En Venezuela se requiere una revisión del actual enfoque oficial sobre temas regulatorios y de las políticas públicas. Más allá, enfoques y experiencias tradicionales provenientes años atrás de países más avanzados institucionalmente, podrían resultar, en algunos casos, poco útiles ante numerosos cambios disrruptivos que han ocurrido con enorme velocidad en ciertos mercados, exigiendo pensar prospectivamente sobre la dinámica futura de dichos mercados y de sus entornos en competencia.
En nuestro país la SUNDEE parece haber estado presionando a ciertas compañías, específicamente en el sector telecomunicaciones y de los servicios audiovisuales tradicionales -licenciatarias-, para que revisen sus tarifas o disminuyan sus precios, o para que en el corto plazo mejoren la calidad de los servicios prestados, cuando justamente los rezagos, pinzamientos, y controles de tarifas suelen tener incidencia directa negativa sobre la inversión, mantenimiento y calidad de la infraestructura -la red- y los servicios.
La crisis generalizada que ha producido la pandemia del COVID-19 ha puesto en extrema relevancia, entre otros, a dos sectores como protagonistas para dar respuesta a los retos y a los desafíos que ha tenido que enfrentar la sociedad: por un lado, la infraestructura de los servicios de salud, y por el otro lado, los servicios de telecomunicaciones en específico la conectividad y la capacidad de la infraestructura para garantizar ello.
En el caso de la infraestructura de los servicios de salud y la capacidad instalada de los centros de salud, ha destacado, más en unos países que en otros, la saturación súbita con efectos catastróficos. Esto ha provocado que un tema de reflexión para las sociedades ha sido la inversión en dicha infraestructura, así como destacar la importancia de profesionales de la salud cuya formación exige tiempo y recursos.
Por su parte, el sector telecomunicaciones y la calidad de respuesta de su infraestructura, ante una coyuntura de incremento súbito en el consumo y el tráfico de datos y voz, ha destacado por la satisfactoria capacidad de respuesta que las empresas de telecomunicaciones han mostrado, facilitando la vida cotidiana, la calidad de vida, la adquisición de productos, la logística de operaciones, la educación a distancia, la telemedicina, las reuniones virtuales, en favor de mantener a las personas conectadas, etc.
Más allá, si bien en los últimos años el protagonismo y los elogios habían sido dirigidos al contenido, a las Apps y a las plataformas, ha quedado evidenciado que sin infraestructura ni conectividad nada de las funcionalidades que las Apps ofrecen y ni las respuestas a la situación de crisis por el COVID-19 hubiese sido posible.
Sin embargo, en la mayoría de los países, incluso en aquellos que destacan en términos de una alta penetración de los servicios y en el despliegue de la infraestructura, existe preocupación porque existan los incentivos suficientes para que continúen las inversiones en mantenimiento e incluso para el despliegue de redes de nueva generación que den soporte al tráfico de una mayor cantidad de datos para servicios más sofisticados, con mayor velocidad de bajada y subida, reduciendo latencia y que exigen alta resolución, etc.
Por ello, en muchos países, en favor de hacer a los servicios más asequibles se ha avanzado en la reducción impositiva sobre el sector telecomunicaciones para reducir dicha incidencia sobre la formación de las tarifas -por ejemplo, eliminación de impuestos como el IVA sobre este tipo de servicios como ha ocurrido en Colombia-, e incluso se analizan mecanismos alternativos de asignación de espectro para reducir costos sobre operadores que han visto reducir -sin necesidad de regulación de precios minoristas- de forma ininterrumpida los ARPUS de los servicios prestados a lo largo de los últimos años producto de la competencia entre los operadores.
La visión regulatoria en Venezuela debe valorar el largo plazo y la dinámica de los mercados, así como los riesgos asociados a una visión concentrada exclusivamente en la dimensión de corto plazo de búsqueda de réditos políticos. El experimento natural que ha implicado la pandemia en términos de crecimiento súbito en el uso de servicios basados en infraestructura de telecomunicaciones -muchos patrones de consumo que han llegado para quedarse-, aunado a una política de control o de ralentizacion de los ajustes de los precios en el sector telecomunicaciones en Venezuela de vieja data, exige razonar la vigencia de ésta última, si lo que se quiere es conectividad a futuro.
Economista UCV
https://www.analitica.com/opinion/covid-19-y-la-red/
