El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, dijo este miércoles que «no hay ni una sola posibilidad» de que el opositor Edmundo González Urrutia -exiliado en España- regrese en enero a su país para jurar como jefe de Estado, lo que el abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática asegura que hará, incluso si eso conlleva a su eventual detención.
«No hay ni una sola posibilidad de que Edmundo González venga a Venezuela a juramentarse, ni una, ni una sola posibilidad», dijo Cabello durante la transmisión de su programa semanal en el canal del Estado VTV.
En cambio, prosiguió, el 10 de enero -fecha establecida en la Constitución para la toma de posesión presidencial- el actual mandatario, Nicolás Maduro, «se va a juramentar» ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo.
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Cabello amenaza a González Urrutia
El también primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) expresó que, si el candidato de la mayor coalición opositora regresa al país, le entregará «en sus propias manos» un «regalo» del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en referencia a unas esposas que mostró en el programa.
«Quiero entregárselo en sus propias manos, como un gesto, (…) yo tengo que verificar que le queden esas bichas», dijo el ministro sobre las esposas, que estaban dentro de una caja transparente con globos y una tarjeta que decía: «En el vigésimo tercer aniversario del Cicpc, nuestro regalo para Edmundo González Urrutia«.
En el programa estuvo presente en el público el director de este cuerpo policial, Douglas Rico, así como varios funcionarios de ese organismo.
El pasado lunes, González Urrutia, en una entrevista con EFE, dijo que está «moralmente preparado» para su eventual detención si regresa a Caracas para asumir la Presidencia, y que apuesta por una transición pacífica en la que el chavismo pueda encontrar un espacio y el propio Maduro pueda seguir en el país.
El exembajador, quien llegó a Madrid en septiembre para pedir asilo político tras denunciar fraude electoral en su país, se considera «el candidato que obtuvo la victoria» y que «debería tomar posesión», para lo que están -afirmó- «preparados y trabajando».
Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con base en unos resultados que aún no publica de forma desglosada, pese a que así lo establecía su cronograma para estos comicios, mientras que la PUD asegura contar con el 83,5 % de las «actas» de votación que otorgan -insiste- el triunfo, por amplio margen, a González Urrutia.
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Cabello: Sanciones no asustan al gobierno
Cabello aseguró que las sanciones de Estados Unidos -entre ellas, las impuestas este miércoles contra 21 cargos chavistas- «no asustan» al Gobierno de Nicolás Maduro que, por el contrario, se ha «fortalecido».
«El imperialismo cree que chantajea, cree que puede presionar, cree que puede asustarnos (…) y sancionó a un grupo de venezolanos y venezolanas. (…) No nos asustan con eso», dijo el también primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) en su programa semanal, transmitido por el canal estatal VTV.
Entre los sancionados se encuentran la hija del ministro Daniella Cabello, presidenta de la Marca País y de la Agencia de Promoción de Exportaciones, y el primo Alexis Rodríguez Cabello, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
El ministro acusó a la Plataforma Unitaria Democrática de pedir estas sanciones, aplicadas también contra militares, a los que expresó su «solidaridad y cariño».
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) «es, en esencia, bolivariana, revolucionaria, socialista, zamorista, antiimperialista y profundamente chavista», dijo, pese a que la Constitución establece que la institución militar es «esencialmente profesional, sin militancia política», y que «está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna».
Dentro de la lista de sancionados están también el ministro de Despacho de la Presidencia, Aníbal Coronado; el de Comunicación, Freddy Ñáñez, y el de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa.
Bajo esta decisión, quedan bloqueadas todas las propiedades personales de los sancionados en Estados Unidos y se prohíbe llevar a cabo transacciones financieras con estas personas.
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