Las conclusiones del informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela desnudan la realidad de los derechos humanos en el país. Más de 2 mil personas detenidas tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, constatación de torturas y terrorismo de Estado son algunos de los hallazgos del documento presentado este 17 de septiembre.
Las reacciones de la oposición venezolana no tardaron en hacerse sentir. María Corina Machado exigió que “los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia internacional”. Según la líder opositora, “la dictadura en Venezuela representa un peligro no solo para los venezolanos, sino para toda la región”.
La Misión, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2019, busca evaluar las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas en el país desde 2014.
En este nuevo informe denunció el auge de la persecución política, en especial en época postelectoral. ¿Qué implica este énfasis y su conexión con los crímenes de lesa humanidad?
Persecución política: una política de Estado
«La persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos” es considerada como crimen de lesa humanidad. Así lo especifica en su artículo 7 del Estatuto de Roma.
Para Óscar Murillo, coordinador de Provea, desde que se anunciaron los resultados electorales sin respaldo y éstos fueron impugnados, las autoridades estatales intensificaron una política de represión generalizada, que incluyó detenciones arbitrarias masivas por motivos políticos.
“La Corte Penal Internacional (CPI) no puede activarse sólo cuando hay una detención arbitraria o la violación de un debido proceso. Aunque ambos son violaciones de derechos humanos, no habría un patrón que indique que se está en presencia de un crimen contra la humanidad”. Por lo tanto, para el experto de DD.HH, estos acontecimientos encajan plenamente en la investigación que lleva la CPI sobre Venezuela desde 2021.
El crimen de persecución se puede configurar a través del daño físico o mental causado a la víctima (tales como asesinato, tortura, crímenes sexuales, desaparición forzada) o a través de restricciones a la libertad individual (detenciones ilegales, deportaciones), entre otros.
La persecución se puede hacer también en contra de los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas.
Los actos públicos de “acoso, humillación y abuso psicológico” también se consideran un crimen de persecución. También entran en la lista la promoción de despidos por preferencias políticas o ataques en contra de la propiedad de las víctimas, por la misma razón.
¿Y la Justicia venezolana?
¿Tendrá este informe alguna repercusión penal en Venezuela, para las autoridades que presuntamente ejercieron los delitos?. Ni el entorno de DD.HH. local, ni las victimas parecen poner muchas esperanzas en ello.
“Siendo realistas estamos frente a una Misión e investigación en la CPI precisamente porque el sistema de justicia no es independiente ni imparcial. No investiga ni sanciona violaciones de DDHH, de hecho, según informes previos de la Misión ha coadyuvado a cometerlas”, añadió un abogado defensor de DD.HH. que pidió no ser identificado.
Explica este defensor que, en tales condiciones, estos informes sirven de mecanismo de rendición de cuentas, de construcción de memoria y de puntos de partida “para cuando Venezuela tenga un sistema con independencia de poderes, se haga justicia”.
Para que sirve el informe de la misión de la ONU
Las conclusiones y recomendaciones de este informe se someterán a discusión en el marco del 57º período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a celebrarse entre el 9 y 11 octubre en Ginebra, Suiza.
“Esperamos que con este y otros informes de los distintos mecanismos de protección internacional de los DD.HH, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional emita una declaración preventiva que alerte a los perpetradores de los posibles crímenes internacionales y violaciones de derechos humanos mencionados en el informe”, explicó Murillo.
Actualmente la Corte Penal Internacional mantiene abierta una investigación contra Nicolás Maduro y las autoridades de su gobierno por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, que contempla denuncias de tortura, violencia sexual, desaparición forzada y detenciones arbitrarias.
“La Fiscalía de la CPI podría tomar elementos de este informe y sumar el crimen de persecución política al caso contra las autoridades venezolanas que lo estén ejerciendo”, añadió Murillo.
“Con miras combatir la impunidad, asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas, las organizaciones de derechos humanos respaldamos la renovación del mandato de la Misión ONU sobre Venezuela por un año más”, expresó el coordinador de Provea.
The post Cómo la persecución política en Venezuela pueden apuntar a crímenes de lesa humanidad appeared first on Efecto Cocuyo.
