El congreso español dio luz verde al primer trámite parlamentario de la Ley de Amnistía para los separatistas catalanes, consiguiendo 178 votos de un total de 350. Se trata de la legislación que fue negociada por Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), como parte del trato para obtener apoyos para su reelección como presidente del gobierno español.
La ley de amnistía es el elemento esencial del pacto que ha permitido a Pedro Sánchez hacerse con la presidencia, a pesar de que su partido perdió las elecciones celebradas en España durante el mes de julio. En aquella contienda electoral, el Partido Popular (PP) resultó el más votado, pero no alcanzó la mayoría necesaria para poder formar gobierno.
Aunque la propuesta de amnistía cuenta con el apoyo de una coalición compuesta principalmente por facciones de izquierda, incluida la izquierda radical y los partidos separatistas vascos y catalanes, es un proyecto que ha provocado una importante polarización en la sociedad española, suscitando críticas y reacciones adversas desde diversos sectores, generando inclusive manifestaciones masivas en todo el país.
Durante el debate de la propuesta en el legislativo, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), tomó la palabra para criticar con vehemencia la ley de amnistía, tachándola de «vergüenza nacional y bochorno internacional». Núñez Feijóo afirmó que «Pedro Sánchez perdió las elecciones y la única forma de seguir siendo presidente era conceder lo que hiciera falta a cambio de su presidencia. Este es el primer pago de una investidura que han comprado”.
Según lo establecido en la norma legislativa española, tras su aprobación en el congreso, esta propuesta de Ley Orgánica será remitida ahora a la comisión competente, iniciándose el plazo para la presentación de enmiendas. No obstante, dado que la ley se ha tramitado como un procedimiento urgente dada la presión de los separatistas, los grupos parlamentarios dispondrán de un estrecho margen de apenas una semana para proponer cambios al texto.
Posteriormente, la comisión tendrá una semana más para elaborar un informe, preparar un dictamen y proceder a la votación del texto en otra sesión plenaria del cuerpo legislativo.
Si bien el gobierno de Sánchez espera que la ley se apruebe y salga rápidamente del foco político, legisladores bajo el liderazgo de Núñez Feijóo aprobaron en noviembre una medida que otorga a la Mesa del Senado la potestad de determinar si procede o no la tramitación acelerada. Esta maniobra ampliaría el plazo de tramitación más allá de los veinte días que se conceden a los proyectos declarados urgentes por el Congreso de los Diputados.
El primer ministro de España, Pedro Sánchez, habla durante un debate parlamentario antes de una votación para elegir al próximo primer ministro de España, en el Congreso de los Diputados en Madrid el 16 de noviembre de 2023. Fotografía de Javier Soriano | AFP
Un impasse en el Parlamento Europeo
Mientras la Ley de Amnistía era registrada y votada en el Congreso de Los Diputados de España, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se encontraba a más de 1.600 kilómetros, en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, Francia, en un debate para celebrar los logros de España durante su presidencia semestral rotatoria del Consejo de la Unión Europea.
Uno de los diputados del Parlamento Europeo, Manfred Weber, político alemán de la Unión Social Cristiana de Baviera y presidente del Partido Popular Europeo, cuya ideología conservadora se alinea con los valores de la oposición española del PP, criticó a Sánchez durante la sesión del parlamento el pasado miércoles 13 de diciembre.
Lo acusó de «dividir Europa”, de burlarse del Estado de Derecho y de la separación de poderes en España por absolver delitos como malversación y mala administración, cometidos por dirigentes catalanes, con el único fin de obtener la presidencia del gobierno español en beneficio propio.
Weber también mencionó la cuestión de la amnistía, afirmando ante el presidente español que «un principio básico de la democracia es decir la verdad a la gente antes de las elecciones». Reprochó a Sánchez que inicialmente se hubiera comprometido a no conceder la amnistía y que incluso la calificara como inconstitucional, para luego acceder a ella ante su desfavorable panorama político dado el resultado de las elecciones.
Sánchez respondió a las críticas de Weber con su acostumbrada narrativa.
«No es optar por la reunificación y la superación de la disputa política lo que amenaza a la democracia. En absoluto. La verdadera amenaza en España y en Europa es el ascenso de la ultraderecha», dijo.
España es una democracia plena.
España tiene un Estado de derecho robusto y un Gobierno absolutamente legítimo y capaz.
Les invito a no confundirse de enemigo.
Ese error ya lo cometió una vez Europa y lo pagó muy caro. pic.twitter.com/Bo5M1p0xzJ
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 13, 2023
La frágil coalición de Sánchez mantiene viva la incertidumbre en España
El grupo parlamentario que le concedió a Sánchez la presidencia del gobierno al cerrar la brecha de votos que necesitaba para formar mayoría, le impone ahora su agenda, comenzando por la amnistía, con un apoyo cada vez menor de los ciudadanos españoles.
La amnistía ha dividido profundamente a los socialistas de Sánchez. Una encuesta publicada el lunes en el diario El Mundo muestra que el 45,8% de los electores que votaron en las elecciones de julio se oponen a la medida. Según el sondeo, casi dos millones de votantes del PSOE hoy se arrepienten de haber apoyado a Sánchez, y aseguran que, si pudieran, cambiarían su voto.
La fragilidad de la coalición que le permitió a Sánchez permanecer en el poder exige condiciones para sostener la mayoría parlamentaria para asegurar la continuidad del actual presidente de gobierno. Cualquier desacuerdo o incumplimiento de las condiciones del pacto con los separatistas podría darle al PP y a Vox los votos necesarios para introducir una moción de censura contra Sánchez, pasado el primer año de su nuevo período presidencial.
El expresidente de la región de Cataluña, Carles Puigdemont, ha lanzado una severa advertencia a Pedro Sánchez, señalando posibles «consecuencias desagradables» si persisten los incumplimientos del pacto por parte del PSOE.
Desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Puigdemont reprochó a Sánchez no haber conseguido el reconocimiento oficial de la lengua catalana en la Unión Europea y acusó al reelecto gobierno español de engañar a sus aliados políticos con respecto a este asunto, señalando que desde un principio no tenían capacidad real para garantizar el cumplimiento de esta promesa.
España se encuentra actualmente en una de las coyunturas políticas más complejas en su historia reciente, ya que las deliberaciones parlamentarias se centran en la esencia misma de la democracia.
El debate gira en torno a las condiciones de la amnistía, que pueden vulnerar la separación fundamental entre los poderes del Estado y comprometer la autonomía judicial, todo ello para favorecer a determinadas facciones políticas y garantizar la continuidad de Sánchez al frente del país.
A pesar de los posibles retrasos que pueda enfrentar la Ley de Amnistía en el cuerpo legislativo, el gobierno prevé que el proyecto esté aprobado para 2024. Una vez que eso ocurra, el foco de atención se desplazará al Tribunal Constitucional y al poder judicial europeo, que podrían adoptar recursos para echar atrás la validez de la nueva legislación.
Por ejemplo, en España, la Sala Penal del Tribunal Supremo podría plantear el debate sobre la constitucionalidad de la ley, por un lado, o remitir una cuestión prejudicial a Europa, por otro. Cualquiera de estas acciones abriría un período de revisión para determinar si la Ley de Amnistía debe continuar vigente.
En todo caso, con la aprobación inminente del proyecto de Ley de Amnistía, la crisis de gobernabilidad en España continúa profundizándose, con un gobierno cuya sostenibilidad depende de los designios de los separatistas, con cada vez menos apoyo de la sociedad española.
