La Fiscalía informó, a través de un comunicado, que se otorgaron 177 nuevas excarcelaciones y aumentó a 910 el número de estas medidas que implementa desde el pasado mes de noviembre de presos políticos de la represión poselectoral.
El Ministerio Público, desde que comenzó las liberaciones el 16 de noviembre pasado, no detalla nombres de presos políticos excarcelados, en qué sitios de reclusión se encontraban ni si son adolescentes, mujeres o hombres.
Incluso la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la semana pasada que el gobierno amenazaba a familiares de estos privados de libertad para que no hablaran con las organizaciones no gubernamentales ni con medios de comunicación.
“Las amenazas y el discurso del régimen buscan desviar la atención de las violaciones de derechos humanos, enmarcando las críticas como ataques organizados por opositores o agentes externos. De cara al próximo 10 de enero, las denuncias de familiares son presentadas como intentos de generar caos cuando en realidad se trata de legítimos reclamos por justicia, transparencia y respeto a los derechos fundamentales”, dijo Humberto Prado, quien encabeza el OVP, en una nota de prensa el pasado 16 de diciembre.
En esta ocasión, el Ministerio Público destacó que «en una nueva evaluación de casos judiciales vinculados a la violencia poselectoral se han acordado 177 revisiones de medidas de procesados tras los graves hechos que pretendían generar una guerra civil posterior a las elecciones presidenciales del día 28 de julio».
Para el titular de este despacho, Tarek William Saab, estas personas no son presos políticos y así lo repite en sus diferentes intervenciones. En ello coincide con el mandatario Nicolás Maduro, quien afirmo el 19 de diciembre en un acto televisado que «salen a decir que son presos políticos, no son presos políticos son gente que quemó, que atacó, que amenazó, que agredió, destruyeron y mataron».
Cuántos presos políticos tiene Venezuela
Sin una cifra precisa oficial sobre la cantidad de personas arrestadas después de las protestas contra el resultado oficial que proclamó a Maduro como ganador de los comicios, el gobierno habló de más de 2 mil aprehensiones. En diferentes momentos tanto Maduro como el ministro de Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, expresaron que no habría excarcelaciones ni amnistía para los presos políticos.
Pese a ello, la Fiscalía anunció este lunes que «con estas nuevas solicitudes aprobadas se alcanza la cifra de 910 excarcelaciones, realizadas en el marco del debido proceso garantizado por la Constitución de la República».
Pese a esta última afirmación oficial, familiares, ONG y abogados denunciaron desde finales de julio que hubo audiencias de presentación masiva, a los presos políticos se les impidió designar abogados privados como garantiza la Carta Magna en su artículo 49, mientras que a los adolescentes los enjuciaron -como al resto de los presos políticos- por delitos como terrorismo y con jueces que no son sus naturales como lo garantiza la jurisdicción especial para personas de 14 a 17 años de edad.
Tres presos políticos muertos bajo custodia
Desde las detenciones, tres presos políticos han muerto bajo custodia del Estado. El primero de ellos fue Jesús Manuel Martínez Medina, quien murió en un hospital del estado Anzoátegui cuando le amputaban sus dos piernas en un quirófano, el 14 de noviembre.
Martínez Medina fue testigo electoral de la Plataforma Unitaria Democrática en una escuela de Aragua de Barcelona. Lo apresaron en el interior de su vivienda y era una persona diabética. Por las condiciones de reclusión sufrió necrosis en sus dos piernas, ante una tardía atención médica.
Después, en un lapso de 72 horas murieron dos presos políticos en la cárcel de Tocuyito, estado Carabobo. Jesús Álvarez el 12 de diciembre y Osgual González el 16 de diciembre. En ninguno de los casos hubo pronunciamiento oficial por los decesos ni se informó la causa de los dos fallecimientos.
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