La Asamblea Nacional (AN) de 2020 engavetó, por ahora, las reformas a las leyes electorales que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, prometió una y otra vez para antes del 15 de diciembre.
Pero expertos consultados por Efecto Cocuyo advierten que, pese a no tratarse de una normativa electoral propiamente dicha, la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela (castiga a quienes pidan sanciones internacionales) introduce cambios en materia de inhabilitaciones que van contra la Constitución.
Asimismo, de organizarse elecciones (alcaldes o parlamentarias) entre febrero o marzo, tal como lo plantea el gobernante Nicolás Maduro, las modificaciones que afectan requisitos de elegibilidad para cargos de elección popular se hacen a menos de seis meses de los comicios, lo cual también viola la Carta Magna.
Ley Bolívar incide
“La Ley Bolívar incide en la normativa electoral y, por ende, debe considerarse a la hora de estimar el lapso de no modificación de las leyes electorales consagrado en el 298 constitucional”, señaló el politólogo Jesús Castellanos Vásquez.
El artículo 298 de la Constitución establece que “La ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma”.
“Se viola claramente lo que está en la normativa. La Ley Bolívar es un pretexto para terminar de cerrar los canales de participación en elecciones a la oposición al gobierno”, coincidió un observador electoral nacional que prefirió omitir su nombre para esta nota.
El artículo 9 de la ley establece que no podrán postularse a cargos de elección popular en el momento previo a los comicios quienes hayan participado en la solicitud, respaldado, invocado o promovido, sanciones internacionales por parte de agentes extranjeros; obtenido lucro en la ejecución de medidas administrativas (congelamiento, embargo, confiscación) de activos de la República; invocado acciones armadas que afecten la soberanía nacional así como “ataques cibernéticos”.
Abogados constitucionalistas, como el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apitz, han advertido que dicho artículo consagra una inhabilitación administrativa sin sentencia de por medio por parte de la Contraloría General de la República, lo cual viola el artículo 65 de la Carta Magna que señala que debe haber una condena de por medio.
Ley “tranca vías”
El artículo 13 de la ley complementa con la inhabilitación política hasta por 60 años para ejercer cargos públicos como pena accesoria a la condena impuesta por un juez. El artículo 11 fija prisión de entre 25 y 30 años para toda persona que pida o apoye sanciones, más una multa de 100.000 a un millón de veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV).
“Es evidente que con la Ley Bolívar quisieron trancar todas las vías y por ello dejaron de lado por ahora reformas electorales a fondo que no se descartan más adelante según los intereses del gobierno”, agregó el observador nacional electoral.
El pasado 11 de diciembre, el gobernante Nicolás Maduro pidió a la AN con mayoría del chavismo y al CNE legislar en la regulación de las campañas electorales para evitar, según dijo, que los candidatos incurran en “populismo”, es decir, hacer promesas que no puedan cumplir en caso de ser electos.
“Quedan pendientes nuevas reglas de juego electoral, a la espera de mejores aires para el gobierno de Maduro”, añadió Castellanos Vásquez.
Proceso fallido
Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el Poder Electoral proclamó a Maduro sin mostrar evidencias, Jorge Rodríguez, planteó cambios a las leyes electorales para evitar que “fascistas” pudieran competir en elecciones. Esto, en alusión a quienes no reconocieron el “triunfo” del gobernante.
Rodríguez también pidió que los cambios afectaran a la observación internacional electoral para que “injerencistas” como el Centro Carter y el Panel de Expertos de Naciones Unidas (ONU) no pudieran hacerle seguimiento a los comicios en Venezuela. Ambos observadores denunciaron graves irregularidades en las presidenciales venezolanas.
Posteriormente, el pasado 8 de octubre, se instaló una comisión de diálogo nacional para abordar las reformas y se designaron tres subcomisiones: una para analizar los aspectos constitucionales de las modificaciones, una para trabajar cambios a las leyes de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. Poder Electoral (LOPE) y Procesos Electorales (Lopre) y una tercera para evaluar el funcionamiento de Los partidos políticos.
Rodríguez aseguró que antes del 15 de diciembre estarían aprobadas las reformas electorales de cara a los procesos que corresponden para 2025: elecciones de alcaldes, gobernadores y de la AN.
A principios de noviembre, Rodríguez dio inicio a una consulta nacional para recoger propuestas, tras lo cual, de acuerdo con el diputado e integrante de la subcomisión de técnica electoral, Aníbal Sánchez, no se volvió a convocar a la instancia de diálogo. El legislador del partido El Cambio, de Javier Bertucci, lo atribuyó a la sanción de la Ley Bolívar que cubrió uno de los principales objetivos del chavismo: obstaculizar la participación de la oposición en comicios.
El Parlamento cerró el segundo periodo de sesiones el 12 de diciembre y las reformas no llegaron. En el camino volvieron a quedar propuestas como el respeto a la representación proporcional, la paridad de género, actualización del Registro Electoral, entre otras.
“Ese intento de generar propuestas de reforma electoral en la AN tenía como objetivo principal e inmediato buscar pasar la página del 28 de julio y normalizar el tema electoral, reducir el nivel de tensión existente por el desconocimiento de la voluntad popular en la elección presidencial, pero ese objetivo no fue logrado”, sostuvo Castellanos Vásquez.
Señaló que la ley Bolívar vino a agravar la situación, generada a partir de los comicios presidenciales, por violar abiertamente la pluralidad política y en general derechos humanos, lo cual recalcó, “es contrario a cualquier proceso electoral” a futuro.
La oposición aglutinada en la Plataforma Unitaria Democrática, bajo el liderazgo de María Corina Machado, rechazó el proceso convocado en la AN desde el inicio y se mantuvo firme en la exigencia al CNE para que mostrara los resultados electorales a favor de Edmundo González Urrutia.
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