Uno de los claros objetivos de la reforma a las leyes electorales que prevé la Asamblea Nacional tiene que ver con corregir los elementos que hicieron que al oficialismo se le saliera de las manos el control de la elección presidencial del pasado 28 de julio.
En ese sentido, parece vital –según la declaración de las autoridades del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) – que de cara a las elecciones venideras, haya un compromiso previo para el reconocimiento de los resultados que dicte el Consejo Nacional Electoral (CNE)
La conclusión proviene de las mismas declaraciones de los voceros del PSUV: “El que no se monte en ese tren se queda sin pasaje, hay unos que quieren, pero no podrán porque no respetan los resultados, cada vez que hay elecciones ahí sí son demócratas, ahí están reuniéndose, viendo como se cuelan por la baranda. Hay gente que no ha reconocido los resultados del 28 de julio y quiere ver si se incorporan”, expresó el ministro de Interior y Justicia y primer vicepresidente del partido de Gobierno, Diosdado Cabello.
Mientras, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y voz cantante del régimen en la materia electoral, ha señalado que la ultraderecha “siempre arranca con mentiras en los procesos electorales; como en el 2002, ellos tienen la pésima costumbre de no reconocer los resultados electorales del único ente como el CNE. Les digo que si no va a reconocer el árbitro electoral, no participen”, aseveró al momento destacar la necesidad de reformar las leyes que tienen que ver con los procesos electorales, labor, que según el propio Rodríguez, debe estar lista este 15 de diciembre.
Hay que demostrar el bingo
En Venezuela no hay ninguna ley que indique la obligatoriedad por el respeto de los resultados electorales, de hecho, están previstos unos procedimientos para impugnar la elección en caso de que una parte considere que han ocurrido irregularidades afectando los resultados. La impugnación de por sí, es un acto que implica inconformidad.
Pero a partir del 28 de julio lo que se pretende es el respeto irrestricto al anuncio electoral, aún sin evidencia de que esos resultados se concatenan con lo ocurrido en las urnas electorales. Es decir, se plantea la obligatoriedad de aceptar la palabra del presidente del CNE y no acatarla implica sanciones.
En los procesos anteriores esa dificultad no existía debido a la entrega y publicación de los datos desagregados mesa por mesa, que el árbitro electoral incumplió y que Jorge Rodríguez considera un “periódico de anteayer”.
Presión para la firma
Durante la fase previa al acto electoral presidencial pasado, desde el PSUV y las instituciones controladas por el oficialismo hicieron todo lo posible porque la oposición se comprometiera con respetar lo que dijera Elvis Amoroso la noche del 28 de julio.
El primer paso fue incluir en el llamado Acuerdo de Barbados un compromiso de reconocimiento de resultados, entre otras cláusulas.
El “Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para todos” firmado por el Gobierno y la Plataforma Unitaria de Venezuela, establecía en forma taxativa el “Reconocimiento público de los resultados de los comicios presidenciales”, pero el texto se convirtió en un manual de lo incumplido, ya que preveía una serie de garantías, como el respeto a la selección del candidato opositor (María Corina Machado fue la triunfadora de las primarias), la observación de la Unión Europea, desarrollo de todas las auditorías previstas y una larga lista de garantías que el régimen se encargó de incumplir una a una.
Luego, se convocó en la sede del CNE una reunión con todos los candidatos para que se comprometieran al reconocimiento de resultados. El acta se firmó el 20 de junio, pero el aspirante de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), no se presentó.
“Firmar un acuerdo, ¿para qué? El primero que ha violado los acuerdos que firman es el Gobierno”, dijo González Urrutia.
Más tarde, en ocasión del recurso contencioso interpuesto por Nicolás Maduro ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, el alto juzgado otra vez convocó a los candidatos y representantes de partidos a firmar un acta en la que se comprometían a respetar la decisión del TSJ sobre las elecciones presidenciales. Edmundo González Urrutia tampoco se presentó.
Reacción de la Plataforma
Esta semana, la Plataforma Unitaria se refirió al tema de reforma de las leyes electorales. Lo hizo a través de un comunicado, que es la forma que está usando para mostrar su posición, luego de que gran parte de sus integrantes o están en prisión o en la clandestinidad.
La agrupación que integra los principales partidos de oposición de Venezuela señaló que: “La revisión de las normas electorales no es el centro del problema, ya que el mismo radica en el cumplimiento y acatamiento de las mismas, comenzando por lo establecido en el artículo 5 de nuestra Carta Fundamental, que señala que la soberanía reside en el pueblo y la ejerce a través del sufragio”.
Agregó que “fue, precisamente, el régimen quien violó lo establecido en el Acuerdo de Barbados, suscrito por ambas partes en octubre de 2023, el cual contemplaba expresamente el respeto a los resultados de las elecciones presidenciales”.
Consultado sobre la intención oficialista de obligar a reconocer los resultados del 28 de julio y de aceptar previamente cualquier decisión que dé a conocer el CNE en los procesos electorales futuros, el exrector de ese cuerpo, Rafael Simón Jiménez, coincidió con la PUD al señalar que “No es posible un reconocimiento de resultados si no hay la presentación de las actas electorales”, que es la vía para validar. Considera además censurable “toda restricción a los derechos establecidos en la Constitución”.
En ese sentido, considera que el Gobierno tiene que demostrar sus verdaderas intenciones en la reforma de las leyes electorales, si se trata de una reforma para mejorar las condiciones o para hacerlas más restrictivas de los derechos ciudadanos.
Estima que hay elementos cuya discusión puede ser interesante, como el tema de la representación proporcional en los cuerpos deliberantes (como el Parlamento), o el financiamiento de los partidos, pero destaca que el debate que se deba dar en este momento, “es si es posible el ejercicio de la política, sin persecuciones”.
Entretanto, del lado opositor ven con natural desconfianza el proceso legislativo, y por supuesto que no comulgan sobre el reconocimiento electoral previo, pues se aferran a la posición de Santo Tomás, quien no creía que Cristo había resucitado “si no veo en sus manos los agujeros de los clavos”. Sin actas, no hay reconocimiento, como dice Rafael Simón Jiménez y ese axioma lo consideran válido para las presidenciales y cualquier otra elección.
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