La Asamblea Nacional (AN) de 2020 se dispone a renovar al Poder Ciudadano integrado por el fiscal general de la República, el contralor general y el defensor del Pueblo, cada uno con período constitucional de 7 años que ya está vencido.
Las funciones del trío de funcionarios han cobrado especial relevancia en los últimos años y no en el sentido positivo, cuando ONG y defensores de derechos humanos los consideran parte del “aparato represivo” del gobierno de Nicolás Maduro, que busca eliminar a la disidencia política, algo que se ha profundizado en los últimos años.
En el caso de la Contraloría General, el actual presidente del Poder Electoral y exdiputado del chavismo, Elvis Amoroso, estuvo la mayor parte del período (2018-2023), puesto que dejó luego al subcontralor Jhosnel Peraza como encargado. Sin abrir un nuevo proceso de designación el Parlamento de 2020 lo reconoció como tal.
Amoroso, designado por la Constituyente de 2018, al igual que el fiscal y el defensor del pueblo actuales, destacó por ser el ejecutor de las inhabilitaciones políticas contra dirigentes opositores sin que, afirman abogados y activistas de DDHH, haya mediado el debido proceso. Entre los políticos afectados está María Corina Machado, quien se vio impedida de participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Su sucesor -que es un coronel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) – desde agosto de 2023, ha sido “menos mediático”.
¿Cuál es el balance?
Para el presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento de 2015 (cuya continuidad fue declarada por una Comisión Delegada vigente), Macario González, el balance de la gestión de la CGR en los últimos siete años se resume, por un lado, en haber servido a la persecución de quienes piensan distinto al chavismo, pero saltándose los procedimientos legales.
Por el otro, ninguna investigación sobre la gestión gubernamental en todos los niveles y callar ante los escándalos de corrupción destapados en Pdvsa y otras empresas estatales.
“Los titulares de la Contraloría General de la República han brillado por su ausencia en los hechos de corrupción que han sacudido a la opinión pública en los últimos tiempos, razón por la cual la opinión pública tiene la convicción de que más que combate a la corrupción lo que hay son pases de facturas por diferencias internas entre factores de poder en el Psuv”, señaló González en declaraciones a Efecto Cocuyo.
Sostuvo que una de las tareas urgentes de un cambio político es la reinstitucionalización del país con estricto apego a la Constitución para que las instituciones estén al servicio de la nación y no de una parcialidad política que sólo busca “aniquilar adversarios en el juego político” por todos los medios posibles.
A continuación, un balance de las decisiones más polémicas tomadas por la CGR en los últimos años:
Sacar a María Corina de la carrera presidencial
Previo a las primarias presidenciales opositoras del 22 de octubre de 2023 y ante el apoyo popular que fue ganando una de las candidatas, María Corina Machado, el poder político se aseguró de anular la posibilidad de que la dirigente de Vente Venezuela pudiera competir en las presidenciales de 2024.
El 1 de julio, a petición del diputado disidente de Primero Justicia, José Brito, la CGR impuso una inhabilitación contra la líder opositora por 15 años, sin que previamente se le informara que había un procedimiento abierto en su contra ni se le diera el derecho a la defensa.
El argumento de la CGR fue supuestas irregularidades administrativas cuando fue diputada a la AN de 2010 y haber solicitado sanciones internacionales contra Venezuela. El despacho ya le había impuesto una sanción por 1 año que venció en 2016. Al respecto, la ONG Acceso a la Justicia señaló que Machado no era funcionaria ni administraba fondos públicos por lo que no era sujeto de sanción, según el artículo 2 de la Ley contra la Corrupción.
En diciembre del 2023, por solicitud del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Contraloría, ya en manos de Peraza, ratificó la inhabilitación contra Machado, ganadora de las primarias opositoras.
“Las inhabilitaciones impuestas por la CGR han constituido un flagelo para la democracia venezolana, pues, por lo general, se han impuesto de manera sistemática contra candidatos de oposición y sin debido proceso, por lo que han cercenado progresivamente el pluralismo político al impedir el derecho al voto, que incluye el derecho a ser elegido y el derecho de quien elige a tener varias opciones o a que sus representantes ya electos ejerzan su cargo”, ha señalado la ONG Acceso a la Justicia sobre las frecuentes inhabilitaciones políticas.
Contra los diputados de 2015
Además de anular las competencias de la AN de 2015 de mayoría opositora por la vía del Poder Judicial, el poder político también hizo uso de la CGR para ir contra los diputados opositores.
En febrero de 2021, el contralor Amoroso informó sobre la inhabilitación política contra 28 legisladores, entre ellos el para entonces titular del Parlamento, Juan Guaidó, juramentado en enero de 2019 como presidente del gobierno interino tras declararse la falta absoluta del jefe de Estado y al que la CGR ya había sancionado desde 2019, por 15 años.
Los legisladores sancionados por no presentar la declaración jurada de patrimonio fueron Marco Quiñones, Armando Armas, Julio Montoya, Ismael García, Mariela Magallanes, Antonio Geara, Américo De Grazia, Carlos Berrizbeitia, Juan Miguel Matheus, Richard Blanco, Rafael Veloz, Tomás Guanipa, Luis Florido y Germán Ferrer.
Además, los diputados Jesús Paparoni, Carlos Paparoni, Freddy Guevara, Juan Andrés Mejía, Julio Borges, Franco Casella, Gaby Arellano, Renzo Prieto, Sergio Vergara, Carlos Valero, Winston Flores, Juan Pablo Guanipa y José Manuel Olivares. A este último y a Tomás Guanipa, previas negociaciones políticas, se les levantó la medida para que pudieran ser candidatos en las regionales de noviembre de 2021.
La carta de la inhabilitación política -seguía Amoroso en el cargo- también fue jugada contra el diputado de 2015, Freddy Superlano. El Poder Electoral lo dejó competir por la gobernación de Barinas en 2021, pero una vez que ganó salió a relucir una supuesta sanción de la CGR, esgrimida por el TSJ que ordenó repetir los comicios en enero de 2022.
Peraza de bajo perfil
El actual contralor Jhosnel Peraza ha tenido un bajo perfil desde su designación. A diferencia de Amoroso no es dado a declaraciones ante los medios de comunicación y sólo se le ve en actos oficiales a través de redes sociales, así como en las jornadas denominadas “la Contraloría va a la calle” que vienen de la gestión anterior.
Pero la ausencia de declaraciones no implica que no haya tomado decisiones favorables al poder político en Miraflores. En la página web de la Contraloría aparecieron en abril de este año, inhabilitaciones políticas por 15 años contra los dirigentes de Primero Justicia, Carlos Ocariz, Tomás Guanipa (la tercera inhabilitación anunciada) y Juan Carlos Caldera. Asimismo, contra los actuales alcaldes de El Hatillo, Elías Sayegh, y Josy Fernández de Los Salias.
Pero no quedó allí, en junio de 2024 se conoció sobre la inhabilitación para ejercer cargos públicos contra 10 alcaldes del país en ejercicio, luego que de públicamente expresaran su apoyo a la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia.
Los burgomaestres, todos de oposición, afectados fueron Heriberto Tapia, José Carrillo, Dilcia Rojas, Keiver Peña, Servando Godoy, Wilmer Delgado, Yohanthi Domínguez y Francisco Aguilar, del estado Trujillo. Tampoco podrían presentarse en futuras elecciones por 15 años, Iraima Vásquez y José María Fermín del Estado Nueva Esparta.
Sin el debido proceso
“Debemos recordar que, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, la imposición de una sanción debe ser única y exclusivamente el resultado de un cauce procedimental, en el cual el sancionado haya tenido la posibilidad de defenderse y la administración haya obtenido suficientes elementos de convicción con relación a su culpabilidad para imponerla”, señaló en su momento la ONG Acceso a la Justicia, sobre la inhabilitación de los alcaldes.
La ONG rechazó que a los inhabilitados les fueron aplicadas sanciones sin conocer las supuestas infracciones administrativas cometidas por ellos.
“Con este modo de proceder, la CGR violó no solo el derecho a la defensa de los mandatarios locales, sino también la presunción de inocencia de cada uno de ellos”, agregó.
La ONG considera “grave” el hecho de que tales situaciones arbitrarias no puedan revertirse mientras no exista un sistema de justicia independiente en Venezuela.
¿Qué esperar del proceso en la AN de 2020?
En la convocatoria para optar por el máximo puesto en la CGR se señalan como requisitos los establecidos en los artículos 288 de la Carta Magna y 11 de la Ley Orgánica de la CGR: ser venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad, mayor de 30 años y de estado seglar, mínimo 5 años de graduado con grado de licenciatura o similar y el mismo lapso de experiencia en cargos del sector público que debe haber ejercido con probidad y ser de reconocida honradez y competencia.
Asimismo, el Comité de Postulaciones pide declaración de no militancia partidista y de no poseer otra nacionalidad.
Macario González no tiene ninguna expectativa sobre este proceso que a su juicio será un enroque entre las mismas personas que gozan de la “confianza” de Miraflores y del Psuv y por lo tanto no contarán con la independencia que demanda la Constitución en el ejercicio de sus funciones.
“Esos procesos de renovación institucional que adelanta la AN del Psuv y partidos afines forma parte del juego político interno, muy lejos de representar una verdadera reinstitucionalización de los poderes públicos, cuya principal debilidad es la partidización de sus titulares y la carencia de autonomía en el ejercicio de sus competencias”, dijo.
González no descartaría que los actuales fiscal, contralor y defensor sean ratificados. Tampoco que el Psuv nombre en esas instituciones a figuras más radicales aún, en vista de que Miraflores ha entrado en una fase represiva más peligrosa luego de las elecciones presidenciales.
“En momentos en que abogamos porque se respete la soberanía popular para apalancar un camino hacia la reconciliación nacional, ello enervaría la confrontación política con graves consecuencias en lo económico y social, ya de por sí muy graves, que reclaman respuestas urgentes”, agregó.
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