La Cancillería venezolana rechazó las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este jueves contra 16 funcionarios de diferentes poderes públicos en el país.
En su cuenta de la red social Instagram, el canciller Yván Gil dijo que son «medidas coercitivas unilaterales, ilegitimas e ilegales a un grupo de funcionarios de Estado, demostrando, una vez más, su total desprecio por el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la voluntad democrática de los venezolanos».
El subsecretario del Departamento del Tesoro, Wally Adeyemo, dijo que el gobierno de Joe Biden y Kamala Harris estaban decididos a castigar a quienes avalaron el triunfo de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio.
“El Departamento del Tesoro está apuntando a funcionarios clave involucrados en las fraudulentas e ilegítimas afirmaciones de victoria de Maduro y su brutal represión de la libertad de expresión después de las elecciones, mientras la abrumadora mayoría de los venezolanos piden un cambio. La Administración Biden-Harris seguirá utilizando nuestras herramientas para exigir cuentas a Maduro y sus compinches y apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano”.
A quiénes sancionó EEUU
Las sanciones alcanzan a cinco magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), entre ellas a su presidenta Caryslia Rodríguez, y su vicepresidenta, Fanny Márquez, así como al fiscal que pidió la detención contra el abanderado opositor Edmundo González Urrutia, un juez especial contra el terrorismo, miembros del alto mando militar y jefes de los cuerpos de seguridad e inteligencia.
Para el gobierno de Nicolás Maduro en cambio se trata de «un acto grosero que busca congraciarse con una clase política que ha echado mano a prácticas fascistas y violentas para derrocar, sin éxito, la democracia bolivariana».
Además, lo calificaron como «un nuevo crimen de agresión» de Estados Unidos, que desde la gestión de Donald Trump ha sancionado a más de 100 funcionarios y exfuncionarios, inclusive al líder chavista y varios de sus más estrechos colaboradores.
Aseguran que las sanciones «violan los Acuerdos de Qatar», que Miraflores y la Casa Blanca firmaron en el último año, así como responsabiliza a sectores de la oposición venezolana de promoverlas.
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