El fiscal general de la República Tarek William Saab anunció la revisión de medidas de 225 casos de los presos políticos detenidos después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, un día después de la muerte, bajo custodia del Estado, de Jesús Manuel Martínez Medina en el estado Anzoátegui.
Aseguró que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial consideraron estas acciones, según él, enmarcadas en el estado derecho, el respeto al debido proceso, la legítima defensa y la garantía de los derechos humanos, pese a que los familiares de estas personas privadas de libertad denuncian de forma constante las trabas que enfrentan en la defensa de los acusados.
Saab leyó un comunicado en el que destacó que hicieron una «revisión profunda de los casos» por lo que se solicitó «225 revisiones de medidas a procesados por estos sucesos que conmocionaron al país y dejaron la lamentable cifra de 28 fallecidos, cerca de 200 lesionados y 500 bienes públicos y privados destruidos».
Saab no detalla las medidas ni a quiénes beneficiarán
El fiscal no detalló si se trataba sólo de adolescentes, de entre 14 a 17 años, ni habló de los presos políticos que tienen críticas condiciones de salud como era el caso de Martínez Medina, quien era una persona diabética y murió cuando lo intervenían en un hospital de Anzoátegui, al oriente de Venezuela, para amputarle las dos piernas.
Según la ONG Foro Penal hasta el 8 de noviembre hay 1.848 personas encarceladas desde el 29 de julio, de las cuales 69 son adolescentes y 243 mujeres. En total, la cifra de privados de libertad por motivos políticos asciende a 1.976.
Este jueves 14 de noviembre, el director-presidente de la organización no gubernamental, Alfredo Romero, denunció la violació al derecho de la legítima defensa, consagrado en la Constitución venezolana de 1999, ya que a estas personas les impiden designar abogados de su confianza, lo que trasgrede la Carta Magna.
“Se les ha impuesto defensor público, es un tema que nos preocupa. Es un llamado a las autoridades. Nuestro sistema procesal penal establece como principio fundamental que la persona pueda escoger su abogado de confianza. Excepcionalmente es que se designa el defensor público, no es al revés. Esto es respeto a la dignidad”, afirmó Romero.
Saab, en su comunicado, manifestó que en Venezuela se respeta «el Estado derecho, la legítima defensa, la presunción de inocencia y el juzgamiento por los jueces naturales», que no ha ocurrido con los adolescentes que están bajo una juridiscción penal que no corresponde a la que las leyes le garantizan por no tener la mayoría de edad, como dicen los defensores de niñas, niños y adolescentes.
Antes de finalizar sus declaraciones, el fiscal cargó contra las ONG venezolanas a las que señaló de recibir financiamiento internacional para atribuirse las actuales gestiones de revisión de 225 casos, algo que negó y dijo que era una competencia exclusiva del Ministerio Público y el Poder Judicial.
También explicó que han sostenido reuniones con familiares de los fallecidos y de los presos políticos semanalmente para evaluar los casos.
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