La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) de 2020 aprobó, en segunda discusión, hasta el artículo 7 de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y por la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, que será aplicada contra quienes soliciten o apoyen sanciones internacionales contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El presidente del Parlamento dominado por el chavismo, Jorge Rodríguez, advirtió que la discusión artículo por artículo se suspendía de momento, con el “compromiso” de que la normativa quede sancionada el próximo jueves 28 de noviembre.
El artículo 1 aprobado señala que la normativa propuesta por Rodríguez en respuesta a la Ley Bolívar del Congreso de Estados Unidos, tiene por objeto la protección del pueblo venezolano contra la actuación de personas naturales y agentes extranjeros que vayan contra la seguridad nacional, la soberanía, la integridad territorial, los intereses de la nación y los derechos humanos, incluido el derecho a la paz.
En la finalidad establecida en el artículo 2, además del resguardo de la soberanía e independencia, la protección de la economía nacional y de los derechos humanos de la población, se señala el dotar a los poderes públicos “de medios para el establecimiento de acciones penales y civiles”, contra los señalados de pedir y respaldar sanciones.
“Son crímenes de lesa humanidad”
En el artículo 6, del cual Rodríguez dijo que aprobaba con las dos manos, se considera a las sanciones, llamadas en la normativa “medidas coercitivas y unilaterales”, como “crímenes de lesa humanidad” por estar dirigidas a atacar a la población civil. Asimismo, establece que el Estado tiene “derecho” a usar los mecanismos a su disposición para investigar y castigar a los responsables.
Se consideran actuaciones que ponen en riesgo la soberanía e integridad territorial, según el artículo 7:
La promoción, solicitud y respaldo de sanciones por parte agentes extranjeros; desconocimiento de los poderes públicos y sus actuaciones; la colaboración con agentes extranjeros para las sanciones; la participación directa e indirecta en la aplicación de sanciones; el lucro o beneficio en la ejecución de medidas administrativas y judiciales adoptadas en otros países, dirigidos al remate y confiscación de activos de la República en el exterior; promoción o solicitud de respaldo de acciones armadas y “ataques cibernéticos” contra el territorio por parte de agentes extranjeros.
Discusión exprés
La normativa, que en principio cuenta con 18 artículos, fue aprobada en primera discusión el pasado 21 de noviembre.
Apenas ha pasado una semana desde que Rodríguez ordenó su sanción expedita, por lo que el Parlamento “se saltó”, la consulta pública nacional que antecede a la sanción de las leyes, contemplada en el Reglamento Interior y de Debates.
En el articulado se incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por el doble del máximo castigo establecido en la Constitución (30 años de privativa de libertad), es decir, hasta por 60 años. El punto genera diferencias, por cuanto Rodriguez pide que la inhabilitación sea perpetua, lo cual advierten abogados, es inconstitucional.
La ley también contempla la confiscación de bienes y los juicios en ausencia. La diputada (Psuv) Iris Varela, añadió una propuesta para segunda discusión: anular documentos de identificación a los señalados de traición a la patria por pedir o apoyar sanciones, así como documentos de registro de empresas, entre otros.
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