La Asamblea Nacional (AN) de 2020 aprobó un acuerdo en respaldo a la convocatoria a elecciones estadales y parlamentarias, para el 27 de abril de 2025, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Pero el Parlamento dominado por el chavismo no se quedó allí. El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, informó que se oficiaría además al Poder Electoral para que se aplique la Ley Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista para las postulaciones de candidatos a gobernadores, así como aspirantes a diputados regionales y nacionales.
“No más. Para defendernos del terrorismo y el fascismo, el Bloque de la Patria aprobó la ley Libertador Simón Bolívar, propongo que la Asamblea Nacional oficie al CNE a los efectos de que en el momento de las postulaciones se apliquen las leyes aprobadas. Las leyes no son retroactivas, pero si después de aprobada la ley, siguen pidiendo sanciones y máxima presión y lo han hecho, se les debe aplicar la ley con todo rigor a los dirigentes y sus partidos”, instó Rodríguez.
Piden cumplir Ley de Partidos Políticos
Durante la sesión ordinaria de este martes 28 de enero, en el Palacio Legislativo, Rodríguez advirtió que “el peligro está latente” porque hay un sector de la vida política venezolana “que usa las elecciones para la conspiración, para el robo, tráfico de armas, personas”.
Sostuvo que ello ocurrió tras las elecciones parlamentarias de 2015, cuando la oposición ganó la mayoría de la AN y con algunos alcaldes luego de los comicios de 2021.
“Algunos alcaldes y alcaldesas fronterizos, han traído mercenarios y paramilitares desde Colombia. Quién quemó, llamó a matar, no puede venir ahora con la cara lavada a decir que es candidato, no les vamos a perdonar nada. O estás adentro o no estás”, fustigó.
Previamente intervino el diputado (Psuv), Francisco Ameliach, quien solicitó que también se haga cumplir la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones en su artículo 32, según el cual la no participación en dos elecciones nacionales en dos periodos seguidos, acarrea la cancelación de partidos políticos.
Recalcó que ello aplica para las organizaciones políticas que no presentaron candidaturas para las elecciones presidenciales de 2018 y las parlamentarias de 2020, por lo que subrayo, debe “estar cancelada” la inscripción del partido ante el Poder Electoral.
Ameliach enfatizó que el chavismo debe velar porque la normativa se respete porque él mismo solicitó la desaplicación del mencionado artículo para promover que la oposición participara y la respuesta, sostuvo, fue un supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018, el intento de insurrección militar y de “intento de invasión” en la frontera en 2019 e incursión de mercenarios a territorio venezolano, entre otros hechos.
Sanciones administrativas y penales
En una detallada exposición pero sin mencionar nombres de partidos políticos, Ameliach sostuvo que la oposición ha violado otros aspectos del artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos como es el respeto a las leyes y la Constitución, contenido en la declaración de principios que presentan ante el CNE para inscribirse; no tener relación alguna con organizaciones paramilitares y no aceptar donaciones de ninguna organización extranjera.
En el último punto dijo que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) donó 507 millones de dólares a los adversarios políticos para “desestabilizar” al gobierno de Maduro.
“Cantaron fraude en las elecciones de alcaldes de 2017, no participaron en la Constituyente, en las presidenciales de 2018, ni en las Parlamentarias de 2020. Deben firmar documento acatando los resultados que emanen del CNE. El Gran Polo Patriótico reconocerá los resultados emanados de las máquinas de votación el 27 de abril”, secundó Rodríguez para luego afirmar que de todas formas el Psuv ganará dichos comicios.
En el acuerdo quedó plasmado que quien no reconozca los resultados del CNE ni sus actuaciones podría estar sujeto a “sanciones administrativas y penales”.
La Alianza Democrática en voz del diputado de 2020, Bernabé Gutiérrez (AD judicializada), apoyó el acuerdo y pidió a los electores “hacer caso omiso” a los llamados de María Corina Machado – a quien se refirió solo como “señora”- a la abstención, porque ello favorece al Psuv.
Otro diputado de la Alianza, José Gregorio Correa, pidió que en el acuerdo se incluya el respeto a los resultados electorales del 28 de julio, anunciados por el CNE a favor de Maduro. Esto, pese a que el ente comicial no ha mostrado las actas de votación que comprueban la reelección del líder del Psuv.
Correa, también de AD judicializada, dijo que quien no reconoce dichos resultados no puede ocupar una curul en la AN ni ser gobernador porque estaría promoviendo una “estafa” al pueblo venezolano. En respuesta, Rodríguez pidió incluir en el acuerdo la ratificación del apoyo al CNE en los resultados electorales presidenciales emitidos y que deben ser respetados.
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