Las órdenes de detención a los presidentes de Argentina, Javier Milei, y Venezuela, Nicolás Maduro, que la Justicia de sus respectivos países ha emitido de manera mutua, tienen pocas posibilidades de prosperar a corto plazo, pero, según expertos, la medida contra el mandatario venezolano puede servir de «anticipación» al fundarse en presuntos crímenes de lesa humanidad.
«Para que prosperen, deberá la persona ser puesta a disposición de los tribunales argentinos. Para eso tiene que haber una captura, entonces, si es posible que prospere, es una anticipación a situaciones que son futuras y desconocidas», explicó a EFE el abogado en derecho internacional Simón Gómez.
Pero -prosiguió- una detención contra Maduro en este momento «no es viable», a menos que el mandatario viajara a un tercer país que forme parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), por el acuerdo de cooperación entre la Fiscalía del alto tribunal y la Interpol, suscrito en diciembre de 2004.
«La extradición que han solicitado a las autoridades venezolanas parte de una orden de detención originaria de un Juzgado Federal argentino que ha sido comunicada a Interpol, de modo que un tercer Estado en el que se encontrare, si es un Estado que es parte del Estatuto de Roma, estaría obligado a entregar a esa persona a la jurisdicción», señaló.
La decisión la adoptó la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires en una causa abierta a principio de 2023, por una denuncia contra Maduro presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), basada en el principio de justicia universal, que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos, independientemente de dónde se hayan cometido.
Ya en 2020, Estados Unidos presentó cargos por «narcoterrorismo» contra Maduro y ofreció 15 millones de dólares por cualquier información que lleve a su captura, pese a que, posteriormente, funcionarios estadounidenses visitaron Venezuela para dialogar con el mandatario sobre diversos asuntos políticos de interés mutuo.
Trazar un camino
El presidente del FADD, Waldo Wolff, dijo en conferencia de prensa que las detenciones de funcionarios venezolanos «no» se harán «inmediatamente» y «las posibilidades hoy son remotas, pero comienza a trazarse un camino».
Entretanto, Gómez señaló que la decisión del juzgado de Argentina guarda «completa relación» con la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a Venezuela, pese a que el organismo internacional no investiga, de momento, a ningún funcionario venezolano, sino que sus pesquisas se centran en averiguar si en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, la orden de detención del presidente Milei -explicó el abogado- no resulta posible que prospere puesto «que en este caso no se trata de los crímenes que eximen la inmunidad de un jefe de Estado».
«Venezuela puede solicitar la extradición en contravención, evidentemente, del derecho internacional, pero esa orden será desatendida tanto por los tribunales argentinos como por la Interpol», añadió.
Acusación «infundada»
La Fiscalía de Venezuela solicitó a la Interpol una «alerta roja» contra Milei por «robo agravado» y otros seis delitos relacionados con el avión venezolano-iraní que estuvo en Buenos Aires y enviaron a Estados Unidos en febrero, según informó el titular de esta institución, Tarek William Saab.
«Ya la solicitud ha sido remitida, esperemos a ver cómo va a actuar Interpol, en base a un daño realizado que es delincuencia común, que es delincuencia transnacional, que viola convenciones contra la delincuencia organizada», expresó Saab.
El abogado Simón Gómez sostuvo que lo principal en este caso es «lo infundado de la acusación», porque la situación con el avión venezolano-iraní no es atribuible al poder Ejecutivo, sino al Judicial.
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