En el excelente libro de Ludwig von Mises, La burocracia, (Caracas, editado por la Bolsa de comercio, 1970) tenemos las siguientes líneas sobre que piensa el pueblo norteamericano de los burócratas:
El burócrata no llega a su puesto en virtud de la escogencia de los electores, sino por la designación hecha por otro burócrata. En él se ha arrogado una gran parte del poder legislativo. Las Comisiones y Oficinas gubernamentales publican decretos y reglamentos que se proponen ordenar la vida de los ciudadanos en todos los aspectos. No solo regulan las materias sobre las cuales hasta ahora los particulares habían tenido libertad de decisión, sino que no vacilan en publicar decretos que abrogan prácticamente leyes debidamente promulgadas. Por medio de esta apariencia de legislación, la administración usurpa el poder de decidir y resolver un buen número cuestiones importantes conforme a la idea que se hacen de lo bien fundado de las tesis contrapuestas, es decir de una manera completamente arbitraria. (…) Cada día los burócratas se apoderan de un nuevo poder; muy pronto ellos dirigirán el país entero. (pp.6-7).
Por cierto, en estos días estuve de trámites primero el pasaporte (dos meses para que lo llamaran a uno, y es el más caro del mundo). Luego estuve legalizando mi partida de nacimiento en el Registro Principal de Caracas, también gasté como dos semanas en conseguirlo. Por último estuve hace tres días en el Registro Principal del Estado Miranda, un edificio sucio y feo, al parecer son los vigilantes privados quienes mandan allí además de imponer el orden, pague 24 bolívares digitales por la legalización de mi acta de matrimonio en dos ejemplares. Al parecer, hasta tuve que pedir una cita por internet para acudir allí. Al preguntarle a un buen especialista en negocios inmobiliarios y experto en derecho administrativo (el Derecho que rige a la burocracia) me respondió lo siguiente:
El asunto que planteas, y te produjo mucha contrariedad por lo bizarro y lo traumático, es, sin embargo, para nosotros los abogados en ejercicio y para los profesionales inmobiliarios, tan frecuente y tan constante, que ya casi es parte del «paisaje normal».
La atención profesional, ordenada, en condiciones mínimamente decorosas, es una excepción en las instituciones públicas de nuestro país. Sin embargo, las hay, y es cuando uno se asombra y felicita con agradecimiento a los funcionarios.
Lo que te puedo agregar a esas experiencias son dos observaciones:
PRIMERA: Esas complicaciones no son casuales, ni ocurren por descuido o por negligencia de los funcionarios.
¡No! Al contrario. Ocurren como resultado de un accionar planificado para producir en el ciudadano (el usuario) la desesperación que lo lleve preguntar: qué es lo que debe hacer o a quién hay que pagarle para poder alcanzar el resultado.
Cuando lo hace, encuentra el camino para lograr el trámite. Paga la comisión o mordida y recibe el servicio «rapidito»
SEGUNDA: Esto siempre ha ocurrido. Es un problema de vieja data. No es nuevo. Pero se ha exacerbado de manera descomunal a partir de varios acontecimientos.
El primero fue la decisión del Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín del año 2010 (aproximadamente), cuando era Ministro del Interior, que centralizó todos los ingresos de todos los registros, incluidas las habilitaciones, con la promesa de que el SAREN (Servicio Autónomo de Registros y Notarías) remitiría todos los montos necesarios para el funcionamiento de estos organismos.
Eso último jamás ocurrió en las proporciones de las recaudaciones y de las necesidades de los servicios, y los funcionarios quedaron en una condición depauperada con sueldos mínimos, incluidos los registradores.
A partir de esa nueva circunstancia, se desarrolló en forma explosiva, esa conducta que hemos observado y descrito.
1) Circunstancia que se ha visto exponencialmente aumentada por la hiperinflación que hemos sufrido los venezolanos a la cual no han escapado los funcionarios públicos.
2) Con la dolarización transaccional que hemos estado viviendo en el país en los últimos tres años, las comisiones o mordidas se vienen cobrando en dólares.
Pero, sumado a eso, el SAREN ordenó cobrar las tasas registrales en bolívares cuyos montos son -realmente- desproporcionados, al igual que las alcaldías de todo el país, evidenciando una verdadera VORACIDAD FISCAL que jamás habíamos vivido en Venezuela, país que antes considerábamos como de BAJA PRESIÓN FISCAL.
Esos cobros exorbitantes de las tasas registrales son absolutamente ilegales por cuanto violan expresas disposiciones de la vigente Ley de Registros y Notarías. ¡ ojo violación de la Ley por burócratas como decía Ludwig von Mises. Lo digo yo JTEA.
Esta Ley dispone que por los servicios que prestan los registros, los ciudadanos deben pagar unas unidades tributarias.
Cuando multiplicamos el valor de la unidad tributaria por el número de unidades tributarias que corresponde por cada uno de los servicios prestados en cada ocasión por las oficinas del registro, encontramos que se trata de montos bastantes bajos.
Bueno, frente a esa realidad legal y financiera, al SAREN se le ocurrió, hace unos años, implementar la llamada PUB (Planilla Única Bancaria) a través de la cual le indican al contribuyente cuánto deberá pagar por el trámite registral.
El monto que esta PUB arroja es estrambóticamente superior al que corresponde legalmente conforme a la Ley del Registro y del Notariado.
La implementación de la PUB, tal como se ha materializado, es absolutamente ilegal, ya que, aparte de que se cobran montos totalmente divorciados de los previstos en la ley correspondientes, no se le informa al contribuyente cuáles son los hechos imponibles, ni cuál es la base imponible, ni cuál es la tarifa o porcentaje a aplicar.
Todo eso es ilegal desde el punto de vista tributario ya que viola los derechos de los contribuyentes que son, en este caso, los solicitantes del servicio registral.
Ante nuestra crítica de que ese proceder constituía un acto absolutamente inconstitucional, porque violaba el principio de la Reserva Legal previsto en la Constitución, la Asamblea Nacional procedió a Reformar la actual Ley del Registro y del Notariado y estableció que los montos a cobrar por los servicios registrales, ahora se cobrarán en unidades de PETROS.
Por la valoración que se asigna al Petro, vinculado al precio del barril de petróleo y otros comodity y por las cantidades de PETROS que se aplicarán a cada servicio, resulta que los montos a pagar serán de 400 dólares, 600 dólares y por los traslados podrían llegar a 1.200 dólares.
Ojo, esos son los pagos formales que van a la cuenta del SAREN, pero a ellos hay que sumarle los montos que pidan los funcionarios para rebuscarse, tal como lo vienen haciendo, pero ahora tomarán en cuenta, para su estimación, las cantidades que, ancladas en el petro, deberán pagar los ciudadanos.
En estos momentos estamos esperando la publicación en la Gaceta Oficial de la Reforma de la Ley de Registros y Notarías, que quedó sancionada en octubre de este mismo año.
Se trata de un panorama que entristece y dificulta nuestro trabajo.
Finalizando estas, líneas la burocracia siempre manda y entorpece las negociaciones lícitas porque los exportadores de drogas se las saben todas. En este sentido,las horas promedio destinadas a trámites en Brasil son solamente 114,5, mientras que en México son 491, en Argentina 808,5 y en Venezuela son 1.043,3. No es por azar que las naciones que andan muy mal en América Latina son Argentina y Venezuela. Estos datos los ha publicado la Red Atlas en su Índice de Burocracia.
https://www.analitica.com/opinion/caminando-en-la-selva-burocratica-y-de-tramites/
