Con aprobación del gobierno de EEUU para desarrollo del campo Dragón por parte de TT, menos con la del Poder Legislativo (artículos 150 y 186.9) de la CRBV, así como tampoco con el Vº Bº de la Procuraduría General de la República. Pero, quizá bajo una especie de conciliábulo, se procede a la ejecución para explotación del yacimiento gasífero de referencia, ubicado en la cuenca de Margarita, distante unas 16,2 mn al este noreste de campo Patao, territorio marítimo de la plataforma continental venezolana, en la frontera marítima (delimitada en 4/1990), con resevas probadas de unos 4,2 bpc; contratación por la cual Venezuela recibiría, según Petroguía, a lo sumo cerca de unos 25 millonesUSD/ mes. Asimismo, también estaría abierta la posibilidad de que TT pague el gas del campo “Dragón” con insumos humanitarios, tales como: alimentos y medicinas y propone a Shell como operadora (¿?), según su primer ministro, Keith Rowley, para cumplir con una licencia estadounidense que prohíbe los pagos en efectivo al régimen del presidente Nicolás Maduro Moros. Pues consideramos que se trata de una negociación hecha sigilosamente, ignoramos por cuáles motivos. Lo poco que se sabe es a través de uno que otro medio de comunicación del sector. Más aun, desde 2018 se habla sobre la posible construcción de un gasoducto que uniría a este campo en nuestra costa afuera con dicha isla, asunto que debería llamarnos a reflexión de acuerdo con las disposiciones previstas en la Constitución Bolivariana y demás instrumentos legales sobre la materia, como por ejemplo: Ley de Hidrocarburos.
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