Otra de las “amenazas” del presidente de la Asamblea Nacional (AN) con mayoría del chavismo, Jorge Rodríguez, al plantear la reforma del paquete de leyes electorales luego de las elecciones presidenciales, fue “ponerle coto” a la “injerencia” de la observación electoral internacional independiente que ha hecho en Venezuela seguimiento a procesos comiciales en los últimos años.
“Vinieron a lo que vinieron, a dañar, maltratar, agredir. Yo creo, propongo, que nosotros hagamos una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones en Venezuela. ¿Por qué tienen que venir? ¿A cuenta de qué? ¿Qué tipo de capacidad tienen?”, fustigó en la sesión plenaria del 13 de agosto.
Así rechazó Rodríguez las declaraciones del Centro Carter y el Panel de Expertos de Naciones Unidas (ONU) por poner en duda los resultados electorales que anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que dieron como ganador a Nicolás Maduro.
Regular
En la Comisión de Diálogo que se instaló en la AN de 2020 para abordar los cambios a las leyes del Poder Electoral, Procesos Electorales (Lopre) y Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, se discute el planteamiento: regular la actuación de las misiones de observación internacional.
¿El objetivo es que observadores electorales internacionales independientes no puedan venir a Venezuela? “No debe ser el objetivo”, responde el diputado de 2020 (El Cambio), Aníbal Sánchez, quien participa en la comisión de diálogo.
“Sostengo que se debe modificar de manera de encuadrar con los estándares internacionales de una observación internacional, pero siempre cuidando los aspectos de que no sea injerencista, que se cuiden los aspectos éticos de los distintos modelos o instrumentos que se usan. Siempre el CNE tendrá la potestad de emitir las invitaciones e incluso se reserva el tema de acreditar, por lo que al incurrir un observador en una irregularidad se le puede revocar la credencial, en caso por ejemplo que adelante opiniones sobre aspectos delicados reservados en los medios”, expresó el también experto electoral.
Sin embargo, el diputado defiende el hecho de que la observación internacional complementa la nacional y que ambas ayudan a sembrar confianza en los procesos electorales y en sus resultados por lo que deben ser permitidas.
“Se traduce en aumento en la participación, más ahora cuando la institucionalidad del voto ha sido tan golpeada”, admitió.
¿Camisa de fuerza al CNE?
El exconsultor jurídico del CNE, Celiz Mendoza, señala que debería ser el organismo comicial el que tenga la iniciativa legislativa en primer lugar o al menos ser consultado sobre las reformas que requiere el sistema electoral, pero no parece ser el caso por la forma como el Parlamento de 2020 está llevando el proceso a través de una comisión de diálogo solo conformada por partidos políticos, en su gran mayoría aliados.
Se pregunta si es otra forma de ponerle una “camisa de fuerza” al ente comicial, cuya autonomía ha sido cuestionada, en aspectos como su competencia para acreditar a los observadores nacionales o internacionales en los procesos electorales, de acuerdo con el artículo 33 de la LOPE.
“Se debe buscar la manera de que los procesos electorales no queden en duda ante el mundo, que se cumplieron todas las normativas legales, no lo contrario. Lo que ha ocurrido es que cuando las cosas no favorecen a un sector se opera en vía contraria y lo que hemos visto es la invitación en su gran mayoría de observadores parciales que solo vienen a alabar un proceso electoral para favorecer a un sector político. La observación es a los fines de dar buena fe de la transparencia, que no haya duda de un resultado electoral y si se le quita ese manto entonces se está desnudando prácticamente a los procesos electorales”, advirtió el abogado.
Recordó que con lo ocurrido con la MOE-UE en las regionales de 2021 (expulsión del país) y las presidenciales de 2024 (revocatoria de la invitación) ya había iniciado la “prohibición” de la observación internacional independiente para las elecciones y que ahora se vería reforzado con las reformas electorales, de las que advirtió, no hay información suficiente, más allá de propuestas y habrá que esperar que queda plasmado en el papel.
Proceso arbitrario
Un observador electoral nacional que prefirió no ser identificado para esta nota alertó que con la intención manifiesta de inhabilitar potenciales candidatos a procesos electorales en el país tildandolos de “fascistas” y acabar con la observación internacional independiente, lo que podría salir de la AN de 2020 es un “traje a la medida” de la tendencia política gobernante que escogerá candidatos y quienes pueden venir al país a observar un proceso electoral.
“Es un proceso (las reformas) lleno de arbitrariedad en el sentido de que implica violaciones a la Constitución. Por un lado, el que no reconozca los resultados electorales del 28 de julio (anunciados por el CNE a favor de Maduro) quedará excluido arbitrariamente de las elecciones de alcaldes y gobernadores y de otras elecciones y por el otro, acabar con la observación internacional porque se considera una injerencia, sería un golpe duro”, manifestó.
Tanto Mendoza como el observador nacional recordaron que no se pueden hacer reformas electorales seis meses antes de la convocatoria a comicios en el país, por lo que si quedan aprobadas en diciembre hay que tomar en cuenta ese lapso. Esto a partir de la propuesta de Maduro de separar elecciones de alcaldes, gobernadores y por último hacer las parlamentarias correspondientes a 2025.
¿Qué dice la ley actualmente?
En la reforma del Título XIV del Reglamento General de la Lopre, publicada en Gaceta Oficial en octubre de 2020, se establece la Veeduría Nacional e Internacional. El CNE puede aprobar un plan de veeduría nacional e internacional para cada proceso electoral en Venezuela (artículo 473).
Entre las prohibiciones que establece el artículo 484 está la de emitir opiniones o declaraciones sobre los asuntos internos de Venezuela hasta que haya culminado el proceso electoral y se haya proclamado al o los candidatos.
Tampoco pueden intentar persuadir al electorado ni hacer pronunciamientos públicos durante la elección. Los observadores tampoco pueden divulgar a medios de comunicación sus conclusiones sobre el proceso electoral antes que la vocería del organismo invitado. El incumplimiento de la normativa acarrea revocatoria de la credencial.
Para expertos electorales como Mendoza, en términos prácticos, la veeduría significa ver y callar, no compartir opinión públicamente. En cambio, el observador, explicó, sí emite un informe al final del proceso electoral en el que señala si se ajusta a la normativa y si los resultados son confiables, incluso pueden recibir denuncias de organizaciones políticas y electores y tomarlas en cuenta para sus conclusiones.
“La figura de la observación se ha tergiversado en Venezuela y no hay manera de que se corrija, pero se pudo hacer en 2021 producto de un acuerdo político”, criticó Mendoza.
Antecedentes del deterioro
Para las elecciones regionales de 2021, organizadas por un CNE más equilibrado (Enrique Márquez y Roberto Picón como rectores), se acordó la participación de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) que hizo seguimiento a los comicios municipales y estadales en todo el país y al final emitió dos informes con sus observaciones sobre el proceso.
El primero le valió la expulsión del país por parte de las autoridades venezolanas por señalar una serie de irregularidades en las elecciones, por lo que el segundo informe fue presentado desde el exterior.
Las principales críticas de la Misión, con Isabel Santos al frente, se enfilaron contra 27 inhabilitaciones políticas para evitar candidaturas de opositores y chavismo disidente; instalación de puntos rojos en los centros de votación; falta de poder sancionatorio del CNE y falta de independencia judicial e irrespeto al estado de derecho.
Para entonces Rodríguez prometió que la UE no volvería al país, pero con las elecciones presidenciales del 28 de julio se abrieron nuevas negociaciones políticas que hicieron que el CNE le extendiera una invitación para seguir la contienda en el país, junto al panel de expertos de Naciones Unidas (ONU) y el Centro Carter. La renovación de sanciones del bloque europeo contra funcionarios venezolanos por corrupción y violaciones de DDHH, fue motivo esgrimido por el presidente del CNE, Elvis Amoroso, para revocar la invitación: “No son personas gratas”, dijo.
Pero siguieron en la carrera el Centro Carter y el panel de expertos ONU, cuyo papel considero el gobierno “más inofensivo” por no tener el alcance de la MOE-UE, pero tras las votaciones, ambos grupos demostraron que fueron subestimados por el poder político en Miraflores. Ambos organismos concluyeron en sus informes que las elecciones presidenciales de Venezuela no fueron transparentes y que la proclamación de Maduro como ganador por parte del CNE, se realizó sin sustento.
A la fecha, el CNE no ha publicado los resultados electorales del 28 de julio en Gaceta Electoral ni las actas de votación mesa por mesa. La oposición por su parte, publicó 83,5% de las actas de votación en el portal resultadosconvzla.com que dan como ganador a Edmundo González con 67% de la votación sobre 30% obtenida por Maduro.
Que la secretaría general de la ONU publicara el informe presentado por el panel de expertos fue notorio por cuanto no se suele dar a conocer. Lo usual es que los expertos lo presenten de manera privada al secretario general y este luego hace una serie de recomendaciones al ente rector de las elecciones. “Basura sin palabra” llamó el presidente de la AN de 2020 al panel de expertos.
El Centro Carter fue más allá y el 2 de octubre validó y presentó las actas electorales recabadas por los testigos de mesa de la oposición ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
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