De designado por un Hugo Chávez al borde de la muerte, como su sucesor y ganador por menos de 200.000 votos en las elecciones de 2013, Nicolás Maduro sobrevivió a 2018 apoyado por las fuerzas represivas del Estado, para contrarrestar las masivas protestas ciudadanas de 2014 y 2017 que demandaban respeto a la democracia y soluciones a la crisis económica.
En 2018 logró reelegirse frente a un disminuido políticamente, Henri Falcón. Antes, el gobernante y su entorno, vía Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Asamblea Nacional Constituyente de 2015 y Consejo Nacional Electoral (CNE) procuró sacar del camino a todos los candidatos y partidos con posibilidades de vencerlo, mediante inhabilitaciones de opositores y anulación de tarjetas de toldas políticas.
¿Cómo llega Maduro a un tercer mandato? Analistas consultados por Efecto Cocuyo señalaron que ante el creciente descontento popular por malas políticas de gobierno, al chavismo no le ha quedado más que arreciar la represión contra la disidencia y cruzar una de las últimas líneas rojas: desconocer la voluntad de los electores el 28 de julio.
Lo esperable, advirtieron, de un nuevo periodo, si la estrategia opositora no logra revertir la situación, es la “destrucción” del poco tejido social restante y la “aniquilación” de los derechos civiles, como única vía para sostenerse “a la fuerza”.
Entierro de su legitimidad
“En este tercer periodo eliminará lo poco que queda del tejido institucional y hará imposible la vida cívica y el libre ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los venezolanos. Anulando toda posibilidad de libertades y derechos civiles es como podrá intentar sobrevivir en esta oportunidad. Y aún así, su situación siempre será de inestabilidad y emergencia. Se mantendrá entre sobresaltos institucionales y asaltos permanentes al Estado de Derecho. Hasta cuando le dure”, expresó el consultor político Luis Toty Medina Gil.
El analista político sostuvo que la legitimidad de origen “siempre ha sido un saldo a deber” por parte de Maduro. Primero, por la opacidad que rodeó el fallecimiento de Chávez y luego la manera cómo se le designó como presidente encargado. La Constitución establece en su artículo 233 que si la falta absoluta se produce antes de que el presidente electo tome posesión (Chávez no juró ante la AN) debe asumir el titular del Parlamento mientras se llama a elecciones en 30 días, entonces era Diosdado Cabello.
El 14 de abril de 2013 hubo comicios y, de acuerdo con el Poder Electoral, Maduro venció a Henrique Capriles con 50, 61% de la votación, frente a 49,12%. Capriles impugnó los resultados, pero su recurso no prosperó ante el CNE.
“La elección de 2018 tampoco llevó aguas para el molino de la credibilidad y confianza en la presidencia de Maduro. Muy por el contrario, fue justamente esa elección, la que dio origen al desconocimiento internacional de su autoridad. Lo cual posteriormente llevaría a la declaratoria de vacancia de la jefatura de Estado y la designación de un gobierno interino reconocido por las 60 democracias más importantes del mundo. Ahora, el 28 de julio significó el clavo final al ataúd de la legitimidad de la presidencia de Maduro”, recalcó.
La “fuerza” contra la disidencia
En los comicios del 20 de mayo de 2018, Maduro logró reelegirse con 67,84% de los votos frente a Falcón que obtuvo 20,93%. Pero antes de ese día, la Contraloría General de la República inhabilitó a Capriles por 15 años; vía TSJ, ANC y CNE se eliminaron las tarjetas electorales de partidos como Primero Justicia, Voluntad Popular (VP) y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), entre otros.
Mediante sucesivas sentencias del TSJ también se ató de manos a la AN de 2015, con mayoría opositora, y la ANC de 2017 vino a asumir por completo sus competencias. La represión de los cuerpos de seguridad en las manifestaciones ciudadanas de 2017 arrojaron más de 100 personas muertas, sin dejar que, tras las protestas de 2014, fue encarcelado el líder de VP, Leopoldo López, hasta su exilio en 2020.
Las elecciones de 2018 fueron desconocidas por la oposición mayoritaria que decidió no concurrir por falta de condiciones democráticas, lo que llevó a la AN de 2015 a declarar la vacante absoluta de la presidencia según el artículo 233 constitucional y juramentar a Guaidó como presidente encargado.
El interinato fue reconocido por casi 60 países como Estados Unidos y la Unión Europea, lo que dio paso a un gobierno paralelo solo con el control de activos de Venezuela en el exterior.
“Para lograr sortear el complicado proceso lleno de obstáculos, Maduro ha tenido que echar mano de toda la institucionalidad del país, utilizar la fuerza y judicializar la política para reprimir y desarticular a la oposición. La presidencia de Maduro en los dos periodos anteriores ha sido una historia de resistencia y supervivencia. Este tercero no sería diferente”, afirmó Medina Gil.
Entre 2014 y el 9 de enero de 2025, Foro Penal registra 18.185 detenciones por motivos políticos en Venezuela; 14.000 excarcelaciones y 9.000 personas que siguen sujetas a libertad condicional de manera arbitraria. De la cifra, 1.697 detenciones se produjeron en el contexto de las protestas posteriores a las elecciones del 28 de julio y entre las cuales hubo más de 150 contra menores de edad (14 a 17 años). La ONG solo ha podido verificar 112 excarcelaciones.
Tras las rejas permanecen de manera injusta, activistas políticos, líderes sociales, miembros de partidos y defensores de derechos humanos. Directores de ONG como Rocío San Miguel, Carlos Correa, Javier Tarazona; miembros de partidos como Freddy Superlano, Perkins Rocha, Biagio Pilieri, el periodista Roland Carreño y el excandidato presidencial, Enrique Márquez, son solo algunos nombres.
En noviembre de 2024, la AN de 2020 sancionó la Ley Libertador Simón Bolivar contra El Bloqueo Imperialista que contempla inhabilitaciones políticas hasta por 60 años y prisión de 30 años para quienes apoyen sanciones internacionales contra la gestión de Maduro.
¿Cuáles son las diferencias entre 2019 y 2025?
No han faltado las comparaciones entre la juramentación de Juan Guaidó en 2019 como presidente interino y la de Maduro en términos de ilegitimidad. Ante ello, los analistas políticos subrayan que la AN de 2015 empleó los mecanismos previstos en la Constitución para declarar la vacante absoluta del cargo de presidente de la República y nombrar a un gobierno interino, aunque sin control del territorio ni del presupuesto nacional.
Maduro en cambio, sostuvieron, permitió por la vía de negociaciones las elecciones del 28 de julio de 2024, pero desconoció los resultados a favor de Edmundo González. Pese a la presión política, ciudadana e internacional tomó posesión este 10 de enero, apoyado por la Fuerza Armada Nacional (FANB) y unos poderes públicos que controla.
“La diferencia entre ambas juramentaciones tienen la diferencia en cuanto a la legitimidad de origen. Se dijo que la juramentación de Guaidó no contaba con todo el ejercicio de la legalidad en Venezuela, porque no había sido electo presidente; pero sí lo era de un órgano legítimo como era la AN y ante una falta absoluta del Jefe de Estado, de acuerdo con la Constitución, asumió y llenó un vacío de poder, ante el desconocimiento de las elecciones de 2018”, señaló un politólogo que prefirió omitir su nombre para esta nota.
Destacó que luego de las presidenciales de 2024, la oposición mayoritaria venezolana no solo se limitó a cantar fraude electoral, sino que procuró recabar las pruebas, en este caso 85% de las actas de votación, para demostrar que González Urrutia venció a Maduro con 67% de los votos.
Se solicitó, junto a buena parte de la comunidad internacional, una auditoría independiente para comprobar resultados, pero la institucionalidad venezolana, controlada por el Psuv, cerró todas las vías.
¿Qué viene ahora?
“El zarpazo a la voluntad popular expresada en 2024, la cual mayoritariamente demostró su rechazo al proyecto político chavista liderado por Maduro, ha sido rechazado no solo por la población venezolana y autoridades de distintos países, sino también por aliados ideológicos tradicionales como los presidentes Gustavo Petro y Lula Da Silva, de Colombia y Brasil. Ese es un dato no menor, cuya relevancia e impacto están siendo y serán determinantes en el juego geopolítico regional en las próximas semanas y meses”, apuntó Medina Gil.
Para el politólogo, el reto para la oposición es mantenerse cohesionada en torno a una estrategia nacional e internacional para seguir presionando por un cambio político en Venezuela, ahora con un ingrediente fundamental: Maduro no tiene cómo justificar legalidad de su permanencia en Miraflores, porque no demostró que ganó las elecciones y solo se puede mantener por la fuerza.
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