Las elecciones de gobernadores y diputados en Venezuela, previstas para el próximo 25 de mayo, se desarrollan bajo un manto de incertidumbre y críticas. Expertos advierten que la ausencia de una convocatoria oficial y la falta de un cronograma claro, sumadas a una “informalidad” preocupante, podrían socavar la legitimidad del proceso electoral y, con ello, la del voto de los ciudadanos.
El proceso para las elecciones regionales y parlamentarias ha sido tan irregular que, a poco más de dos meses de la fecha fijada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha presentado un calendario formal ni ha impulsado una campaña informativa oficial sobre etapas clave ya cumplidas, como el corte del padrón electoral. Esta opacidad ha encendido las alarmas entre analistas y politólogos, que señalan que el organismo no está garantizando las condiciones mínimas para un proceso transparente.
El espacio #CocuyoClaroyRaspao de este jueves por la noche tuvo como invitado al periodista José Gregorio Yépez, quien analizó ese camino hacia esos comicios, que ya lucen polémicos sin haber comenzado.
Vea la entrevista completa aquí:
Aquí está un resumen en claves de la entrevista con Yépez sobre las elecciones en Venezuela previstas para el 25 de mayo de 2025:
Contexto internacional: El entorno global ha cambiado, y factores como la recompensa de 25 millones de dólares sobre Nicolás Maduro complican las dinámicas internas, limitando las opciones de la oposición para influir sin cohesión ni herramientas claras.
Opacidad del CNE: El Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha proporcionado un cronograma claro ni información suficiente sobre las elecciones de gobernadores y diputados, generando incertidumbre a menos de dos meses de la fecha reprogramada.
Deudas pendientes: El CNE arrastra críticas por no publicar resultados detallados de las presidenciales del 28 de julio de 2024, lo que mina su credibilidad. Además, no hay campañas para incentivar la inscripción en el registro electoral ni claridad sobre la participación de partidos opositores.
Falta de interés del gobierno: Yépez y el entrevistador, Xabier Coscojuela, coinciden en que el gobierno no parece interesado en fomentar la participación ciudadana, para consolidar su base, en un contexto de desmovilización opositora post 28 de julio.
Estrategia oficialista: El adelanto de las elecciones al primer semestre de 2025 busca aprovechar la frustración opositora tras las presidenciales. El gobierno impone condiciones y candidatos, ignorando la voluntad popular.
Dilema opositor: La oposición enfrenta una división entre participar o abstenerse. Yépez aboga por la movilización y el voto como herramientas para presionar al gobierno, mientras el entrevistador cuestiona su utilidad tras el supuesto fraude del 28 de julio.
Liderazgo de María Corina Machado: Aunque lidera la oposición tras las primarias de 2023, su estilo no consultivo genera tensiones con otros dirigentes. Su llamado a la abstención en 2025 contrasta con su éxito al “salirse de la caja” en el pasado.
Participación como presión: Yépez insiste en que la abstención no ha sido históricamente efectiva en Venezuela y que la movilización ciudadana es clave para forzar una negociación con el gobierno, algo que el entrevistador duda por la falta de disposición oficialista.
División opositora: Figuras como Henrique Capriles y Manuel Rosales llaman a participar, mientras otros optan por la abstención. La falta de un propósito claro (cambio político o liderazgo interno) debilita la estrategia opositora.
Negociación inevitable: Yépez cita a Pedro Nikken: “Siempre se negociará, antes o después de los muertos”. Propone que la presión interna (voto, protesta pacífica) es esencial para forzar un diálogo, dado que el gobierno solo negocia con actores externos como Estados Unidos.
Ahora, con la nueva fecha fijada para el domingo 25 de mayo, las críticas no cesan. Especialistas consideran “grave” el incumplimiento de leyes y procedimientos electorales, y alertan sobre el impacto que esto podría tener en la credibilidad de los funcionarios electos.
La situación pone en entredicho no solo la capacidad organizativa del ente electoral, sino también la confianza en un proceso que, según los expertos, podría quedar marcado por la ilegitimidad antes de siquiera comenzar.
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