El pasado 28 de mayo, entre gallos y medianoche, la espuria Asamblea Nacional sancionó la no menos espuria reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Popular. El propósito de esta última, como lo hemos venido publicando, es vaciar de sus atribuciones naturales a la Presidencia de Venezuela.
Habíamos prometido volver sobre el tema y el Superbigote, cachalote, capirote o como se pretenda, con su perorata del sábado pasado, en el Complejo Ferial Bicentenario de Barquisimeto nos refrescó el compromiso.
Expresó, a la letra: “… ¡y convoco para el 25 de agosto, domingo, a nuevas elecciones o consulta nacional, para votar por el proyecto que elijan los 4.500 circuitos comunales! ¡Democracia comunera! ¡Elecciones del poder popular!”.
Los amables lectores recordarán que el pasado 28 de mayo, entre gallos y medianoche, la espuria Asamblea Nacional de Venezuela sancionó la no menos espuria reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Popular. El propósito de esta última, como lo hemos venido publicando, es vaciar de sus atribuciones naturales a la Presidencia de Venezuela.
Neutralizado por los demócratas venezolanos, el fraude electoral, en sus diferentes facetas y modalidades, que culminará el próximo 28 de julio, el presidente electo, Edmundo González, en lugar de posesionarse el 10 de enero de 2025 de una verdadera jefatura de Estado, sería el titular de un cascarón vacío. Un fraude poselectoral, para hacernos entender mejor.
La maniobra ha estado salpicada por la picaresca. Picaresca número uno: Termino de escribir la presente crónica a las 8:53 pm del miércoles 10 de julio, es decir, mes y medio después de la aprobación de la mencionada reforma de ley y su texto oficial es todo un misterio porque no ha sido publicado, como es de rigor, por la Imprenta Nacional (el cronista posee la transcripción extraoficial de dicha reforma, pero en tales circunstancias sus autores conservan la posibilidad de cambiarle lo que les venga en gana). Picaresca número dos: Tampoco ha sido “colgada” en la red, como es de rito, la correspondiente sentencia que avale la constitucionalidad de toda ley de carácter orgánico. De allí que sin esa otra publicación persista el misterio. Picaresca número tres: Si algún lector acucioso revisa la secuencia de las gacetas oficiales extraordinarias publicadas a lo largo del pasado junio por la Imprenta Nacional, advertirá que esta última se ha saltado la sucesiva numeración de tales gacetas y de la Nº 6.810, del 6 de junio de este año (ley aprobatoria de algún tratado internacional), pasó a la Nº 6.813 del 11 de ese mismo junio (nombramiento de un funcionario del Servicio Penitenciario). Es decir, se dejó abierto el contenido de las hipotéticas gacetas N° 6.811 y 6.812, para insertar a futuro lo que mejor les acomode a los autores de la posible manipulación.
La narcotiranía ha erigido la mentira y el tejemaneje documental como política de Estado. Nos viene a la memoria Samuel Marple, “científico de la computación” al servicio del FBI, quien demostró en el juicio correspondiente, celebrado en Florida, EE UU, que el supuesto nombramiento del “embajador” de Venezuela, Alex Saab, era falso y falsa o alterada, también, la gaceta que contenía su fementida designación. El forjamiento no tuvo un epicentro cualquiera, sino las páginas de la red, más conspicuas de la RoboLución, como lo serían la del más alto tribunal de nuestro expaís y la de la propia Imprenta Nacional. Pese al escándalo por tal manipulación, la espuria Gaceta Extraordinaria N° 6.773, del 28 de abril de 2019 del caso Saab, flamea, todavía, muy oronda en los referidos portales.
Cuarta y quinta picardías: Nadie asesina, secuestra, tortura, inhabilita adversarios, reprime, soborna a siete sinvergüenzas para que se postulen como falsos candidatos opositores, se aferra, en general, con tanta hidrofobia a la Presidencia de un país, para al día siguiente de su hipotética reelección, auto despojarse, muy romántico, de las funciones inherentes a todo jefe de Estado. Por lo mismo, la publicación oficial de la citada reforma legal sería la paladina admisión del Mogote o Supermonigote, que se da por vencido en la lid electoral que culmina el 28 de julio. Pese al repudio que significa tal derrota, el repudiado, valido de la referida reforma de ley, ha expresado su voluntad de transferirles a los fementidos 4.500 circuitos comunales que supuestamente existen en el país “los servicios de gestión de bienes y recursos necesarios para brindar los servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras, prestación de servicios públicos y cualquier otra competencia”. Todo para que pasemos de “democracia participativa” a “democracia comunal” (artículo 17 de la reforma de ley del 29 de mayo pasado).
En cualquier caso, de concretarse las previsiones normativas de la ya citada reforma y la asamblea del próximo 25 de agosto, los nuevos depositarios del poder no serían un grupo de respetables académicos, ni de unos ancianos castos y sabios, sino los miles de sujetos de mal vivir de los supuestos circuitos comunales, electos a mano alzada en esa supuesta plenaria.
No hace falta ser muy zahorí para prefigurar la clase de quilombo o atajaperros que acarrearía semejante rebatiña. Basta señalar lo ocurrido en El Maizal, supuesto templo votivo del movimiento comunal “roboLucionario”. Hasta esa remota localidad entre los estados Portuguesa y Lara peregrinó nuestro capirote-zopilote, para ponerle el presunto “ejecútese” a la reforma de la Ley del Poder Popular. No fue este servidor, adversario irreductible de la narcosatrapía, sino la Sala Social del mismísimo Tribunal Supremo de Justicia, quien calificó a ese consejo comunal de El Maizal de “contrarrevolucionario”, “abusador de la memoria del comandante Chávez” y mal ejemplo de dirección y administración (sentencia del 14 de noviembre de 2014).
“Después de mí, el diluvio”, “Après moi, le déluge” de Luis XV, rey de Francia. O los barriobajeros, “cuando pierdo arrebato” o “cuando no pateo, escupo”. Tales serían los mottos, las divisas, los lemas de los supuestos revolucionarios ante la paliza electoral que se les viene encima en apenas tres domingos.
Los venezolanos residentes en territorio nacional además de votar de manera masiva -a los diez millones que nos hemos visto obligados a refugiarnos en el exterior ya nos han robado ese derecho- tendrán que salir a proteger, a los testigos de mesa de Edmundo González, muchas veces a riesgo de sus propios pellejos, de la violencia callejera de esos mismos “líderes” comunitarios. E inmediatamente después de la inevitable victoria de González, salirle al paso a la inconstitucional reforma de la ley de marras. Es la más reciente trampa urdida por la narcotiranía.
El cronista les desea, cordialmente, que sus sexta y subsiguientes picardías las anhelen desde la penitenciaría de Tocuyito.
_______________________________________________________________________________________________________________Autor: Omar Estacio Z. [ @omarestacio] – 11 julio 2024
