La defensa de Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde el fin de semana pasado, dijo este sábado que está a la espera de una reunión con las autoridades judiciales del país caribeño para cerrar el caso en su contra.
“Se está a la espera, luego de declaraciones que hiciera el fiscal general de la república (Tarek William Saab) el fin de semana pasado, de una nueva reunión en la cual ya se traten los aspectos relativos al cierre judicial del caso, una vez que Edmundo González Urrutia se ha retirado del país y se encuentra en territorio español”, dijo su abogado, José Vicente Haro, en una entrevista con Televisión Española (TVE) este 14 de septiembre.
Este fin de semana se cumplen 7 días desde que González viajó a España tras una solicitud de asilo, al considerar que en Venezuela sufría persecución política y judicial después de los comicios del 28 de julio, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro, algo que es considerado como un “fraude” por la oposición mayoritaria, que insiste en la victoria de su abanderado.
Ese domingo, Saab dijo que, con la salida del país del opositor, “ocurrió el capítulo final” de una obra con “sangre, sudor y lágrimas” que -aseguró- causó “zozobra” entre la población.
Haro dijo este sábado que el próximo paso será, “definitivamente”, el de “cerrar esa causa” contra el líder de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), señalado por el chavismo de delitos como “usurpación de funciones”, “forjamiento de documento público”, “instigación a la desobediencia de leyes” y “conspiración”, entre otros.
“Es necesario cerrar judicialmente el asunto, el caso, ante los tribunales”, sostuvo el letrado, algo que -explicó- tiene que “gestionar ante el Ministerio Público (MP, Fiscalía)” en “una comparecencia” para “cumplir con las formalidades correspondientes”.
Agregó que se insistirá en que González Urrutia “no ha cometido delito” alguno.
González fue llamado a declarar ante la Fiscalía en tres ocasiones debido a una investigación en su contra, relacionada con la publicación, en una página web, del “83,5 % de las actas” obtenidas a través de personas que fueron testigos y miembros de mesa en la jornada electoral y que reflejan, según la PUD, la “victoria” del excandidato.
Al no presentarse, un tribunal emitió una orden de aprehensión contra el opositor, que se mantenía refugiado, desde hace más de un mes y hasta el 5 de septiembre, en la Embajada de Países Bajos, desde la que se trasladó a la de España, donde permaneció hasta el sábado 7 de septiembre, cuando salió de Venezuela.
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