El 21 de noviembre de 2021, el Poder Electoral realizó de manera conjunta las elecciones de gobernadores y alcaldes. Cuatro años después organiza los comicios para elegir a los mandatarios regionales, pero esta vez los convoca junto a la votación para escoger a los diputados de la Asamblea Nacional (AN).
Pero no es la única diferencia entre el proceso celebrado en 2021 y el que está por darse el 27 de abril de 2025. Mucha agua ha corrido y de acuerdo con expertos electorales, el deterioro de las condiciones democráticas ha sido evidente, llegando a un punto máximo a partir del 28 de julio de 2024: no hay garantía de respeto a la voluntad popular que se exprese en las urnas.
“Las elecciones regionales de 2021 se producen en el marco de una negociación que permitió una nueva composición del organismo electoral menos desequilibrada. El evento del 27 de abril se genera luego del desconocimiento de la voluntad popular de la elección presidencial del 28 de julio”, señaló el politólogo, Jesús Castellanos Vasquez, como punto de partida.
¿Cuál fue el contexto de las elecciones regionales de 2021 y en qué condiciones se hacen cuatro años después? Veamos las principales diferencias.
Del CNE “negociado” al CNE de Amoroso
El Consejo Nacional Electoral (CNE) que organizó las elecciones municipales y estadales de 2021 fue producto de negociaciones que no se hicieron públicas entre el gobierno y la oposición. El 4 de mayo, la AN de 2020 designó al que se consideró el CNE “menos desequilibrado” desde 2003.
La directiva del ente comicial quedó 3 a 2, a favor del chavismo, con el nombramiento de Enrique Márquez y Roberto Picón, ligados a la oposición y la sociedad civil, como rectores principales, más los rectores suplentes Griselda Colina del Observatorio Global de Comunicación y Democracia y León Arismendi de un total de 10 suplentes. Márquez además quedó como vicepresidente del CNE.
El chavismo obtuvo la mayoría con Pedro Calzadilla como presidente, acompañado por Tania D´Amelio y Alexis Corredor, más los suplentes, Conrado Pérez, Carlos Quintero, Francisco Garcés, Leonel Parica, Rafael Simón Chacón, Francisco Martínez, Gustavo Vizcaíno y Saúl Bernal.
Las gestiones de Márquez y Picón dieron paso al regreso de la oposición mayoritaria a los procesos electorales -no concurría desde las parlamentarias de 2015 por falta de garantías democráticas- a la observación internacional independiente de la mano de la Misión Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) y a unos resultados electorales aceptados por las partes en líneas generales, con excepción del caso Barinas.
Lo bueno duró poco. Con la mirada puesta en las presidenciales de 2024, el chavismo sorprendió con una jugada: en junio de 2023, los rectores vinculados al chavismo, encabezados por Calzadilla, «renunciaron» a sus cargos sin explicación alguna, lo que sirvió de justificación para que la AN de 2020 anunciara una nueva renovación del ente comicial.
El nuevo proceso arrojó la designación del excontralor general de la República, Elvis Amoroso como presidente; la secretaria de la AN de 2020 y viuda del dirigente del Psuv, Darío Vivas, Rosalba Gil; la exdirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT) Aime Nogal; Juan Carlos Delpino, vinculado con Acción Democrática, y Carlos Quintero (nombrado vicepresidente). Entre los suplentes, destacaron los independientes Tulio Ramirez (postulado por el Foro Cívico) y la abogada Ana Julia Niño.
Un exrector preso y otro en el exilio
En teoría, la correlación de fuerzas en el Poder Electoral de 2023, era de 3 a 2 a favor del chavismo al igual que el de 2021, pero el desempeño del actual CNE ha sido muy distinto al anterior. En una oportunidad Delpino denunció que las decisiones las tomaba solo Amoroso sin convocar a directorio y que su relación con Nogal no era cercana. Nogal sigue siendo rectora tras avalar la proclamación de Maduro.
Así se organizaron las presidenciales del 28 de julio. Se anularon tarjetas partidistas, entre ellas la del Movimiento al Socialismo (MAS), se bloquearon candidaturas como la de la académica Corina Yoris por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), se pusieron obstáculos para el trabajo de los testigos en las mesas electorales y al final de la jornada se anunció como ganador a Nicolás Maduro sin mostrar las actas de votación, en medio de denuncias de fraude de la oposición bajo el liderazgo de Maria Corina Machado.
Sin publicar la convocatoria y el apretado cronograma electoral en Gaceta, tampoco lo hizo con los resultados del 28 de julio, el CNE fija el 27 de abril como fecha para las nuevas elecciones, siete meses antes de que se venza el periodo constitucional de los actuales gobernadores. Amoroso sigue sin dar explicaciones sobre la negativa a mostrar las actas de votación de las presidenciales.
“El CNE de la Elección Regional 2021 se estrenaba en ese proceso y contaba, al tener una directiva menos desequilibrada, con un mayor nivel de credibilidad que sus predecesores. El CNE del evento del 27 de abril cuenta con un altísimo cuestionamiento y ninguna credibilidad por su actuación en el referendo consultivo de 2023 (sobre el Esequibo) y especialmente por la elección del 28 de julio”, sostuvo Castellanos Vasquez.
Por si fuera poco, el exvicepresidente del CNE y excandidato presidencial, Enrique Márquez está detenido e incomunicado desde principios de enero sin que hasta ahora se conozca de que se le acusa, mientras que el rector Delpino se fue al exilio y fue destituido por la AN de 2020, señalado de participar en un plan conspirativo que incluyó un “ataque cibernético” al ente comicial.
¿Qué pasa con la oposición?
Las negociaciones para las elecciones de 2021, en las que no estaba en juego la permanencia del chavismo madurismo en Miraflores, tuvieron como resultado importante el regreso de la oposición mayoritaria a la ruta electoral que decidió no transitar desde 2015 por falta de garantías democráticas.
Así, el CNE permitió la habilitación de la tarjeta de la MUD (la de la manito), invalidada en 2017 con la excusa de la doble militancia que junto a las tarjetas de UNT, Convergencia y Movimiento por Venezuela (MPV) postularon candidaturas unitarias a las gobernaciones y alcaldías. La oposición obtuvo cuatro gobernaciones y más de 100 alcaldías.
Para 2025 y luego del desconocimiento de la voluntad popular del 28 de julio, a favor de Edmundo González Urrutia, según 85% de las actas de votación divulgadas por el Comando con Venezuela, la oposición se vuelve a dividir entre participar o abstenerse.
¿Quienes están en contra de ir a nuevas elecciones hasta que no sea acatada la voluntad popular del 28 de julio? La líder opositora, María Corina Machado y González Urrutia, el partido Primero Justicia (PJ) encabezado por María Beatriz Martínez y Juan Pablo Guanipa, Voluntad Popular (VP), la Causa R y Proyecto Venezuela.
Otras organizaciones de la Plataforma Unitaria Democrática como UNT y MPV, además de la posición personal del excandidato presidencial y fundador de PJ, Henrique Capriles, ya se mostraron a favor de participar a pesar de los obstáculos. El resto de los partidos de la coalición opositora, a saber Acción Democrática (AD), Copei de Roberto Enriquez, Convergencia de Biagio Pilieri (actualmente privado de libertad) y Encuentro Ciudadano no han fijado una posición pública al respecto.
Una semejanza entre ambos procesos electorales es que los partidos políticos de oposición que fueron intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) previo a las parlamentarias de 2020, continúan en la misma situación con directivas impuestas, aliadas a la administración de Maduro y sin tarjetas electorales. Es el caso de Acción Democrática (AD), VP, PJ, Copei y Bandera Roja, entre otros.
Para 2025 otra espada de Damocles pesa sobre los partidos. La amenaza de aplicación de la Ley Simón Bolívar que castiga con inhabilitaciones políticas a quienes apoyen sanciones internacionales contra la gestión de Maduro. De manera reiterada, altos voceros del chavismo como Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello han advertido que quienes apoyen sanciones o hayan recibido financiamiento de organismos extranjeros para “desestabilizar”, no pueden inscribir candidaturas para las próximas elecciones.
El CNE fijó entre el 5 y el 8 de marzo la postulación de las candidaturas a gobernaciones y Consejos Legislativos con incidencia en la boleta electoral. Hasta el 11 de marzo podrá admitirlas o rechazarlas. Del 13 al 17 de marzo recibirá impugnaciones de las postulaciones y el 18 de marzo decidirá si proceden o no.
Barinas fue un ensayo
“Las elecciones regionales de 2021, se producen tras procesos electorales con múltiples vicios o fraudulentos como lo fue la elección presidencial 2018 y las parlamentarias de 2020, aunque en ellos no hubo alteración en los resultados arrojados por el sistema automatizado de votación y se efectuó la publicación de resultados electorales respectivos en Gaceta Electoral y en su página web. El evento del 27 de abril se organiza sin haber cerrado la elección presidencial del 2024, al no haber publicado los resultados electorales en la Gaceta después de más de seis meses, ni en su página web”, apuntó el politólogo.
Hace casi cuatro años, el chavismo reconoció los triunfos opositores en las gobernaciones de Cojedes, con Alberto Galíndez de PJ, Nueva Esparta con Morel Rodríguez de Fuerza Vecinal y Zulia con Manuel Rosales de UNT, mas no en Barinas, estado natal de Hugo Chávez, con Freddy Superlano de VP, con escasa diferencia sobre Argenis Chávez. El TSJ intervino por encima de la competencia del CNE y ordenó repetir los comicios en ese estado, el 9 de enero de 2022. La oposición volvió a derrotar al chavismo con Sergio Garrido, quien sí logró ser proclamado.
Vale acotar que Superlano permanece detenido desde el 30 de julio de 2024. Familiares han denunciado incomunicación, torturas y negación del derecho a la defensa.
Para quienes están a favor de la participación el 27 de abril sostienen que “no hay que dejarle el camino libre” al gobierno y “obligarlo a robarse” las elecciones de gobernadores y parlamentarias, así como ocurrió con las presidenciales, al demostrarse, de nuevo, que es minoría.
Está por verse si, al no estar en juego Miraflores, el chavismo deja correr candidaturas opositoras y hasta ganar en algunas gobernaciones, a cambio de reconocimiento a Maduro y al CNE o si termina de cerrar el grifo, bien sea porque no permita a partidos y candidatos participar o decida “no entregar” ninguna gobernación.
Observación internacional y Registro Electoral
Para las elecciones regionales de 2021 fue acreditada como observador internacional la MOE-UE. El seguimiento antes, durante y posterior de los comicios fue reflejado en dos informes de la misión de observación en los que se destacó el poco poder sancionatorio del CNE frente al ventajismo del partido de gobierno Psuv. También, la injerencia del TSJ sobre sus decisiones como poder autónomo, más las inhabilitaciones políticas aplicadas a discreción que impidieron a dirigentes opositores y del chavismo disidente, participar como candidatos, entre otras irregularidades.
El primer informe le valió la expulsión a la misión de territorio venezolano, razón por la cual el segundo fue presentado desde el exterior. Jorge Rodriguez había jurado que la UE jamás volvería a Venezuela para un proceso electoral y lo cumplio, no fueron invitados para las presidenciales de 2024, tampoco lo estarán para las elecciones conjuntas de abril de 2025.
También parecen descartadas otras organizaciones de observación electoral independientes como el Centro Carter y el Panel de Expertos de Naciones Unidas (ONU), luego de que no avalaran los resultados emitidos por el CNE el 28 de julio, a favor de Maduro.
Otra garantía ausente para las regionales de 2025 y que sí estuvieron en las elecciones de 2021, fueron las jornadas de inscripción y actualización del Registro Electoral. Hace cuatro años se habilitaron 783 puntos y 1.000 máquinas durante 45 días en todo el país, de cara al 27 de abril ni uno.
Castellanos Vasquez insiste en que al no estar publicada la convocatoria a elecciones del 27 de abril en Gaceta (si se cumplió con este requisito en 2021), carece de validez legal. La página web del CNE en la que debería estar publicado el cronograma y todas las decisiones que se vayan tomando sobre la organización de los comicios, también permanece inactiva.
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