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Para el doctor Asdrúbal Aguiar, ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no basta que la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), haya informado que en este momento existen indicios de que en Venezuela se pudieran haber cometido crímenes de lesa humanidad.

Aguiar, quien fue juez en la misma materia por la que se evalúa en la CPI el comportamiento del gobierno de Nicolás Maduro durante los eventos de protestas callejeras entre 2014 y 2017, cree que es digno de toda sospecha el que el anuncio de la Fiscal Fatou Bensouda estuviera precedido por la visita del fiscal nombrado por la cuestionada Asamblea Constituyente venezolana, Tarek William Saab.

Varios días después de su visita a La Haya, William Saab “advirtió a los venezolanos” que la Corte Penal Internacional no sustituye al sistema de justicia de Venezuela, sino más bien tiene un carácter complementario.

Cuando la Fiscal de la Corte Penal dijo que existían indicios que pudieran viabilizar un juicio en esa instancia, contra Maduro y su gobierno, daba por cerrada la segunda fase exploratoria de este expediente. En adelante, tercera y cuarta fase, corresponden a evaluar si en Venezuela están operando las instituciones para ver de los casos denunciados en La Haya y, luego, para decidir si finalmente corresponde echar a andar el enjuiciamiento.

Es importante recordar que la denuncia contra el gobierno de Maduro fue hecha por cancilleres de Colombia, Chile, Paraguay, Perú, Argentina y Canadá en 2018, señalando delitos graves, como asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas durante las protestas en Venezuela.

¿Qué podría haber intentado Tarek William con la fiscal Fatou Bensouda?

Ante la inminente investigación por crímenes de lesa humanidad, Saab invita a la CPI a Venezuela
Foto: @TarekWiliamSaab

Antes de responder esta interrogante, Aguiar advierte que en todo este contexto tiene gran significación el informe de la comisión independiente de verificación de hechos (de la ONU), puesto que allí no solo se señala quiénes fueron autores materiales e intelectuales de crímenes, incluyendo a Maduro y sus ministros de Defensa e Interior y Justicia, sino que además se remarca que hubo jueces y fiscales participando en el proceso de ejecución de crímenes de lesa humanidad.

“Yo me imagino que el fiscal Tarek William Saab, fue a convencer a la fiscal Bensouda, ante la que el régimen de Nicolás Maduro tiene un ingreso y una influencia internacionalmente conocida, para decirle que no se preocupe, que los tribunales venezolanos ya han avanzado en las investigaciones sobre esos crímenes de lesa humanidad, que se tiene a los responsables a buen recaudo, y se tratará que después que se terminen los procesos, se dicten las medidas condenatorias a que hubiere lugar”.

Enfatiza el ex magistrado, que lo único que cabe esperar ahora es que la Sala de Cuestiones Preliminares, que ya es una sala integrada por jueces de la CPI, y en donde la fiscal Bensouda es una parte y los victimarios (Maduro y sus colaboradores) son la otra, no vaya a caer presa de una argumentación de la fiscal y decida la inadmisibilidad del caso.

¿Ya salió el fiscal con las tablas en la cabeza?

Foto: @latablablog

La noticia de que Fatou Bensouda declaró conocer de indicios sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, se conoció el 5 de noviembre, justo cuando el mundo estaba impactado con los diferendos políticos y judiciales que planteó la elección presidencial en Estados Unidos.

Aunque el Secretario de Estado de la administración Trump, no figuró entre los solicitantes de un proceso contra Maduro en 2018, ciertamente Estados Unidos ha sido de los países que más ha emitido sanciones a causa de violación de derechos humanos, contra personajes importantes del régimen madurista.

La noticia desde La Haya brindó un respiro entre quienes han pensado que si Donald Trump finalmente ha sido vencido por su contrincante demócrata, la lucha por la libertad en Venezuela perdería a uno de sus más importantes impulsores.

El presidente interino Juan Guaidó se refirió a lo acontecido con la declaración de la fiscal de la CPI, como que el régimen había acudido a ver a aquella funcionaria y había salido con las tablas en la cabeza.

Pero si llegaran a concretarse los temores expresados por Asdrúbal Aguiar, no serían precisamente Tarek William o Nicolás Maduro, quienes quedaran literalmente “ponchados”, como sí quedarían los cancilleres demandantes y particularmente el pueblo opositor venezolano.

Aquí está el detalle de la diligencia de Tarek William

El artículo 17 del Estatuto de Roma sostiene que La Corte, teniendo en cuenta el preámbulo y el artículo primero del tratado, resolverá la inadmisibilidad del asunto, cuando este asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento en el Estado que tiene jurisdicción sobre él, salvo que no esté dispuesto a llevar a cabo tal investigación o enjuiciamiento, o no pueda realmente hacerlo.

“Es probable que estén elaborando justamente esa argumentación, conforme a lo cual, lo que se espere como próximo paso, no es que la Corte Penal Internacional conozca el caso – en defecto de la jurisdicción interna venezolana, por estar comprometida en los crímenes de lesa humanidad – y más bien se decida que estando abiertas unas investigaciones en los tribunales venezolanos, esta instancia internacional no admita”.

Acentuó que lo grave de este escenario en el que la CPI no admitiría la demanda contra el régimen de Maduro, es que como justificación supondría que ya fiscales y jueces se ocupan de administrar justicia, siendo que estos funcionarios son abiertamente mencionados como partícipes de los mismos crímenes, en el informe de la comisión independiente del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que lamentablemente no ha llegado a la Corte Penal.

Todos los informes tienen elementos de juicio concluyentes contra Maduro, dice Aguiar, y enumera los documentos de Iván Duque, el de la alta comisionada para los derechos humanos, el de la comisión independiente de verificación de los hechos, y también el del secretario general de la Organización de Estados Americanos, elaborado por el expresidente de la Comisión Interamericana de derechos Humanos, Santiago Cantón, y el ex juez de la Corte Interamericana, Manuel Ventura.

Esos informes, todos, deberían estar ya en manos de la Corte Penal Internacional, según explica Asdrúbal Aguiar, para evitar que haya un revés tan importante en la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI.

¿Y cuál es el temor con la fiscal Bensouda?

Foto: Cortesía

“Todos sabemos los antecedentes de la señora Bensouda. Ella fue la jefe de la oficina jurídica del dictador de Gambia, quien fue expulsado por crímenes de lesa humanidad, por cierto, un teniente coronel. Y luego fue su ministra de justicia. Uno no entiende cómo la designan fiscal ante la Corte Penal Internacional, como tampoco se entiende que en el sistema de Naciones Unidas, los gobiernos de Cuba, Rusia, China y Venezuela, hagan parte del Consejo de Derechos Humanos”.

Añade que frente a los temas de orden público internacional, y particularmente los que atienen al respeto y a la garantía de la jurisdicción universal de los derechos humanos, no puede caber una decisión política “democrática”, porque ese no es un tema de mayorías y de minorías.

“Así lo entendieron los tribunales de Nuremberg, cuando justamente nace el sistema de Naciones Unidas actual, que surge inclusive marcado por el deber de injerencia humanitaria. Pero lamentablemente ahora, en medio de la presión de los Estados, los órganos internacionales de protección, están totalmente desasistidos”.

La clave sobre las investigaciones que estarían realizando en Venezuela

Desde el punto de vista periodístico, se debe cumplir con la obligación de aclarar que el caso llevado a la Corte Penal en 2018 por los cancilleres de Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Argentina y Canadá, apenas va en la segunda fase de evaluación de admisibilidad.

En cambio,  el informe de la Comisión independiente de Verificación de Hechos, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha llegado tan “a fondo”, que menciona directamente a Nicolás Maduro y a 48 integrantes de sus grupos de poder, como responsables de crímenes atroces.

De modo que esa lista es una referencia, pero no necesariamente el escenario de investigación en el que se movería ahora Fatou Bensouda.

La declaración reciente del fiscal nombrado por la Asamblea Constituyente, da cuenta de que ciertamente ha referido a la Corte Penal que la “justicia venezolana” está haciendo algo, y más, si de paso establece que la CPI puede serle complementaria; pero es lógico inferir que no se refiera a Nicolás Maduro, y habría que ver si “incluye” a alguno de los 48 personajes citados por la comisión independiente.

Consultado sobre el tema, Aguiar aclaró que en Venezuela  la justicia penal actúa con un grado de secretismo que realmente escandaliza. “No hay posibilidad de que se sepa absolutamente nada”, sobre alguna actuación que involucre a alguien de entre los designados como perpetradores de crímenes de lesa humanidad, por parte de la comisión independiente.

La Fiscal Betsouda “debería pedir ese informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Debería estar por lo menos interrogando al señor Nicolás Maduro, al señor ministro de la defensa y al señor ministro del interior. Y que ella diga si les envió unas encuestas y si se las han querido responder”, como lo declaró la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, cuando dijo que le había costado mucho que la comisión llegara a Venezuela y, mucho más, que pudiera investigar.

Todo este marco de duda y riesgo, dice el exmagistrado de la Corte Interamericana de derechos Humanos, “es un gran desafío para los actores políticos venezolanos. Saber que ese es el eje central con el que tienen que marcarle el campo con líneas rojas o amarillas, a todos los actores internacionales en relación con esta materia”.

https://www.caraotadigital.net/editorial/corre-grave-peligro-el-caso-contra-maduro-en-la-corte-penal-por-crimenes-de-lesa-humanidad