La autonomía universitaria ha sido, históricamente, un concepto profundamente debatido sin que muchas veces haya logrado exaltar por completo la profunda significación que envuelve su esencia. Tanto que no ha sido razón congraciada, ni tampoco consensuada por parte de muchos que presumen ser miembros de la comunidad de intereses espirituales, tal como refiere el primer artículo de la Ley de Universidades (1970) al describir el concepto de Universidad.
La universidad venezolana, es una referencia que luce propia de revisarse en el contexto en que su dinámica organizacional toca fondo por la cusa política que afecta su condición autonómica. Específicamente, aquellas universidades que supuestamente gozan de “libertad” a consecuencia de haberse esforzado para lucir cual faro de luz, pujanza y pensamiento crítico. Particularmente, ante las circunstancias políticas que avasallan las realidades actuales.
Un primer análisis
Para comprender lo que convulsiona su disposición académica, urge del conocimiento de la historia contemporánea venezolana. Así podrían discernirse importantes episodios que dan cuenta de insidiosas impertinencias, dificultades y adversidades que han marcado la ruta transitada.
Aunque deberá reconocerse que el desconocimiento a dicho respecto, ha sobrepasado el límite de la ecuanimidad requerida para reconocer el esfuerzo académico emprendido fundamentalmente durante la segunda mitad del siglo XX. Por esta razón, no es difícil advertir que las tendencias que actualmente afectan la universidad venezolana, han sido inducidas por el resentimiento gubernamental en complicidad con el odio y el egoísmo azuzado por el autoritarismo diligenciado desde el sectarismo del siglo XXI. Es ahí cuando luce de bulto la demolición solapada de su autonomía.
Pareciera suceder, como si dichas barreras, teñidas de rojo envidia con travesaños de negro turbulencia, pudieran exorcizar los residuos de tiempos de destacada y reconocida labor académica, como en efecto vivió la universidad.
Razones que suman problemas
Sin embargo, la universidad venezolana no ha escapado de equivocaciones que han puesto en jaque importantes compromisos, propios de su desarrollo. Pero de todos esos momentos, ha sabido salir franca. Habida cuenta que haberse ceñido a las exigencias de realidades decididas por consideraciones incitadas desde la sociedad de la información y del conocimiento, no impidió errar algunas veces. Además, eso es propio de toda acción realizada por el ser humano tanto en lo individual, como en lo colectivo.
Pero de ahí a provocar una caída adrede del ejercicio social que caracteriza la movilidad universitaria en nombre del sectarismo que reivindican las ideologías del atraso, animadas por “redentores forasteros”, la situación se tizna de la mezquindad que sus provocadores intentan propagar en perjuicio del crecimiento y desarrollo universitario.
Lo ocurrido reciente respecto de la organización de las elecciones en la Universidad de Carabobo previstas para el 29 de noviembre de 2023, fue la guinda del pastel que reposa en medio del estercolero en el que los gobierneros guardan sus extraños sustentos.
El colmo del resentimiento socialista
La justicia inmoral, representada por las cúpulas del socialismo del siglo XXI, confunde la interpretación de la normativa universitaria con las necedades propias de quienes fraguan fundamentos ilegales en el confinamiento del dogmatismo insustancial que sirve a tan bajas y desvergonzadas acciones.
De plano, es absurdo actuar a contracorriente de la lógica que impone la funcionalidad de estructuras cuya movilidad se basa en la moderación y el equilibrio de fuerzas que favorecen la dinámica institucional.
Este es un axioma que expone la teoría política cuando se trata de establecer medidas concurrentes en la medianía de un conflicto. Más, si las mismas apuntan a converger posturas que dan cuenta de alguna situación dicotómica. Y para ello se basa en el concepto de la “proporcionalidad”.
Si bien la proporcionalidad es una relación matemática o física que determina una razón constante entre magnitudes diferentes que definen una realidad concreta, igualmente de la misma se vale la teoría política para fijar medidas que apunten a distribuir o repartir de modo equilibrado cuotas o partes del asunto en cuestión.
En dicho reparto juegan factores relacionados con la participación y el poder político. Su regulación depende de la proporción que pauten la contribución de los agentes que intervienen en la configuración, realización o estructuración funcional del asunto en cuestión.
¿Moderación o conflicto?
En el contexto de todo proceso eleccionario privan razones vinculadas con los derechos y libertades que las leyes democráticas establecen. Más aún, en instituciones u organizaciones que la misma normativa legislativa oficial, las ha declarado “autónomas”. Es decir, capaces de darse su propio gobierno, sin intervención de poder político alguno. En correspondencia con el principio de “libertad de cátedra” y bajo sus propios estatutos, objetivos y programas de estudio.
De manera que la funcionalidad de una universidad autónoma, tiene las atribuciones necesarias para elegir sus autoridades. Y el correspondiente proceso eleccionario, se supedita a la libertad política de establecer los mecanismos decisionales que comprometen su proceso de desarrollo organizacional para el cual los votantes deben ser los actores de quienes depende su devenir académico, principalmente. Estos son quienes hacen posible la vida académica: profesores y estudiantes.
El resto de actores: personal obrero, técnico y administrativo, o sea que presten actividades de servicio gerencial y logístico, tienen una cuota de participación en la vida académica que no adquiere el nivel de intervención que la de profesores y estudiantes.
Sin embargo, el accionar de la política, a sabiendas que la repercusión de la universidad autónoma constituye un compromiso para el mantenimiento y vigorización de la estructura de gobierno nacional, ha venido reescribiendo la ley de universidades en función de intereses ideológicos y políticos. Aun cuando es de reconocer que la participación de este sector en los eventos que inciden en su afianzamiento académico, no es categórica.
Aunque políticamente, la participación de este sector de trabajadores universitarios adquiere otra connotación. Tal incidencia, ha llevado a distintas gestiones de gobierno a desfigurar la proporcionalidad que en principio rigió el mecanismo de votación. Particularmente, toda vez que se admitió que el peso de dicho sector. Aunque no procedía como razón al momento de elegir el gobierno universitario.
A modo de conclusión
Cabe acá señalar la contradicción que se articula en la observación realizada ante los procesos electorales que tienen lugar en los gremios estudiantiles y del personal de apoyo logístico y gerencial. Fundamentales para el funcionamiento administrativo y operativo en cuanto a servicios de la universidad entendida cual organización de prestación formativa-profesional. Pero que no son de servicio académico exactamente.
En consecuencia, no tiene sentido alguno que la cúpula política ligada con el poder nacional, decida favorecer mediante amañado dictamen judicial la suspensión del proceso electoral de la Universidad de Carabobo. Más aún, si se reconoce la incongruencia del voto paritario o igualitario (1 a 1) el cual descarta la proporcionalidad que permite la participación de trabajadores y egresados universitarios. Y que ha sido aplicado con la parte estudiantil. Así que, al revestir el oprobioso régimen venezolano, las elecciones universitarias en la Universidad de Carabobo con violencia solapada, está destapándose con peligrosa insidia, más problemas de los que se tienen. Ahora es la emergente crisis de la autonomía universitaria.
https://www.analitica.com/opinion/la-emergente-crisis-de-la-autonomia-universitaria-2/
