El fiscal general de la República, designado por la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 (ANC), Tarek William Saab, está próximo a ser ratificado o sustituido en el cargo, al que llegó luego de la destitución de Luisa Ortega Díaz, quien para entonces denunció ruptura del orden constitucional por el despojo de sus competencias al Parlamento de mayoría opositora.
En su momento, la oposición y juristas venezolanos advirtieron que el nombramiento era inconstitucional y así se mantuvo, puesto que la ANC asumió competencias de la AN de 2015 – poder facultado para la designación del Poder Ciudadano – al igual que ocurrió con el contralor general y el defensor del Pueblo.
El paso del exdiputado, exgobernador de Anzoátegui, exdefensor del Pueblo y constituyente de 1999 por el Ministerio Público (MP) ha sido algo más que polémico, puesto que ha sido señalado por activistas de derechos humanos y organismos internacionales como “brazo ejecutor” de la política represiva del gobierno de Nicolás Maduro contra cientos de opositores, antes y después, con mayor severidad, de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
“Partícipe de la persecución”
“Personalmente conozco a Tarek William Saab desde 1999, cuando fue constituyente y enlace entre el movimiento estudiantil y la ANC para la presentación de propuestas para la nueva Constitución. Es motivo de reflexión ver cómo una persona que vino de la defensa de los derechos humanos, cuando llegó a la Fiscalía se convirtió en partícipe de la persecución y encarcelamiento del pueblo venezolano, especialmente de los trabajadores que exigen sus derechos”, lamentó el abogado penalista Eduardo Torres.
Para el defensor de presos políticos, mayormente del sector sindical, Saab no ha estado al frente del Ministerio Público para defender la Constitución y los derechos humanos, sino para aplicar “el derecho penal del enemigo” contra todo aquel que piense distinto al gobierno nacional. Indicó que la muestra es más de 2.500 privados de libertad por razones políticas, sin pruebas que respalden las acusaciones en su contra.
“El papel del MP tiene que ser actuar de buena fe; es decir, el Estado tiene el poder punitivo, persigue el delito y la Fiscalía debe sostener las acusaciones. Pero si en su investigación determina que no hay delito, debe defender esa decisión también. Lamentablemente en los juicios vemos que quien no piensa igual al gobierno es considerado enemigo, se criminaliza a la disidencia, por lo que los fiscales se convierten en verdugos”, dijo Torres a Efecto Cocuyo.
Si Saab se postula de nuevo a la Fiscalía (tiene hasta el 21 de octubre) el 5 de noviembre se sabrá si el Parlamento lo ratifica o lo sustituye, por cualquiera de los candidatos que sean considerados. Hasta ahora suenan para sucederlo el secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y agente del Estado ante Sistema Internacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, y el defensor público general, Daniel Ramírez Herrera.
A continuación, un resumen de sus decisiones y declaraciones más resaltantes:
La desaparición forzada y Rocío San Miguel
Entre las declaraciones más polémicas de Saab están las de negar la desaparición forzada de la que, según abogados y familiares, fue víctima la presidenta de la ONG, Control Ciudadano, Rocío San Miguel, al desconocerse durante cinco días, dónde estuvo detenida tras ser apresada en el aeropuerto e Maiquetía el 9 febrero de 2024. Hasta advirtió que decirlo era delito y llamó “mitómanos” a quienes usaron el término.
«Tergiversan el tema de la desaparición, hubo una orden de captura basada en una investigación penal ampliamente difundida en enero. Según Naciones Unidas, se considera desaparición forzada toda forma de arresto, detención, secuestro o cualquier otra modalidad de privación de libertad perpetrada por agentes del Estado o por personas que actúan con la aquiescencia del Estado. Eso nunca pasó aquí y se dijo que estaba detenida», declaró el 14 de febrero de 2024.
San Miguel está detenida en el Helicoide sin acceso a abogados privados ni familiares a excepción de su hija. Fue acusada por el MP ante el tribunal y por Saab en rueda de prensa de traición a la patria, terrorismo y asociación para delinquir.
Otro director de una ONG, Javier Tarazona de FundaRedes, fue detenido en julio de 2021. Saab lo señaló de difamación “al denunciar sin pruebas” un vínculo entre el Estado venezolano y la guerrilla de las FARC y el ELN. Su arresto ha sido denunciado como arbitrario.
Severidad postelectoral
Por las protestas contra los resultados electorales del 28 de julio, anunciados por el CNE, favorables a Maduro, la ONG Foro Penal registra 1.916 arrestos. Entre los privados de libertad que según denuncias no tienen acceso a abogados de confianza, están 1.676 hombres; 240 mujeres y 70 adolescentes, con edades entre 14 y 17 años.
La Fiscalía no ha mencionado el hecho de que los adolescentes están en recintos carcelarios para adultos ni las denuncias de sus familiares sobre torturas y coacción para que se declaren culpables.
“No hay ni un solo niño detenido (…) en su gran mayoría tienen 16, 17 años», dijo Saab en una entrevista televisiva el 13 de octubre en la que fustigó a la oposición por incluir en planes de violencia postelectorales a menores de 18 años.
Entre los dirigentes políticos imputados por la Fiscalía y encarcelados luego de las elecciones están el coordinador nacional Freddy Superlano y el miembro de Vente Venezuela, Perkins Rocha.
También figuran en la lista de imputados por la fiscalía el exministro del Petróleo, Tarek El Aissami, el exdiputado del Psuv, Hugbel Roa, el exsuperintendente de criptoactivos, Joselit Ramírez, por una de las tantas tramas de corrupción en Pdvsa.
Investigaciones
Por llamado a la FANB. El 5 de agosto, el MP abrió una investigación contra la líder opositora, María Corina Machado y exdiplomático, Edmundo González (quien firmó un comunicado como presidente electo) por llamar a la Fuerza Armada a hacer respetar la voluntad popular contra Maduro, por la presunta comisión de los delitos de los delitos de “usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar zozobra, instigación a la desobediencia a las leyes, instigación a la insurrección, asociación para delinquir y conspiración”.
Por las actas. La investigación más reciente (8 de agosto) que abrió la Fiscalía encabezada por Saab fue contra el sitio web https://resultadosconvzla.com/ que muestra 83,5 % de las actas recabadas por los testigos electorales de la oposición en las presidenciales del 28 de julio. Los delitos sobre los que indagaría el MP serían usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia a las leyes, delitos informáticos, asociación y conspiración.
Por este hecho citó a Edmundo González a declarar sin aclararle si acudía como imputado o testigo. El embajador de carrera no asistió a tres llamados, por lo que la Fiscalía solicitó orden de captura en su contra el 2 de septiembre.
Antes de las elecciones presidenciales, el MP estrechó el cerco contra el equipo cercano de María Corina Machado, al pedir orden de arresto contra siete miembros de Vente Venezuela, seis de los cuales (Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Omar González, Humberto Villalobos, Claudia Macero y Fernando Martínez) permanecen en la Embajada de Argentina en Caracas, custodiada por el gobierno de Brasil. Se le señala de planes de violencia para desestabilizar al gobierno de Maduro.
El coordinador de organización de Vente Venezuela, Henry Alviarez, fue encarcelado en marzo, junto con la exdiputada Dignora Hernández, quienes siguen en prisión sin derecho a una defensa privada.
Imparcialidad cuestionada
El 11 de octubre de 2023, la vehemencia de Saab para negar violaciones de DDHH en Venezuela y defender al gobierno de Maduro impresionó al Comité de de Expertos de Derechos Humanos que examinó al país.
«Jamás he visto a un fiscal general defender de tal forma al gobierno de su país, cuando su rol aquí es presentar su situación de independencia», dijo uno de los representantes del Comité.
Vale destacar que la Corte Penal Internacional (CPI) decidió a mediados de año continuar con la investigación contra el Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad, rechazando una apelación de la administración de Maduro, por considerar que el sistema de justicia no muestra disposición a investigar y castigar a los responsables de tales delitos con seguimiento en la cadena de mando.
En junio de 2024, el capítulo de Venezuela del informe sobre derechos humanos en 2023 del Departamento de Estado de Estados Unidos cuestionó “la persecución de disidentes en el extranjero encabezada por el fiscal general Tarek William Saab, utilizando herramientas del derecho internacional”.
El informe alude a órdenes de captura contra opositores en el exilio como Dinorah Figuera de Primero Justicia; Marianela Fernández de Un Nuevo Tiempo y Auristela Vásquez de Acción Democrática, integrantes de la junta directiva de la Comisión Delegada de la AN de 2015 y el expresidente del gobierno interino, Juan Guaidó.
Asimismo, el Departamento de Estado critica “la omisión de investigaciones de torturas que resultarían problemáticas para el régimen de Maduro”.
En su defensa Saab ha asegurado que se han castigado más de 580 funcionarios hasta septiembre de 2024 por violaciones de DDHH en Venezuela.
Fiscal mediático
Otra de las características del septenio de Saab ha sido su uso frecuente de las redes sociales para promocionar su gestión como por ejemplo el programa “el MP va a tu comunidad” y aparecer cada vez que sucede un hecho que escandaliza a la opinión pública o se viraliza en redes sociales, especialmente si de maltrato animal se trata o de farándula.
Según cifras del MP, alrededor de 300 personas fueron procesadas hasta mayo de 2024 por maltrato contra animales domésticos.
Contra Lula
Recientes declaraciones de Saab contra el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, a quien tildó, junto al mandatario de Chile, Gabriel Boric, de ser “voceros de la izquierda latinoamericana captados por la CIA”, para arremeter contra el gobierno de Maduro, han puesto en duda su ratificación en el Parlamento.
«¿Quién eres tú, Boric, ¿quién eres tú, Lula, (…) para entrometerte en los asuntos internos de Venezuela y ser ahora el CNE?», fustigó este 13 de octubre, a propósito de las posiciones de ambos jefes de Estado sobre no reconocer a Maduro como reelecto, dada la negativa del Poder Electoral a presentar pruebas de que ganó los comicios.
Una respuesta de la Cancillería venezolana, deslindándose de las declaraciones de Saab y una aclaratoria de este de que habló a título personal y que entiende que la política exterior la maneja el Ejecutivo, pudieran indicar que el poeta no las tiene todas a su favor para repetir en el despacho ubicado en la parroquia La Candelaria.
Por lo pronto, según el presidente del Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano, diputado Giuseppe Alessandrello (Psuv), Saab no tiene ningún impedimento legal para no aspirar a su reelección en la Fiscalía.
¿Se espera reelección de Saab?
“Según informaciones que llegan del sistema de justicia las tiene (Saab) todas en contra para reelegirse, para nadie es un secreto los problemas que ha traído esa obsesión por figuración pública y cada vez que habla genera menos credibilidad, hace declaraciones rocambolescas como las que hizo contra Lula” opinó el exfiscal del MP, Zair Mundaray en entrevista con con el medio Panam Post.
Sostuvo que al figurar altos funcionarios venezolanos en informes como los de la ONU como “represores y violadores” de DDHH, a través de este proceso para renovar el Poder Ciudadano en la AN de 2020, el gobierno de Maduro tratará de dar una nueva cara con nuevos nombres, pero no la tiene fácil.
A juicio del abogado, la situación se agrava de cara al 10 de enero de 2025, puesto que el poder político en Miraflores se verá obligado a escoger de nuevo entre “incondicionales” para los cargos de fiscal, defensor y contralor.
“Del proceso en la AN no se espera nada, todos los Poderes Públicos se alinearon contra la voluntad popular del 28 de julio y el MP justamente está encarcelando gente que protestó contra el resultado electoral anunciado por el CNE. Es irrelevante si repite Saab o se designa a otra persona porque seguramente vendrá del Psuv, no están buscando un fiscal para defender la Constitución y los derechos humanos sino para seguir reprimiendo”, advirtió Torres.
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