La presentación de un informe en la Asamblea Nacional (AN) de 2020 que pide castigo para opositores por “despojo de Citgo”, la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos y la incertidumbre en torno al 10 de enero de 2025 en Venezuela, vuelven a poner sobre el tapete el futuro de los activos de la República en el exterior, que están bajo el control del Parlamento opositor de 2015 como lo son Citgo y el oro depositado en Inglaterra.
De no lograrse la juramentación de Edmundo Gonzalez Urrutia el 10 de 2025 y una parte de la comunidad internacional desconozca al gobierno de Nicolas Maduro, expertos consultados por Efecto Cocuyo estiman que los activos sujetos a sanciones internacionales permanecerán fuera del alcance de Miraflores.
“Por ahora veo mantenimiento del status quo con respecto al congelamiento de esos activos. Aunque habrá un nuevo gobierno en Washington en enero de 2025, es evidente que para que el gobierno de Maduro pueda llegar a controlar nuevamente esos activos tendría que hacer concesiones importantes de cara a la comunidad internacional y luego del fraude del 28 de julio, veo difícil que rápidamente y sin mayores condicionamientos pueda recuperar acceso a eso activos”, señala el abogado experto en derecho internacional y diplomacia, Mariano de Alba.
Parte del status quo, apuntó, es que la Comisión Delegada Legislativa, presidida actualmente por Dinorah Figuera, siga manteniendo el control sobre los activos, pero considera que debería hacer un mayor esfuerzo de transparencia para explicarle a los venezolanos cuál es la verdadera situación de esos activos porque la mayoría, afirmó, lo desconoce.
¿Qué activos quedan?
“Los activos en el exterior, salvo Citgo, han sido objetos de un expolio, digamos, porque se han perdido. Diría que salvo Citgo y el oro de Inglaterra, ya Venezuela no tiene mayores activos en el extranjero. Tan solo para dar un repaso, las acciones de Pdvsa en la refinadora de Jamaica se han perdido como consecuencia de embargos con acreedores; las acciones en la refinadora de República Dominicana fueron cedidas en condiciones muy poco transparentes. Nynas, que era la refinería (sueca) más importante luego de Citgo, la participación de Pdvsa es de apenas 15%, no se sabe qué pasó con el 30 y pico por ciento de acciones que tenía Pdvsa allí”, repasó el exprocurador especial del gobierno interino de Juan Guaidó, José Ignacio Hernández.
Mencionó además que las acciones de Propernín, que es la filial de Pdvsa en los Países Bajos, está siendo objeto de un proceso de embargo similar al de Citgo y que los pocos activos que quedaban en Bonaire y Curazao han sido confiscados por acreedores. Todo esto, herencia de las gestiones de Hugo Chávez y Maduro.
“No hay nada en realidad, quedan Citgo y el oro en Inglaterra”, reiteró el abogado constitucionalista.
Vale recordar que la empresa de fertilizantes colombo venezolana Monómeros, ubicada en Colombia, el activo de la República en el exterior mas importante despues de Citgo, fue recuperada por la administración de Maduro con el ascenso al poder de Gustavo Petro, debido a que las autoridades de ese país reconocieron la potestad de Miraflores de designar a los miembros de una nueva junta directiva.
El gobierno señaló a la oposición de hechos corrupción mientras estuvo al frente de la filial de Pequiven, sancionada por EEUU desde 2017, pero ahora es «delatado» por el gobierno de Gustavo Petro por una presunta venta del activo por gestiones del ministro de Industrias, Alex Saab. El mandatario colombiano pide a Maduro reconsiderar la medida porque impactaria negativamente en la economía del vecino país, ademas de afectar el patrimonio de Venezuela. Ningún alto funcionario de Miraflores ha salido a desmentir o confirmar la operación.
¿Qué pasa con Citgo?
Actualmente la filial de Pdvsa en EEUU se encuentra en medio de una batalla judicial impulsada por los acreedores para que la refinería sea subastada. El Psuv señala al gobierno de EEUU de querer apropiarse de la empresa con la “complicidad” de la oposición venezolana que a través de la Comisión Delegada, tiene el control de Citgo.
Pero hay un respiro, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) ,del Departamento del Tesoro de EE.UU, extendió por cuatro meses más la licencia número 5, relacionada con los bonos Pdvsa 2020. Esta licencia limita a los tenedores de bonos el acceso a su garantía de las acciones de Citgo y cobrar las deudas pendientes por el impago de los intereses por parte del gobierno de Maduro.
“Citgo no está a punto de perderse. La situación actual es que el caso se ha complicado con nuevas demandas de acreedores de la deuda pública legada de Chávez y Maduro y eso ha diferido una vez más la audiencia de venta para marzo del año que viene. Es probable que esa audiencia siga difiriéndose, después la Corte va a tener que tomar un tiempo para dictar una decisión que pudiese ser hacia fines del año que viene. Estamos hablando de un año y va a haber un proceso de apelación bastante complicado. Así que, siendo muy conservador, pudiéramos decir que no hay ningún riesgo de perder Citgo, al menos en los próximos 12 meses”, sostuvo Hernández.
Ambos abogados no creen que haya variaciones de la situación de Citgo durante la administración Trump en el sentido de la protección sobre el activo.
“La administración de Trump lo mínimo que va a hacer y, yo diría que es el escenario más probable, es mantener el status quo. Esto es, va a mantener la protección de Citgo frente a los tenedores de los bonos 2020, conforme a la licencia general 5, que fue renovada y no va a actuar mayormente en el tema de Citgo, en la Corte de Delaware, entre otras razones porque ya ese proceso está tan complicado que no hay en realidad ningún riesgo inminente. Nada va a pasar en ese juicio en términos de venta forzosa de las acciones de Citgo, probablemente en los próximos doce meses. Entonces, en resumen, creo que la administración Trump va a mantener la actual política, que es una protección moderada frente a ese activo”, agregó el exprocurador.
De Alba coincide, pero advierte que mucho dependerá de quienes formen parte del equipo de gobierno de Trump en el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado y que aunque se esperaría una “política de máxima presión” sobre el gobierno de Maduro, también es posible que Trump asuma una posición “más transaccional” y decida negociar algunos asuntos con Miraflores, como por ejemplo el recibimiento de venezolanos deportados a cambio de concesiones en términos de sanciones.
En el informe aprobado en el caso de Citgo por la AN de 2020, la mayoría del chavismo pidió órdenes de captura, confiscación de bienes e inhabilitaciones políticas para 351 “implicados” en el “despojo” de la filial de Pdvsa. Se trata de 94 diputados, 108 funcionarios del extinto interinato de Guaidó, entre ellos Hernández y de las juntas ad hoc de Pdvsa y Citgo, así como a miembros de ONG.
Las juntas ad hoc respondieron que la “mala gestión por parte de administraciones anteriores, designadas por Pdvsa bajo el control de los regímenes de Chávez y Maduro, había impactado no solo la rentabilidad de la empresa, sino también la seguridad y la confiabilidad de sus operaciones”.
El oro en Inglaterra sigue congelado
En Inglaterra permanecen congeladas reservas de oro venezolanas valoradas en 1.950 millones de dólares, además de 120 millones de dólares procedentes de un intercambio con el banco alemán Deutsche.
En junio de 2023, el Tribunal de Apelación de Londres desestimó una petición del Banco Central de Venezuela, bajo el control de la administración de Maduro, para recuperar el oro. Se estaba a la espera de que un tribunal comercial británico considere la circunstancia cambiante de la supresión del interinato, en vista de que Inglaterra reconoció a Guaidó como presidente encargado, pero ahora es la Comisión Delegada de la AN de 2015 la que ejerce la representación.
El gobernante Maduro ha señalado al Reino Unido de “robarse” las reservas de oro de Venezuela con la complicidad de la oposición venezolana.
“La situación del oro en Inglaterra es supremamente compleja luego de que la Asamblea Nacional decidiera en 2023 eliminar el cargo de presidente encargado, así que el oro en Inglaterra todavía está pendiente de litigio, pero la posición de Venezuela no es tan sólida o fuerte como era hasta el 2023”, dijo Hernández.
Delegada debe continuar
Ante la aparente inminencia de la juramentación de Maduro ante la AN de 2020 el 10 de enero de 2025 para un nuevo mandato, pese a no contar con una mayoría de votos comprobada, los abogados señalan la conveniencia de que la Comisión Delegada Legislativa que extiende la vigencia de la AN de 2015, prorrogue su funcionamiento para el nuevo año.
Países como Estados Unidos reconocen a la AN de 2015 como la última institución electa por el voto popular en comicios democráticos, por lo que su representación para la defensa de los activos en el exterior es reconocida.
Al suprimir el gobierno interino en 2023, designó el Consejo de Administración y Protección de Activos, que de acuerdo con el reformado Estatuto de Transición a la Democracia es la figura que sustituyó a la presidencia encargada en la defensa de los activos de la República en el exterior.
Para entonces, fue designado como coordinador de dicho Consejo, Gustavo Marcano (de Primero Justicia), acompañado por Fernando Blasi de Un Nuevo Tiempo, Yon Goicoechea por Voluntad Popular, Carlos Andrés Millán por AD y René Uzcátegui por partidos minoritarios. De la gestión de esta instancia no se tienen mayores datos.
“Es una gran incógnita lo que va a pasar luego de enero del 2025. Va a depender principalmente de si Edmundo González es reconocido o no a plenos efectos legales como presidente. Si ese reconocimiento no se da, entonces sería necesario que la Asamblea mantenga su mandato para mantener la representación al menos en EEUU e Inglaterra. Si no hay un reconocimiento pleno de González y la AN no renueva su mandato, Maduro va a estar en una inmejorable posición para reclamar la representación de Venezuela para tomar control de los activos, especialmente Citgo”, advirtió Hernández.
La oposición insiste en que si la administración de Maduro recupera los activos, dichos recursos alimentarian las arcas de la corrupción imperante en Venezuela en lugar de ser destinados al bienestar de la población venezolana.
De Alba coincide en que el reconocimiento de la AN de 2015 “es el vehículo institucional” que se heredó del extinto gobierno interino y mientras no pueda ser sustituido por otro vehículo que cuente con la misma legitimidad democrática debe permanecer en funcionamiento, más si Maduro toma posesión pese a no haber ganado las elecciones.
“No hay una institucionalidad, con reglas claras, con funcionarios haciendo declaraciones juradas de bienes y que puedan ser fiscalizados, que pueda manejar de forma transparente esos activos. Hasta que los venezolanos no puedan construir esas instituciones con reglas, va a ser difícil que algunos países se arriesguen a dar control absoluto de los activos porque el riesgo de corrupción o pérdida de activos es real”, acotó.
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