voto exterior, parecen un sueño distante, pero al menos esperamos que las condiciones incipientes para votar que se tienen en estos momentos no terminen de desaparecer a partir de lo ocurrido el 28 de julio para tratar de desarticular a la ciudadanía”, agregó la activista a propósito de los cambios que se propone la AN de 2020.
Tras culminar un consulta nacional a principios de noviembre para recoger propuestas para las reformas electorales, la comisión de diálogo no ha registrado más actividad. Rodríguez prometió que los cambios estarían listos antes del 15 de diciembre, lo que arroja dudas de la magnitud de lo que finalmente se apruebe en cuanto a la Ley de Procesos Electorales, del Poder Electoral y partidos políticos.
Al ser convocada la comisión de diálogo integrada por diputados de 2020 y partidos que participaron en las presidenciales como Lápiz de Antonio Ecarri y Centrados que postuló a Enrique Márquez, Rodríguez dejó dos objetivos claros de los cambios: impedir que “fascistas” puedan participar en elecciones, en alusión a dirigentes opositores y que “injerencistas” vengan al país a observar elecciones, en alusión a misiones como la Unión Europea, Naciones Unidas y Centro Carter.
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