Por decisión de Nicolás Maduro, presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Julio León Heredia dejó su cargo como gobernador de Yaracuy – que ocupaba desde 2008 por sucesivas reelecciones- para asumir el Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras.
Es el caso más reciente, no el único, por aquello de que un “revolucionario” debe estar “dispuesto” a cumplir con cualquier función, en el frente donde sea requerido. En este caso, el gobernador renuncia “voluntariamente” para asumir la nueva responsabilidad en atención a una orden superior.
Para analistas consultados por Efecto Cocuyo, se pasa por alto el hecho de que no son funcionarios de libre nombramiento y remoción, sino electos por el voto popular para cumplir un mandato de cuatro años, según el artículo 160 de la Constitución.
Voto popular “disminuido”
Para Miguel González Marregot, experto en políticas públicas locales, si bien nada impide legalmente hacer el nombramiento, ni al gobernador en ejercicio renunciar al cargo y aceptar el puesto en el Ejecutivo Nacional, respectivamente, el voto popular “queda disminuido”.
“Esa designación menosprecia el voto popular porque al fin y al cabo ignora la voluntad expresada en elecciones. El ciudadano, el voto y las regiones quedan disminuidos frente al poder nacional”, sostuvo.
Héctor Rodríguez fue gobernador del estado Miranda hasta el 27 de agosto de 2024 (llegó en 2017 y fue reelecto en 2021), cuando Maduro lo designó como ministro de Educación. El mismo día, Apure también se quedó sin el gobernador reelegido en 2021, Eduardo Piñate, quien pasó a ocupar la cartera de Trabajo.
En agosto de 2021, Maduro llamó a la gobernadora de Monagas, Yelitze Santaella, a luchar “por una educación de la más alta calidad en Venezuela”, por lo que debió pasar al frente del Ministerio de Educación.
Con los nombramientos de León Heredia, Rodríguez, Piñate y Santaella, entre otros, Maduro confirmó que ninguno optaría por una nueva reelección en el cargo por el Psuv, por lo que les “adelantó” la salida.
El secretario general de la tolda roja (antes primer vicepresidente), Diosdado Cabello, lleva rato advirtiendo que Maduro evalúa nuevos puestos para quienes no sean escogidos como candidatos en las elecciones regionales y parlamentarias del 27 de abril de 2025.
Práctica “centralista”
González Marregot, del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, subraya igualmente que la especie de “quita y pon” con los gobernadores es cónsona con la política de gobierno centralista que ha caracterizado más de dos décadas de gobiernos chavistas en Venezuela.
“No es extraña esa práctica porque expresa la visión centralista que tiene el Psuv del ejercicio del gobierno y del Estado. La descentralización nunca ha sido bien vista desde Hugo Chávez, en los planes de la nación se les otorga mayor peso a otras figuras territoriales como los distritos motores de desarrollo -cuyas autoridades son designadas por decreto – que a las gobernaciones. En tal sentido, la designación de gobernadores electos a otros cargos es coherente con esa visión centralista”, sostuvo González Marregot.
En agosto de 2021, el entonces gobernador de Aragua, Rodolfo Marco Torre, renunció al cargo sin completar su periodo que vencía en noviembre de ese año, fecha de las elecciones. Días después, Maduro lo nombró ministro para la Atención a las Aguas, cargo que sigue ocupando hoy día. Su antecesor en el cargo, el defenestrado Tareck El Aissami también dejó la gobernación de Aragua en 2017 para convertirse en vicepresidente de Maduro.
“Esas medidas generan más concentración de poder y por ende clientelismo. En detrimento a la apertura de los procesos de participación y decisión popular en los asuntos públicos”, agregó González Marregot.
Alivio de posibles crisis internas
El politólogo Daniel Santolo no descarta que los movimientos de Maduro con los gobernadores también tengan como finalidad aliviar diferencias internas que puedan surgir de coyunturas como las electorales.
“Lo que pudo pasar con León Heredia en Yaracuy es un problema interno debido a que las bases del chavismo han criticado abiertamente a la gestión y para resolverlo, el Psuv acude al mecanismo de nombrarlo ministro para no desprestigiar al gobernador ni dejarlo por fuera, antes de que sean las bases las que no lo postulen. Es como un premio de consolación y podrían esperarse medidas similares con otros gobernadores antes de las elecciones para cargos en el Ejecutivo o a embajadas”, señaló.
Otra intención de Maduro, acotó, es “refrescar” el tren Ejecutivo ante determinadas coyunturas como fue el caso de Héctor Rodríguez que salió de Miranda a la cartera de Educación y a la Vicepresidencia de “Socialismo Territorial”, porque se le atribuye capacidad para la interlocución con factores internos y externos al Psuv, para la negociación y la búsqueda de acuerdos.
Otro ejemplo de gobernadores que fueron a cargos en el Poder Ejecutivo fue el de Aristóbulo Istúriz. Un año y nueve meses antes de que culminara su periodo como gobernador de Anzoátegui, fue llamado por Maduro para ser su vicepresidente Ejecutivo en enero de 2016.
Sustituciones cuestionadas
Pero no solo ha sido cuestionado el hecho de que Maduro saque a un gobernador de su cargo antes de finalizar su mandato, sino los mecanismos a los que se recurre para sustituirlos en el cargo.
En el caso de Yaracuy, el artículo 140 de la Constitución regional establece que si la falta absoluta se produce después de haber transcurrido la mitad del mandato del Gobernador, debe asumir el secretario general de gobierno hasta culminar el periodo.
Sin embargo, medios regionales señalan que pese a que el llamado a ser gobernador encargado hasta el 27 de abril, es el actual secretario de gobierno, Juan Torrealba, aún se desconoce quién será el gobernador encargado de la entidad.
Al salir Héctor Rodríguez de la jefatura regional de Miranda, fue sustituido por el diputado de la Asamblea Nacional por dicha entidad, Elio Serrano. Para entonces, la ONG Acceso a la Justicia observó que Rodríguez debió haber sido reemplazado por su secretario de gobierno, Hugo Martínez, en cumplimiento de la Constitución mirandina.
“Los cambios ocurridos en la Gobernación de Miranda suponen una flagrante violación al modelo de Estado diseñado en la Constitución, en el cual la separación de los poderes, en particular entre el poder central y estadal, está claramente reconocida”, señala la ONG en una nota de prensa, con fecha 1 de octubre de 2024.
La práctica recurrente de nombrar gobernadores o alcaldes sustitutos al margen de lo que dicta la normativa, también se produjo en Apure con Eduardo Piñate.
Dos semanas y media del nombramiento del gobernador como ministro del Trabajo, el propio Maduro anunció que el ingeniero Wilmer Rodríguez era el nuevo mandatario regional de Apure. Se obviaron los mecanismos previstos para llenar la vacante absoluta del gobernador, en este caso, el Consejo Legislativo debía nombrar gobernador encargado hasta que se culminara el periodo. Dicha función recaía en la secretaria de gobierno, Vanesa Celli.
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