Los partidos de la Plataforma Unitaria Democrática, que aún no habían debatido qué hacer con la Asamblea Nacional de 2015, pero se inclinaban al cese de sus funciones, fueron sorprendidos este 23 de diciembre cuando comenzó a circular una carta fechada el 19 de diciembre de la presidenta de esa instancia, Dinorah Figuera, en la cual le informa al embajador de Estados Unidos, Francisco Palmieri, que en una “sesión secreta” se aprobó la prórroga de la continuidad de esa instancia “para seguir luchando por el restablecimiento de la democracia”.
A las tensiones y peleas internas que atraviesa Primero Justicia se suma ahora la decisión de la Comisión Delegada, presidida por la militante de esa tolda Dinorah Figuera, de prorrogar por un año más su continuidad del mandato de la Asamblea Nacional de 2015. Esta medida no sólo afecta a PJ, sino a todos los diputados y presidentes de comisión que forman parte de la Comisión Delegada.
De acuerdo con la carta de la AN de 2015 que se conoció este lunes, y leyó primero el presidente de la Asamblea Nacional de 2020, Jorge Rodríguez, Figuera le informa al embajador Francisco Palmieri, antes que a su partido, la extensión del mandato de esta instancia por un año más. La sesión, de la cual, de momento, no hay actas, ni grabaciones, habría ocurrido el 14 de diciembre y sin que se sepa cuál fue el quórum y quiénes votaron.
Rafael Guzmán, miembro de la junta directiva de PJ, afirmó que esta instancia del partido aurinegro se reunió el lunes 16, y allí Figuera no informó que hubiese ocurrido dicha sesión, como le corresponde según los estatutos de su organización. “Se enteró primero el embajador de Estados Unidos que nosotros en el partido”.
“Esta decisión viola todos los principios constitucionales, el mandato de la AN de 2015 finalizó en 4 de enero de 2021 y yo así lo dije. Continuar con la Delegada de la AN es inconstitucional por la vía de los hechos. En política no todo vale”, sentenció.
Afirmó que hay una corriente mayoritaria en la organización que están en contra de seguir prorrogando el mandato de la AN-2015 bajo el pretexto de la protección de los activos, pues no hay rendición de cuentas, y se maneja dinero de los venezolanos. Recordó que el manejo de empresas como Citgo, Monómeros y dinero del BCV ha estado ligado a escándalos de corrupción por la mala administración de los recursos, y hay múltiples denuncias de supuestos funcionarios y exfuncionarios del gobierno interino que se habrían enriquecido a través de este mecanismo.
“Me preocupa que nos convirtamos en los mismo contra lo que estamos peleando. La voluntad de cambio que se expresó el 28 de julio escogió un nuevo liderazgo. La AN de 2015 tiene 10 años, y no tiene ningún apoyo popular que la respalde. Contra eso se votó también el 28J. No acompañé el gobierno interino y no puedo acompañar ni justificar esta decisión. Nuestra prioridad son los presos políticos”, enfatizó.
Sin querer ser portador de malas noticias, Guzmán vaticinó que muchos diputados tendrán que renunciar a sus cargos para evitar ser investigados y sancionados. De hecho, la diputada Auristela Vásquez de Castillo, segunda vicepresidenta de la AN-2015 renunció este lunes a su cargo, tan pronto la AN-2020 anunció que pedirían una investigación ante el Ministerio Público.
El tema de la AN se discutió en PJ y, al menos, 16 miembros estaban en contra de extenderla, a saber: Juan Requesens, Ángel Medina, Marialbert Barrios, Tomás Guanipa, Milagros Paz, Rafael Guzmán, José Manuel Olivares, Juan Carlos Caldera, Pablo Pérez, Edison Ferrer, Luis Lippa, Luis Palacios, Richard Mardo, Jorge Millán, y, en particular, José Antonio Mendoza —quien es presidente de PJ en Monagas y en su momento formó parte de la delegada, pero renunció hace meses.
AD y UNT en contra de la continuidad
Este domingo como si fuese una premonición, Henry Ramos Allup se declaró en favor del cese de la AN de 2015. El secretario general de Acción Democrática está a favor de la no continuidad de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, tal como lo planteó recientemente el dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT), Angelo Palmeri.
“La AN 2015 fue elegida el 6 de diciembre de 2015, su período de vigencia comenzó el 5 de enero de 2016, finalizó el 5 de enero de 2021 y pese a todos los acosos cumplió de la mejor manera posible. Ahora la prioridad es la libertad de todos los presos políticos”, expresó el expresidente del Parlamento en X.
Efecto Cocuyo intentó comunicarse con el secretario de AD pero no obtuvo respuesta.
Antes de Ramos Allup lo hizo que el secretario nacional de organizaciones de UNT, Ángelo Palmieri, quien exhortó el viernes 20 de diciembre a la oposición venezolana a dar por “concluido” el ciclo de la Asamblea Nacional de 2015, que opera desde el exterior.
En una entrevista a AlNavío Palmieri aseguró que en la tolda “creen” que el Parlamento de 2015 -dominado por la oposición- “cumplió con su papel de la mejor manera posible”, por lo que “no hay ninguna justificación para que continúe en funciones”.
“El país nos exige que cumplamos con nuestra responsabilidad y le hablemos con claridad y con miras al futuro”, declaró.
Esta tarde, el presidente de UNT y gobernador del Zulia, Manuel Rosales dijo que “para el país, el foco de este momento está en la liberación de los presos políticos para llevar sosiego a miles de hogares. Queremos una Navidad tranquila para esas familias. Eso es lo fundamental”, recalcó.
El chavismo aplicará la Ley Simón Bolívar a miembros de la AN 2015
Este lunes, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, durante la sesión de la Comisión Delegada, anunció que se aprobó presentar una solicitud ante la Fiscalía General de la República para aplicar la Ley Simón Bolívar a determinados miembros de la Legislatura 2015, entre ellos: Dinorah Figuera, presidenta del Parlamento opositor; Marianela Fernández, en la primera vicepresidencia; Auristela Vásquez, en la segunda vicepresidencia; José Figueredo Márquez, como secretario y Luis Alberto Bustos, como subsecretario.
Las tres primeras son quienes firmaron la carta de extensión del mandato que se le envió al embajador de Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri y sobre quienes, en principio, recaería la investigación. Rodríguez subrayó que tal sesión secreta es algo completamente legal e inconstitucional y que la comunicación es violatoria de la Constitución.
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