La Asamblea Nacional (AN) de 2020 aprobó este 2024 una agenda de 26 leyes, de las cuales aprobó 17 al cierre del segundo periodo de sesiones ordinarias de este 15 de diciembre.
El Parlamento dominado por el chavismo tuvo que bajar el ritmo durante la primera mitad del año 2024 debido a las elecciones presidenciales del 28 de julio. Para el 15 de agosto el balance fue de solo ocho leyes sancionadas, entre ellas la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro.
La convocatoria a los comicios y una campaña electoral anticipada por la movilización de la líder opositora María Corina Machado por todo el país, obligó a toda la dirigencia del partido de gobierno, incluida la representación en la AN, a pausar sus actividades y salir a la calle para tratar de contrarrestar las grandes concentraciones ciudadanas a favor del cambio político.
Aceleran leyes restrictivas tras el 28J
Tras la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones por parte del Poder Electoral sin mostrar las actas de votación, el Legislativo retomo con fuerza sus actividades para aprobar, a juicio de analistas, leyes acordes al nuevo momento político: la permanencia del madurismo en el poder pese a no ganar las elecciones presidenciales.
Al cierre del segundo periodo de sesiones, la AN de 2020 totalizó 17 leyes sancionadas a lo largo del año. El “broche” de oro fue la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, que castiga con prisión de hasta 30 años e inhabilitaciones por 60 años a quienes se considere pidan o apoyen sanciones internacionales contra el gobierno de Maduro.
Paquete legal que asfixia
“El ejercicio legislativo ha estado marcado por la avasallante concentración de la iniciativa parlamentaria en la presidencia de la Asamblea, hilo directo con el Ejecutivo, y en el apoyo irrestricto de los partidos que no forman parte del Polo Patriótico. En buena medida, la AN representa una coalición de partidos que, desde 2020 y con la ausencia en ese foro de la oposición tradicional, no haya tracción en la sociedad más allá del poder que detentan”, sostuvo el politólogo Guillermo Tell Aveledo.
Entre los instrumentos legislativos sancionados, entre el 5 de enero de 2024 al 15 de agosto, están la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba (21 de marzo); reforma de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (30 de abril); Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista (7 de mayo), reforma de La Ley Orgánica del Poder Popular (29 de mayo), Ley de Fomento de Exportaciones no Petroleras (17 de julio) y la ley contra las ONG (15 de agosto) que se dejo “guardada” hasta salir en Gaceta Oficial el 4 de diciembre.
Ley antisociedad
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) alzaron su voz contra la sanción de la ley a la que tildaron de “antisociedad” porque atenta contra la libertad de asociación prevista en el artículo 52 de la Carta Magna y contra la labor humanitaria y la defensa de los derechos humanos en Venezuela.
La ley que dice fiscalizar y regular a las ONG contempla causales (artículo 23) para disolver una organización, entre ellas incurrir en actividades que se consideren que busquen generar desestabilización en el país, promover acciones terroristas u odio, entre otras. Asimismo, castiga con suspensión indefinida (artículo 30), expulsión a ONG extranjeras (artículo 33), con multas elevadas e impone una actualización de datos ante el registro público, Saren (artículo 26).
El instrumento legal también fue objetado por el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, por “socavar el espacio cívico y democrático del país”.
“El poder legislativo ha actuado como formalizador de la política restrictiva hacia la sociedad, con un paquete legislativo más interventor en lo político como las leyes contra las ONG y antifascista (quedo en primera discusión), la Ley Simón Bolívar y lo que se prometen como leyes punitivas en materia de redes sociales y regresivas en lo electoral. Ello sumado a algunas declaraciones simbólicas, muy a la usanza de los sistemas cerrados del hemisferio. No hay discusiones sobre alternativas de desarrollo, control al Ejecutivo, deliberación”, agregó Aveledo.
Nuevo estado e inhabilitaciones
La ley en defensa de la Guayana Esequiba se derivó del referendo aprobatorio que realizó el chavismo el 3 de diciembre de 2023. La normativa no solo contempla la creación de un nuevo estado, comprendido por el territorio en disputa con Guyana sino que en su artículo 25 impone inhabilitaciones políticas contra quienes se considere hayan exhibido posturas a favor del «despojo» del territorio Esequibo.
Del primer periodo, Jorge Rodríguez destacó la Ley de Fomento a las Exportaciones no Petroleras como uno de los instrumentos para combatir las sanciones internacionales contra el gobierno de Maduro.
La plenaria no se tomó el receso que regía hasta el 15 de septiembre. Rodríguez explicó que el momento político lo requería y era “necesario” la sanción de leyes como la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares. Dicha normativa, presentada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, se aprobó en primera discusión el 2 de abril de 2024.
Reforzar el control social
Del segundo periodo de sesiones (15 de septiembre al 15 de diciembre) resaltó la reforma parcial de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal que dio paso a la elección de 28.486 jueces de paz comunales en todo el país, el 15 de diciembre, en su mayoría partidarios del gobierno nacional.
También se sancionaron sin objeciones ni discusión, las leyes de presupuesto y endeudamiento de 2025, tal como las presentó el Poder Ejecutivo y la Ley de Condecoración Orden Bicentenario Victoria de Ayacucho en su única clase, a ser impuesta por el gobernante Maduro en “reconocimiento” a funcionarios sancionados por Estados Unidos y otros países.
“En gran porcentaje de la normativa aprobada se nota la inclusión del tema poder popular, un colectivismo propio de la ideología socialista marxista leninista. Están las leyes de los Consejos Comunales (reforma), de la justicia de paz comunal que busca a través de los jueces de paz una figura coercitiva que les permita manejar el nivel más bajo de la comunidad, que se mezcle con el poder del Estado”, señaló un abogado constitucionalista que prefirió omitir su nombre para esta nota, por temor a represalias políticas.
A juicio del jurista, se trata de que las comunidades cedan parte de su autonomía y libertad para seguir directrices de un ente superior, a través de figuras impuestas por el Estado a través de una ley, similar al modelo soviético en su momento, organizado para fines de defensa.
“Las instituciones del Estado se están valiendo del Poder del Estado para la imposición de una justicia que estará imbricada de la ideología política socialista y esos jueces se convertirán en instrumentos para el ejercicio del poder del régimen”, advirtió.
“Bases del totalitarismo”
La ley Libertador Simón Bolívar, sancionada el 28 de noviembre, surgió como respuesta a la Ley Bolivar de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que amplía sanciones contra el gobierno de Maduro.
El artículo 9 de la ley Bolívar del chavismo establece inhabilitaciones de oficio de la Contraloría contra quienes hayan pedido o apoyado sanciones. El artículo 13 complementa con la inhabilitación política hasta por 60 años para ejercer cargos públicos como pena accesoria a la condena impuesta por un juez. El artículo 11 fija prisión de entre 25 y 30 años, más multa y el 18 los juicios en ausencia.
Los medios de comunicación radioeléctricos, electrónicos e impresos también se exponen a castigos si se considera que promueven mensajes prosanciones. El artículo 21 contempla cierre, revocatoria de concesiones, prohibición de operar en el país y multas.
Sin participación opositora
“Se sentaron las bases del pase del gobierno autoritario al totalitario, es lo que vamos a conocer como totalitarismo que es el copamiento, por completo, de todas las estructuras dentro de un Estado, desde lo más sencillo hasta las situaciones más complejas que pueda afrontar la sociedad. El Estado soy yo, se ejecuta solo la voluntad del poder”, alertó el abogado.
Indicó que de continuar Maduro en el poder más allá del 10 de enero, dicho copamiento será muy palpable en las elecciones que corresponden a 2025, pues solo se permitirían las candidaturas de quienes reconozcan a Maduro. Nadie, subrayó, puede tener una opinión distinta con respecto a la figura del gobernante y para ello se usará el poder del Estado.
“Es parte de todo el despliegue de fuerza estatal para imponer en la sociedad un resultado que no se aviene a la expresión de la sociedad”, señaló igualmente Aveledo sobre el paquete de leyes que al parecer preparan el camino para la instalación de un gobierno que no es producto de la voluntad popular a partir del 10 de enero.
La oposición “moderada” en la AN de 2020, representada por la Alianza Democrática, voto a favor de todos los instrumentos legales sancionados, además de alinearse a favor de la permanencia de Maduro en el poder, pese a las denuncias de fraude electoral de la oposición mayoritaria que postuló la candidatura presidencial de Edmundo Gonzalez Urrutia.
Leyes engavetadas
La AN de 2020 también renovó el Poder Moral en este segundo periodo de sesiones. En este proceso ratificaron a Tarek William Saab y Alfredo Ruiz como fiscal general y defensor del Pueblo respectivamente y se designó a Gustavo Vizcaíno como nuevo contralor general de la República.
El grupo de ONG y activistas de derechos humanos dentro del grupo Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento consideró tales designaciones como “una mala señal para las víctimas de violaciones de derechos humanos y, en general, para las posibilidades del restablecimiento de las bases democráticas, la justicia y la verdad en Venezuela”.
En primera discusión quedaron leyes como la que castiga el fascismo, el “neofacismo” y expresiones similares. Analistas consideraron que la Ley Bolívar cubrió los objetivos de esa ley así como de las anunciadas reformas de leyes electorales, prometidas por Jorge Rodríguez para antes del 15 de diciembre: impedir que opositores participen en elecciones.
Paso igualmente la primera discusión la ley sobre inteligencia artificial para “regular” su uso en el país.
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