Fedecámaras y otras instituciones del sector privado vienen pidiendo que se eliminen las sanciones que están perjudicando al pueblo venezolano que, entre otras cosas, se ve perjudicado porque no permiten las importaciones de bienes y servicios provenientes de Estados Unidos y estados europeos, así como restringen la posibildad de cabal exportación de petróleo y otros productos que generan divisas que el país tanto necesita.
Para analizar las consecuencias de las sanciones hay que tomar en cuenta cuáles son los tipos de sanciones que se han venido imponiendo. Vemos que hay sanciones contra funcionarios gubernamentales de los que se sabe que, a nivel internacional, están siendo indiciados como graves violadores de derechos humanos, tales como los de lesa humanidad, como tortura, muertes masivas extrajudiciales, y graves actos de corrupción condenados mundialmente, tales como el lavado de dinero. Esas sanciones no perjudican al pueblo venezolano sino a los culpables de los crímenes, quienes se ven privados de viajar al exterior a países que los puedan arrestar, en ejercicio de la jurisdicción universal y/o la internacional que es la de la Corte Penal Internacional. Esas sanciones no se pueden levantar.
Las otras sanciones, las que se le imponen a Venezuela, las que afectan la vida y el bienestar de los venezolanos sí pueden eliminarse y deben ser producto de razonables negociaciones.
Se puede añadir que la historia nos señala que sanciones impuestas a países como Cuba, Nicaragua, Rusia, no han logrado su cometido, que es el de eliminar las dictaduras y lograr que se recupere la democracia.
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