
Varios alcaldes del Zulia electos en 2021 – la mayoría con la tarjeta del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) – han sido encarcelados, acusados de vínculos con el narcotráfico, paramilitarismo, tramas conspirativas y corrupción.
El secretario general del Psuv y ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, va a la cabeza de la “caza” y captura de quienes han violado el juramento partidista y sobre la Constitución, en el ejercicio de sus funciones públicas. “Pagarán el doble”, ha dicho, sobre los que pertenecen a las filas “revolucionarias”, no sin dejar de advertir que autoridades opositoras en la región también pueden estar involucradas en los delitos.
Una “guerra entre mafias”, que preocupa a más de uno en el partido presidido por Nicolás Maduro, advierten analistas consultados. Mientras que desde el punto de vista criminológico recuerdan que el Zulia siempre ha sido una zona estratégica para el tráfico de drogas desde y hacia Venezuela.
“Problema de mafias”
“El tema del Zulia es un problema de mafias que quisieron sobrellevar de manera aislada y desconectada con las élites del poder nacional, pero no lo han logrado y ahora se aprovechan de las detenciones para seguir enviando un mensaje a quienes no acatan y obedecen a la élite del Psuv”, expresó el coordinador nacional de Clase Media Socialista, Carlos Hurtado.
Para el antiguo aliado del Psuv en el Gran Polo Patriótico es una lucha contra la corrupción en “apariencia” que no goza de credibilidad en la estructura de la tolda roja, puesto que el pase de factura por “luchas y pugnas internas”, son un secreto a voces.
El pasado 14 de marzo, Cabello, en calidad de ministro, confirmó las detenciones del alcalde del municipio Almirante Padilla (Isla de Toas), Alberto Sobalvarro y del alcalde de Miranda (Los Puertos de Altagracia), Jorge Nava, ambos del Zulia y del Psuv. Se les vincula con actividades de narcotráfico procedentes de Colombia, tráfico de armas, conspiración y entrenamiento de paramilitares.
La operación de inteligencia denominada “Relámpago del Zulia” arroja un total de 11 detenciones y la incautación, según Cabello, de 5,4 toneladas de presunta cocaína de alta pureza; 27.200 litros de combustible, resina, pasaportes colombianos, ecuatorianos, entre otros.
Un día después, cayeron otros dos mandatarios locales zulianos, también relacionados supuestamente con el narcotráfico: el alcalde del municipio Jesús Enrique Lossada, Danilo Áñez, del Psuv; y el alcalde del Catatumbo, Fernando Loaiza Chacón, miembro del ala de Acción Democrática liderada por Bernabé Gutiérrez.
Según comunicado del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, también arrestaron al director de Seguridad Ciudadana de la alcaldía del municipio Almirante Padilla, Orangel Paz Villalobos.
«El Estado venezolano reafirma su compromiso en la lucha contra el narcoparamilitarismo, los grupos estructurados de delincuencia organizada y las bandas criminales que pretendan utilizar el suelo patrio como terreno para el desarrollo de actividades ilícitas. Caiga quien caiga, seguiremos garantizando la paz y la seguridad en cada espacio del territorio nacional», destaca el comunicado del Ministerio.
“No es novedad”
“El caso Zulia es una pequeña muestra de lo que está encriptado en el resto de las estructuras políticas regionales del Psuv, mencionar un solo estado que no esté inmerso en corrupción , narcotráfico, es casi imposible. El Zulia se ha convertido en un problema que se generó por corrupción, drogas, las mafias de la chatarra, entre otros”, sostuvo Hurtado.
En 2022, durante una operación denominada “mano de hierro”, las autoridades apresaron a la alcaldesa (Psuv) del municipio Semprún del estado Zulia, Keyrineth Fernández, también por narcotráfico. Se le incautaron 7,1 kilos de droga en un vehículo, mientras transitaba por el estado Falcón, junto a la diputada nacional del chavismo, Taina González. Ambas se encuentran en prisión.
En paralelo, también detuvieron -en ese momento- al alcalde Carlos Vidal Bolívar (Psuv), del municipio Independencia del estado Anzoátegui, por contrabando de combustible.
El politólogo, Jesús Castillo, recuerda que las “purgas” internas no son novedad en el Psuv y que de tanto en tanto se le recuerda a la estructura que “no van a perdonar a nadie”.
“A lo interno del Psuv causa preocupación y nerviosismo porque entienden que cualquiera de ellos podría ser afectado”, acotó.
Cabello sostiene que las actividades ilícitas están relacionadas con los grupos del narcotráfico que requieren de los paramilitares para transportar la droga y estos a su vez son contratados para supuestos planes conspirativos contra la administración de Maduro.
El 24 de enero apresaron al alcalde del municipio Colón del estado Zulia, Nervins Sarcos, del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), al que Cabello señaló días después de supuestamente vender armas a paramilitares “para atentar contra la democracia”.
Zulia, región estratégica
“El estado Zulia es frontera con la región del Catatumbo, Departamento de Norte de Santander, que es la región de mayor producción de hoja de coca y cocaína en Colombia y el mundo. Por eso el Zulia es un punto clave del tránsito de la cocaína desde Venezuela que sale principalmente por pistas clandestinas ubicadas en las zonas fronterizas. El Catatumbo está controlado por la guerrilla del ELN, pero cárteles mexicanos también operan negociando la cocaína producida en Colombia y que utiliza como punto de salida el Zulia”, explicó un criminólogo.
De acuerdo con el experto, que pidió omitir su nombre para esta nota, la mayoría de los vuelos clandestinos que salen del estado Zulia con la droga, van hacia Centroamérica o México, para luego trasladarla a Estados Unidos. Destacó que en 2021, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, órgano de Naciones Unidas, emitió un informe sobre la presencia del cártel de Sinaloa, en colaboración con el ELN, para sacar cocaína desde pistas clandestinas en el Zulia.
“Por eso no es de extrañar que funcionarios de distintos tipos, civiles y militares, caigan en la tentación de aliarse con este negocio ilícito”, comentó.
El ministro del Interior y Justicia admitió durante una rueda de prensa que las operaciones irregulares requieren de un control territorial, por lo que se hace necesaria la complicidad de poderes locales, en este caso de los alcaldes, “en una gran red de narcotráfico, tráfico de armas y entrenamiento de paramilitares». Lamentó la “degradación” de cuadros del Psuv.
“Han protegido a los delincuentes, les han dado logística”, fustigó Cabello.

Opositores detenidos
Otros alcaldes del Zulia, del bando de la oposición, también han sido apresados, pero a diferencia de los pesuvistas, son señalados principalmente de “conspirar” contra la gestión de Maduro luego del denunciado fraude electoral del 28 de julio.
Es el caso del alcalde de Maracaibo (Primero Justicia), Rafael Ramírez Colina, detenido en octubre de 2024 y señalado de corrupción al supuestamente financiar hechos de violencia luego de las presidenciales con dinero del gobierno local, junto a otros cinco funcionarios del ayuntamiento. Su esposa, Vanessa Linares, sostiene que Ramírez Colina, recluido en El Helicoide, no tiene acceso a abogados de confianza ni familiares desde su detención.
Posteriormente, el 10 de diciembre de 2024, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se llevó al alcalde de Cabimas de UNT, Nabil Maalouf. El Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal de Cabimas le impuso privativa de libertad por los delitos de peculado doloso, corrupción en materia continuada y asociación para delinquir. La tolda del gobernador zuliano, Manuel Rosales, denuncia que es una detención injusta y que no se respetan los derechos humanos del alcalde.
A otro alcalde de UNT, del municipio Lagunillas del Zulia, José Mosquera, lo detuvieron tras las presidenciales de julio, luego de que se le atribuyeran mensajes en redes sociales contra Maduro. Lo llevaron a Caracas y a la semana lo dejaron en libertad.
Cabello igualmente ha advertido que debido a la naturaleza y ubicación de las actividades ilícitas detectadas no hay manera que otras autoridades regionales y locales aleguen no haber visto nada. En este sentido, asomó más detenciones.
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