Este 27 de octubre, se cumplieron 100 años del nacimiento de Carlos Andrés Pérez (1922-2010) en Rubio, Estado Táchira. Con este motivo, se han celebrado foros y entrevistas digitales al respecto. En este artículo me referiré, sintéticamente, a su actuación durante los gobiernos de facto y constitucional de Rómulo Betancourt, y a sus dos ejercicios presidenciales.
Bajo la Junta Revolucionaria de Gobierno (1945-1948) fue Secretario Privado de su presidente Betancourt. En el Gobierno Constitucional de Betancourt (1959-1964) ocupó, primero, la Dirección General del Ministerio de Relaciones Interiores, y, luego, la titularidad de la misma cartera. Participó activamente en la lucha antiguerrillera (la línea definitivamente insurreccional la adoptó el Partido Comunista de Venezuela (PCV) en el mes de marzo de 1961 en su III Congreso, ya activada por el MIR), que comenzó siendo rural, y posteriormente se extendió a las áreas urbanas, con asesinato de policías, atracos a bancos, secuestros de personas inocentes y asaltos a las casas de oficiales de las FAN. En ese entonces, ocurrieron el alzamiento militar de derecha del Cuartel Pedro María Freites de Barcelona, el “barcelonazo” (26 de junio de 1961); la sublevación en Carúpano, el “carupanazo”, del batallón de Infantería de Marina 3 y del destacamento 77 de la Guardia Nacional (4 de mayo de 1962); la sublevación, de mayores proporciones, de la base naval de Puerto Cabello, el “porteñazo” (2 de junio de 1962). Dice el refrán que “no hay mal que por bien no venga”, y como consecuencia de que el “carupanazo” y el “porteñazo” fueron fruto de una extraña alianza entre un sector militar y los comunistas, por temor a éstos, la gran mayoría de las FAN consolidó su apoyo al gobierno democrático y desapareció por largo tiempo el peligro del golpe de estado. El 28 de septiembre de 1963 hay el asalto al tren de El Encanto con un saldo de 5 guardias nacionales muertos y gravemente heridos 2 niños y 8 mujeres. Se aplicó el Código de Justicia Militar y se detuvieron los parlamentarios del PCV y del MIR.
Su Primer Gobierno. En el mes de agosto de 1972, ia Convención Nacional de AD escoge a Carlos Andrés Pérez como su candidato presidencial para las elecciones en las que el voto popular decidirá quién será el Presidente de la República para el período constitucional 1974-1979.
Su campaña electoral tuvo innovaciones. Antes del mitin, recorría las calles mientras conversaba con la gente y dice uno de sus biógrafos (Ramón Hernández, Biblioteca Biográfica Venezolana, El Nacional) que en toda la campaña caminó 907,3 kilómetros y que “se dejó crecer el pelo y las patillas, como estaba de moda, y agregó el saludo con las manos en forma de aspas mientras mostraba una gran sonrisa”, lo que le daba un aire juvenil. Sus dos cosignas principales fueron “democracia con energía” y “ese hombre sí camina” (con música pegajosa del compositor Chelique Sarabia). Ganó con el 49% de los sufragios. El Congreso Nacional fijó el día 12 de marzo para la juramentación del presidente electo.
Yendo a lo sustancial, se inició el gobierno con un gran aumento del precio del petróleo como consecuencia del embargo petrolero árabe por la Guerra del Yom Kippur entre Israel y algunos países árabes, lo que tuvo un enorme impacto fiscal: “El barril de petróleo había pasado de US$ 3,71 a finales de 1973, a US$ 10,53 en 1974, lo que determinó que el ingreso fiscal petrolero pasara de Bs 11.182 millones en 1973 a Bs 36.448 millones en 1974, con una producción que había bajado de 3.366.011 barriles diarios a 2.976.251 barriles diarios. El total de los ingresos fiscales pasó de Bs 16.433 millones en 1973 a Bs a 42.799 millones en 1974” (cifras del BCV, Informe Económico, 1974).
La medida más importante del gobierno del presidente Pérez fue la nacionalización de la industria petrolera. Aparte de las condiciones externas favorables a la nacionalización, hubo también la circunstancia de que como en el anterior gobierno del presidente Caldera se había aprobado la Ley de Reversión, las compañías veían que el negocio del petroleo se le iba de sus manos y no invertían con grave disminución de las reservas, las cuales quedaron para poco más de 8 años. Apenas 10 días después de su toma de posesión, nombró, el 22 de marzo, la Comisión de Reversión –presidida por el Ministro de Minas e Hidrocarburos e integrada por representantes de los partidos políticos y de organismos fundamentales de la sociedad venezolana- que analizaría el adelanto de las concesiones de hidrocarburos y de los bienes afectos a ellas, a fin de que éstas pasaran a manos del Estado y éste asumiera el control de todas las actividades de la industria petrolera. La Comisión de Reversión presentó un informe favorable, y el 11 de marzo de 1975, el Ministro de Minas e Hidrocarburos, Valentín Hernández Acosta, presentó al Congreso el Proyecto de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, conocida como la Ley de Nacionalización Petrolera. Fue muy polémico el artículo 5° que dice: “…En casos especiales y cuando así convenga al interés público, el Ejecutivo Nacional o los referidos entes podrán, en el ejercicio de cualquiera de las señaladas actividades, celebrar convenios de asociación con entes privados, con una participación tal que garantice el control por parte del Estado y con una duración determinada. Para la celebración de tales convenios se requerirá la previa autorización de las Cámaras en sesión conjunta, dentro de las condiciones que fijen, una vez que hayan sido debidamente informados por el Ejecutivo Nacional de todas las circunstancias pertinentes”. De la lectura del texto, está claro que tales convenios de asociación sólo se celebran si hay la previa autorización de las Cámaras en sesión conjunta, si hay una participación tal que garantice el control por parte del Estado y con una duración determinada. Recuerdo que durante el debate se evidenció que esa participación del Estado podía ser accionaria o, en su defecto, otorgándole acción dorada (voto doble) al representante del Estado en la directiva de la empresa constituída por el convenio de asociación respectivo con el ente privado.
El día 29 de agosto de 1975 el Presidente Carlos Andrés Pérez pomulgó en el Salón Elíptico del Capitolio Federal la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, que entraría en vigencia el 1° de enero de 1976. La nación canceló a las compañías petroleras una indemnización de un millardo de dólares, con un pago en efectivo de 100 millones y el resto en bonos redimibles desde 1977 hasta 1981.
Cuarenta años antes, México había nacionalizado el petróleo. Venezuela fue el segundo país en hacerlo en América Latina.
El año anterior, por decreto del 26 de noviembre de 1974, se había nacionalizado la industria del mineral de hierro, sin contar con el personal gerencial adecuado ni la tecnología idónea, se fue burocratizando, y a los veintitres años se procedió a la privatización de Sidor.
El 29 de abril de 1974, el Presidente Pérez presentó un mensaje especial al Congreso Nacional sobre la necesidad de obtener la aprobación, de acuerdo con el ordinal 8° del artículo 190 de la Constitución, del Proyecto de “Ley Orgánica que autoriza al Presidente de la República para dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera” cuando así lo requiera el interés público y haya sido autorizado para ello por ley especial, introducido en esa misma fecha en la Cámara de Diputados por el Ministro de Hacienda. Dicho proyecto de Ley fue aprobado por el Congreso Nacional el día 30 de mayo.
Continuaremos la próxima semana.
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