La exdiputada a la Asamblea Nacional de 2015 y presidenta del partido político opositor Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, pidió al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que avance en la investigación sobre Venezuela I, que indaga sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país bajo el mandato de Nicolás Maduro.
«La justicia es un derecho irrenunciable. Nuestra lucha no cesará hasta que podamos vivir en un país donde la justicia, la libertad y la dignidad sean una realidad. Los derechos humanos son universales, y Venezuela merece justicia», posteó la política en su cuenta de la red social X este 10 de diciembre cuando se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Solórzano recordó la fecha y denunció los más de 2.000 prisioneros políticos que existen en el país, la mayoría de ellos a los que apresaron después de la represión gubernamental de finales de julio e inicios de agosto, ante las protestas masivas en el país por el desconocimiento a los resultados de las presidenciales del 28 de julio cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria de Nicolás Maduro, pero aún no presenta las actas del proceso.
«Lamentablemente en Venezuela esta premisa ha sido vulnerada de forma sistemática, con casi 2.000 prisioneros políticos, desapariciones forzadas, torturas, asesinatos, persecución y crímenes de lesa humanidad, violación a la libertad de expresión, en fin, una violación generalizada de los derechos fundamentales», resumió la exdiputada sobre la situación de las garantías que consagra la Constitución de 1999 y los tratados internacionales a los que Venezuela está suscrita.
Qué dijo fiscal de la CPI sobre Venezuela
La semana pasada en el inicio de la asamblea anual de los estados parte del Estatuto de Roma, Khan recriminó al gobierno de Nicolás Maduro por la falta de aplicación de la complementaridad en las investigaciones de violación a los derechos humanos en el país, pidió la liberación de niños, niñas, adolescentes y todas las personas privadas de libertad por razones políticas y advirtió a Miraflores que se les acababa el tiempo.
Además, en el informe anual de la Fiscalía de la CPI se detalló que el organismo estudia incluir en sus investigaciones las denuncias por las violaciones a los derechos humanos que pueden considerarse como crímenes de lesa humanidad relacionadas con la represión poselectoral en Venezuela.
El chavismo insiste en que el país no hay prisioneros políticos sino «criminales», como los definió recientemente el fiscal general de la República, Tarek William Saab, al referirse a las personas presas después del 28 de julio.
Este lunes, familiares de los presos políticos hicieron una protesta a las puertas de la Fiscalía en Parque Carabobo, Caracas, donde reiteraron que sus hijos, hermanos, esposos, nietos y otros allegados no son delincuentes ni mucho menos terroristas como los acusa el Ministerio Público.
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