El chavismo, por un lado, dice promover la participación en las próximas elecciones conjuntas (parlamentarias y regionales), más allá del Gran Polo Patriótico (Psuv y aliados). Pero por el otro, advierte sobre la aplicación de la Ley Libertador Simón Bolívar, que contempla inhabilitaciones políticas contra quienes apoyen sanciones internacionales contra la administración de Nicolás Maduro.
Desde la Asamblea Nacional (AN), el diputado Francisco Ameliach (Psuv) expuso otro criterio, apoyado en la Ley de Partidos Políticos Reuniones Públicas y Manifestaciones. Según su interpretación del artículo 32, las organizaciones que no postularon candidaturas en las presidenciales de 2018 y las parlamentarias de 2020 se verán impedidas de participar en los comicios fijados por el Poder Electoral para el 27 de abril.
Para entender las jugadas que plantea el oficialismo, Efecto Cocuyo habló con expertos electorales, politólogos y miembros de partidos políticos y advirtieron que al margen de la legalidad y de manera “discrecional”, el chavismo decidirá quiénes pueden ser candidatos y quiénes no en los comicios parlamentarios y regionales, con la anuencia del Consejo Nacional Electoral (CNE).
De acuerdo con el cronograma que dio a conocer por el CNE, las postulaciones para el 27 de abril deben hacerse entre el 5 y el 8 de marzo.
La Ley Bolívar
La Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela la sancionó el Parlamento dominado por el chavismo el 28 de noviembre de 2024.
La AN de 2020 anunció que oficiará al CNE para que aplique dicha normativa de cara a las elecciones parlamentarias y regionales de 2025. Su presidente, Jorge Rodríguez, aclaró que no tendría efecto retroactivo, pero sostuvo que hay políticos y partidos que después de su sanción continúa apoyando las sanciones y pidiendo “máxima presión” contra Maduro.
“La ley Libertador Simón Bolívar es inconstitucional porque establece inhabilitaciones de oficio y hasta por 60 años como pena accesoria a una condena de 30 años. Se pretende aplicar contra los venezolanos para inhabilitarlos, para evitar la participación y perseguir a la disidencia. Está por verse cuál será el alcance que se le dará para estas elecciones en el sentido de contra quien se va a aplicar”, advirtió la vicepresidenta del Movimiento al Socialismo (MAS), María Verdeal.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento por Venezuela (MPV), por ejemplo, postularon la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia, quien desde enero hace una gira internacional para solicitar a los países una mayor presión sobre Maduro, para que acepte su derrota en las presidenciales del 28 de julio y permita una transición a la democracia en forma pacífica.
Dicha presión es interpretada por el chavismo como apoyo a las sanciones, por lo que dichas tarjetas, en caso de querer participar en los comicios (algo que no han anunciado), se podrían ver afectadas de cara al 27 de abril, desde la óptica del chavismo.
El artículo 12 también castiga con inhabilitaciones para optar por cargos de elección popular a quienes incurran en actos contra la soberanía nacional e integridad territorial e instiguen acciones armadas o de fuerza por parte de agentes extranjeros, grupos de Estados o corporaciones internacionales.
“Lo que busca el chavismo con las nueve elecciones que anunció Jorge Rodríguez para este año, empezando por las gobernadoras y parlamentarias, es volver a tener el control, reelegitimar algunos poderes públicos, pero sin peligro para la permanencia en Miraflores. El chavismo quiere una elección controlada, como la presidencial de 2018 y la parlamentaria en 2020, en las que no participe la oposición mayoritaria para evitar mayores riesgos, además de intentar pasar la página del 28 de julio”, aseguró el politólogo Enderson Sequera.
Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones
En el oficio para el CNE, Ameliach solicitó que también se haga cumplir la Ley de Partidos Políticos en su artículo 32, según el cual la no participación en dos elecciones nacionales en dos periodos seguidos, acarrea la cancelación de partidos políticos. Se refirió a las presidenciales de 2018 y las parlamentarias de 2020, obviando las presidenciales de 2024.
El criterio de Ameliach afectaría también tarjetas como la de la MUD, UNT, Centrados y Movimiento Por Venezuela (MVP), entre otras. Centrados postuló a Enrique Márquez, detenido desde el 7 de enero sin que hasta ahora se conozcan los motivos y tampoco su sitio de reclusión. Márquez no reconoció los resultados electorales del 28 de julio, anunciados por el Poder Electoral a favor de Maduro, sin mostrar las actas de votación.
“El literal c del Artículo 32 se refiere a períodos constitucionales. Esta Ley es preconstitucional aunque fue modificada parcialmente en 2010. Al momento de su promulgación (1967) había un solo periodo constitucional, de cinco años. La Constitución establece diferentes periodos constitucionales: 6 años para Presidente de la República, 5 para la AN y 4 poderes regionales y municipales. Interpreto que debe establecerse un periodo constitucional de referencia; por ejemplo, el de la AN. Dos períodos constitucionales distintos no deberían constituir un parámetro. Eso es un vacío”, sostuvo el experto electoral, Jesús Castellanos Vásquez.
A juicio del politólogo, la de Ameliach es una “interpretación a conveniencia” que se usará a discreción contra quien representen una amenaza contra el chavismo. No descarta que la aplicación de las mencionadas leyes dependa también de negociaciones políticas, por lo que partidos como UNT, apunta, podrían pasar el “filtro” si accede a ir a elecciones como una manera de legitimar la convocatoria del CNE, pese a lo ocurrido el 28 de julio.
“Aunque hay sectores dispuestos a participar, con esos filtros, no lo van a poder hacer. Pero creo que el chavismo tiene la disposición de dejar participar a Manuel Rosales porque entiende que su participación y de UNT como partido podría ser un elemento que fomente la división dentro de la Plataforma Unitaria, que divida la estrategia de la oposición. No hay nada que le convenga más al chavismo que la Plataforma se quiebre. Los incentivos para Rosales serían muy elevados para participar en esta elección y el chavismo asumiría el costo de darle el Zulia a UNT y a Rosales”, coincidió Sequera.
La abstención sumará
Verdeal señaló que, a partir de las peticiones de Ameliach, el MAS debería poder participar este 2025, puesto que postularon candidaturas en 2018 y 2020 con tarjeta propia. Sin embargo, dijo que priva la incertidumbre sobre los criterios que usa el CNE para validar a un partido, por cuanto, recordó, la tarjeta de la tolda naranja se anuló para las presidenciales del 28 de julio sin que se ofrecieran explicaciones.
“La participación de los partidos es una incógnita. No se puede ir a elecciones con una pistola en la sien y solo bajo las directrices que quiere establecer el gobierno. Eso le hace un flaco servicio al ejercicio democrático, con todos los cuestionamientos que hay sobre el sistema electoral actualmente en Venezuela”, manifestó Verdeal.
Sequera añadió que otro elemento que permitirá al chavismo controlar las próximas elecciones, más allá de las “maniobras” con las leyes, es la baja participación que se espera del electorado en general tras ser desconocida la voluntad popular del 28 de julio, a favor de González Urrutia. Afirmó que con una mínima movilización el Psuv lograría hacerse con la mayoría de escaños en la AN y de las gobernaciones.
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