El excandidato presidencial Enrique Márquez aseguró que en los próximos días acudirá a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para pedir que declare nula la sentencia de la Sala Electoral del máximo juzgado que validó el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio.
«La sentencia, que en nuestro punto de vista está llena de inconstitucionalidad, debe ser declarada nula porque afecta gravemente al poder del pueblo venezolano. Al poder del pueblo ejercido a través del sufragio», expresó Márquez en una rueda de prensa este jueves, 12 de septiembre, poco después de conocerse las sanciones de Estados Unidos contra 16 funcionarios venezolanos, entre ellos cinco magistrados del TSJ.
Márquez quien intentó recusar sin éxito a la presidenta del máximo juzgado y de la Sala Electoral, Caryslia Beatriz Rodríguez, insistió en la defensa de la Constitución de 1999 y de la soberanía popular.
«Aquí hay un fraude procesal constitucional. Un fraude procesal porque el debido proceso está establecido en nuestra Constitución. El recurso contencioso electoral nunca existió», dijo el exdiputado a la Asamblea Nacional de 2015 y exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral.
Aclaró que junto a sus abogados tienen listo el recurso que solicitarán a la Sala Constitucional una vez culminen las vacaciones judiciales el próximo 16 de septiembre.
Qué decidió la Sala Electoral del TSJ
Tras el proceso comicial y la proclamación de Nicolás Maduro como ganador del proceso, sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya presentado resultados disgregados por mesa, el propio mandatario introdujo un recurso en el TSJ para pedir que validaran los resultados.
El 22 de agosto, la Sala Electoral declaró válidos los resultados del Poder Electoral tras una revisión o peritaje técnico, del que no se conocieron detalles ni quiénes participaron en esta evaluación.
«Nunca se nos explicó a los venezolanos en qué consistió ese peritaje. Eso es la única prueba que sustenta la sentencia 31 y se obtuvo de manera ilegal. Nadie pudo aportar un experto. Nadie pudo poner a un testigo», expresó Márquez de este trabajo.
El político opositor dijo que esa decisión crea más inestabilidad política e incertidumbre en el país.
«Pedimos que, en resguardo de la Constitución y de la estabilidad democrática del país, que sea anule la sentencia. A partir de ahí veremos cuál es la ruta que siga el Estado venezolano», recalcó.
La oposición mayoritaria, representada en la Plataforma Unitaria Democrática, desconoció los resultados oficiales y en una página web colgó más del 80 % de las actas de votación, con las que asegura el ganador del proceso fue el diplomático de carrera, Edmundo González Urrutia, quien salió del país y pidió asilo en España por la investigación en su contra por parte de la Fiscalía y una orden de aprehensión de un tribunal, que lo investigaban precisamente por dar a conocer estos resultados.
«Queremos invitar al pueblo venezolano para que respalde esta iniciativa. Vamos a tener varios mecanismos. Vamos a distribuir una planilla para que todo aquel que se sienta motivado firme y esa firma se lleve al TSJ. También habrá un bot de WhatsApp. Creo en que toda acción cívica puede parecer perdida, o difícil, pero nunca cuando está acción la asiste la verdad», explicó Márquez.
Rechaza persecución contra González Urrutia
Cuando lo consultaron sobre el exilio forzado de González Urrutia, quien llegó a España el pasado domingo, el exdiputado rechazó la persecución en contra de los opositores al chavismo.
«Debo decir que censuro y rechazo los mecanismos de persecución política que se han impuesto en la realidad venezolana en las últimas semanas. Lamento la decisión que él ha tenido que tomar porque Venezuela necesita que todos nosotros que queremos un cambio estemos aquí pisando nuestro territorio. Yo le deseo que tenga toda la actividad política que pueda ser constructiva para nuestro país. No creo en intervenciones internacionales», insistió.
Márquez también dijo que las sanciones como las que Estados Unidos dio a conocer este jueves contra 16 funcionarios, entre ellos magistrados del TSJ, fiscales, jueces y militares, no surten efecto.
«Las sanciones en términos generales no han contribuido para resolver los problemas de ningún país. Las sanciones que afecten la estructura misma de la economía nacional tienen que ser censuradas por nosotros. Tendría que conocer estas sanciones para saber de qué se trata», resaltó.
Al igual consideró que los rectores del CNE «perdieron toda legitimidad para estar ahí y le deben explicaciones al pueblo de Venezuela».
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