La ley que regula a las organizaciones no gubernamentales (ONG), ya en Gaceta Oficial; la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares (aprobada en primera discusión) y las reformas electorales prometidas, aunque en suspenso, se encaminan a los objetivos del chavismo de limitar al máximo la participación política de la oposición en elecciones y cerrar el espacio cívico para la defensa de los derechos humanos.
De pronto se suma la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela que sanciona severamente la solicitud y lo que se considere promoción de sanciones internacionales contra el gobierno de Nicolás Maduro. La normativa va más allá de los objetivos trazados.
Defensores de derechos humanos y consultores políticos alertan sobre el “zarpazo” a la libertad de expresión, de cara a la posible instauración de un “gobierno de facto”, a partir del 10 de enero de 2025, pues no solo pone en riesgo a la opinión individual de cada ciudadano, sino que impone importantes multas y amenaza con cierre a medios de comunicación que sean señalados de difundir mensajes prosanciones.
Contra la disidencia política
“La creación de esta ley y su aprobación responde a la necesidad del régimen de Nicolás Maduro de crear delitos donde no los hay, al no tener delitos reales que imputarles a líderes de la oposición que están siendo perseguidos en este momento. Han creado marcos legales nuevos que les permitan poder encarcelar, perseguir y enjuiciar a estas personas que representan la lucha democrática dentro de Venezuela” señaló el director de la ONG Redes Ayuda, Melanio Escobar.
El artículo 9 de la ley establece que no podrán postularse a cargos de elección popular en el momento previo a los comicios, quienes hayan participado en la solicitud, respaldado, invocado o promovido, sanciones internacionales por parte de agentes extranjeros, obtenido lucro en la ejecución de medidas administrativas (congelamiento, embargo, confiscación) de activos de la República; invocado acciones armadas que afecten la soberanía nacional, así como “ataques cibernéticos”.
¿Quiénes son los primeros señalados por el chavismo de pedir y promover sanciones? La líder política María Corina Machado, el diplomático Edmundo González Urrutia, el líder de Voluntad Popular en el exilio Leopoldo López, el exdiputado Julio Borges y la casi totalidad de los parlamentarios elegidos en 2015, entre ellos, el expresidente de la Comisión Delegada Legislativa, Juan Guaidó, entre otros dirigentes de la Plataforma Unitaria Democrática. Voceros como Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello han exigido contra ellos juicio y cárcel por “traición a la patria”.
El artículo 13 de la ley complementa con la inhabilitación política hasta por 60 años para ejercer cargos públicos como pena accesoria a la condena impuesta por un juez. El artículo 11 fija prisión de entre 25 y 30 años para toda personan que pida o apoye sanciones, más una multa de 100.000 a un millón de veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV).
El artículo 12 establece el mismo castigo para quienes incurran en actos contra la soberanía nacional e integridad territorial e instiguen acciones armadas o de fuerza por parte de agentes extranjeros, grupos de Estados o corporaciones internacionales. Los juicios en ausencia (dirigidos principalmente a los políticos en el exilio) quedaron aprobados en el artículo 18, en caso de que los acusados “se nieguen” a asistir a las audiencias desde la preliminar.
“La preocupación por esta ley viene por la deriva autoritaria hacia lo que parece cada vez más una dictadura que ya no es de carácter político sino criminal y eso es muy peligroso porque bajo esos esquemas se pasa por alto la institucionalidad y las leyes y se actúa sin ningún apego a las leyes, la ética o los escrúpulos mínimos que se deben tener, eso lo refleja la detención de niños en condiciones espantosas”, advirtió el consultor político José Vicente Carrasquero.
Contra los medios de comunicación
Además, en el artículo 21 de la Ley Bolívar del Psuv fija que los medios de comunicación radioeléctricos, impresos, electrónicos y redes sociales serán castigados con revocatoria de la concesión y multas entre 100.000 y un millón de veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor establecida por el BCV, en caso de promover las sanciones.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) se encargará de sustanciar los procedimientos contra medios radioeléctricos y electrónicos, mientras que el Ministerio del Interior y Justicia se encargará de los impresos. En el caso de las redes sociales y algunos medios electrónicos sin sede en el país, se agregó la revocatoria del permiso para operar en Venezuela, sin menoscabo de sanciones penales.
“Esta ley es también para sus propias bases (del chavismo) porque la narrativa de que las sanciones son las causantes de la crisis del país, cada vez se debilita más, viendo todos los casos de corrupción. Esta ley prohíbe que incluso el ciudadano común converse sobre las sanciones y sus causas, es una manera de proteger esa narrativa y el manejo del tema en el seno de la sociedad civil venezolana”, sostuvo Escobar.
El defensor de derechos humanos alertó que al amenazar con prisión hasta 30 años a cualquiera que hable de sanciones o las exponga, con multas y cierre a medios de comunicación que den espacios a la conversación sobre las sanciones, se censura y se promueve la autocensura “de facto” dentro de la sociedad para controlar la narrativa de las sanciones a favor del poder político en Miraflores.
Contra la sociedad en general
La ley tiene por objeto según el artículo 1 “proteger” al pueblo de Venezuela contra la “actuación” de personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, que promuevan respalden o participen en la imposición de medidas internacionales.
Vale recordar que la normativa fue planteada por el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez, en respuesta a la Ley Bolívar, aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que amplía sanciones contra el gobierno de Maduro por violaciones de derechos humanos, corrupción y socavar la democracia en Venezuela.
Para Carrasquero no tiene sentido que el chavismo responda a otro gobierno con más violencia política en contra de su propio pueblo, por lo que subrayó, es una normativa que va contra la democracia y le da más poder al Estado sobre los ciudadanos.
“Es una ley profundamente fascista que busca exacerbar el control político sobre la población y esto va a seguir incrementándose en la medida en que se van a mantener en el poder sin haber ganado las elecciones y eso es a través de la coacción, la represión, la amenaza a la que la ley le da cuerpo y forma. Se busca mantener a la gente cohibida, restringida, evitar que se manifieste por temor”, mencionó.
En el artículo 6 se considera a las sanciones, llamadas en la normativa “medidas coercitivas y unilaterales”, como “crímenes de lesa humanidad” por estar dirigidas a atacar a la población civil. Asimismo, establece que el Estado tiene “derecho” a usar los mecanismos a su disposición para investigar y castigar a los responsables.
“Como todas leyes que han ido creando todos estos años, la ley contra el odio, contra el fascismo, anti ONG, son marcos legales, áreas grises, en las que miembros del Psuv son los que interpretan los artículos de la ley y los aplican. Esto es tener más herramientas para convertir a las víctimas, dentro de una narrativa, en criminales, porque no te estoy censurando, no te estoy metiendo preso por una arbitrariedad sino que estoy cumpliendo la ley, esa es la narrativa que utilizan, creando estos marcos legales”, apuntó Escobar.
El activista insistió en que la Ley Bolívar, al igual que otras normativas mencionadas, criminaliza la libertad de expresión, a la oposición y la lucha democrática y el restablecimiento del estado de derecho y lo único que aportará, recalcó, son mas violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y persecución por motivos políticos.
“La unica funcion de las leyes que esta implementado el gobierno de Nicolás Maduro en estos momentos es perpetuarse en el poder a través de la sangre, la tortura y de la cárcel», añadió.
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