Recientemente, Nicolás Maduro incorporó al empresario Alex Saab y a la ingeniera industrial Leticia Gómez a su tren ministerial, pero tales nombramientos no cuentan con la legalidad que permite la Constitución Nacional.
Saab fue designado esta misma semana al frente del Ministerio de Industria y Producción Nacional, mientras que Gómez encabeza la cartera de Turismo desde el cambio de gabinete que hizo Maduro hace un mes.
El detalle es que ambos son nacidos en el extranjero, lo cual según la Carta Magna no les permite ocupar tales cargos públicos.
El artículo 41 de la CRBV dice claramente: «Sólo los venezolanos por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Ministros o Ministras, Presidentes o Presidentas y Directores o Directoras de Institutos Autónomos, así como Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas. En los demás casos, la ley establecerá los requisitos que sean necesarios».
Asimismo, la Constitución establece con claridad que el resto de los ministerios podrían ser ocupados por funcionarios nacionalizados, siempre y cuando tengan domicilio y residencia ininterrumpida en Venezuela por más de 15 años.
Saab nació en Barranquilla, Colombia, el 21 de diciembre de 1971. Este polémico empresario, preso en Cabo Verde al ser vinculado con casos de corrupción a nombre del gobierno chavista, fue nombrado diplomático por Maduro y habría sido nacionalizado entre los años 2021 y 2023, cuando fue extraditado y luego indultado por el gobierno de los Estados Unidos.
Mientras, Gómez es nacida en La Habana, quien reside en Venezuela desde hace 10 años, tras un intercambio entre los gobiernos cubano y venezolano en el sector turismo. Ella fue señalada de ser parte del G2 cubano y ha ostentado varios cargos menores en el Ministerio de Turismo, incluyendo la gerencia de un hotel Venetur en la isla de Margarita.
«Parece que a Nicolás Maduro se le acabaron los venezolanos dispuestos a acompañarlo en su aventura criminal de desconocer la soberanía popular. Por ello, decide violar otro artículo de la Constitución», dijo sobre esto el abogado constitucionalista José Vicente Carrasquero.
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