El país democrático acaba de conmemorar los cien años del nacimiento del gran baluarte democrático que fue CARLOS ANDRES PEREZ (CAP), sin lugar a duda uno de los grandes líderes de los 40 años de gobierno civil caracterizado por los avances políticos, sociales y económicos que insertaron a Venezuela en senda de crecimiento y le confirieron una posición de prestigio en el mundo.
Fue a partir del 18 de octubre de 1945, cuando el país despertó del letargo en que había estado sumida a lo largo del siglo XX -y por supuesto aún más en el precedente siglo- y cambia significativamente. Se introducen elementos para la transformación política, social y económica, teniendo presente la necesidad de la transformación de esta como sustrato garantizador de la estabilidad política y social. Venezuela revierte la pasividad institucional en la que los derechos del ciudadano eran menguados e incompletos y se constituye en tierra fértil en la que se siembra la democracia y de manera efectiva se rescata la soberanía política del venezolano, conculcada por los distintos caudillos que desde Monagas hasta mediados del siglo XX se habían constituido en obstáculos para el desenvolvimiento político de la nación. El voto directo, universal y secreto, quedó insertado en el venezolano, y desde entonces no ha podido ser apartado. Igualmente, los derechos sociales pasan a tener configuración constitucional. Tanto en ese trienio 1945-1948, como en 1959, cuando se reinicia la democracia con el del gobierno de Rómulo Betancourt, se encontraba CAP. En un caso muy joven en rol de secretario privado del Presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, y luego en el área del despacho ministerial del Interior, como Director General y después como Ministro.
CAP se inicia y crece junto con la implantación de la democracia recibiendo de manera directa de Rómulo Betancourt (RB) la concepción y montaje del Estado democrático moderno, pero también recibiendo el vivo ejemplo del liderazgo necesario para hacer de la democracia un sistema de vida. Las enseñanzas de RB no cesaron con el cuartelazo de Pérez Jiménez y el derrocamiento de Gallegos, sino que continuaron a su lado en los distintos escenarios en que el destierro les obligaba a vivir. Así estuvo en Cuba y Costa Rica, entre otros países, pero sin que ello fuera óbice para que se desempeñara como Jefe de redacción del diario La República en Costa Rica y a la vez cumpliera importantes misiones en diferentes países con el objetivo principal de procurar la caída de la dictadura. Así pues, CAP nunca cesó en el aprendizaje político, en el conocimiento de la geopolítica de la región a la que dio importancia especial y le permitió palpar de cerca la realidad latinoamericana. Esta experiencia le sería muy útil a lo largo de sus dos mandatos.
En los últimos meses mucho se ha dicho de CAP, especialmente en lo concerniente al aspecto biográfico y su trayectoria de vida, pero consideramos importante referirnos a los aspectos más resaltantes de su personalidad política configurada por el ejercicio de su actividad como mandatario.
CAP siempre rindió tributo a la amistad sin que fuera impedimento para depositar confianza y responsabilidades de gobierno en quienes sin ser amigos pero si poseedores de méritos y aptitudes pudieran brindar sus servicios al país, sin dejarse cegar por el amiguismo o el compromiso partidista. Cuando debió tomar decisiones correctivas de situaciones indebidas las tomó prontamente y con sentido de responsabilidad. Un ejemplo de ello se dio con ocasión del caso del asesinato de Ramón Carmona Vásquez, derivado de un litigio relacionado a terrenos de Playa Moreno en Isla de Margarita, lo que produjo cambios y la destitución en la dirección del CTPJ. Otras decisiones habría de tomar en situaciones de corrupción en que personeros del Estado o autoridades policiales hubieran estado incursos. Recuérdense casos como el secuestro de Niehous y el posterior asesinato de Jorge Rodríguez por la Disip. Sus decisiones permitieron a la justicia actuar sin obstáculos y brindar respuesta al país. CAP no practicó la inquina, la envidia ni la venganza, pero fue víctima de ellas, sin que sucumbiera a realizar actos de similar bajeza. Esos bajos sentimientos ejercidos en su contra los entendió como parte de la debilidad de los hombres.
La llegada de CAP al primer gobierno se produjo al tiempo en que el Estado se concebía todopoderoso, dador de innumerables e interminables beneficios a sus ciudadanos; y así el Estado creció, sin mesura, impulsado por la ebriedad de los grandes ingresos que se veían como inagotables, pero, a la vez, atendiéndolo cada vez con mayores cargas y obligaciones. Esos mayores y extraordinarios ingresos produjeron sus consecuencias positivas como lo fue la creación del Fondo de Inversiones de Venezuela, lamentablemente, poco tiempo después, variado en su concepción original. Se trataba de un Estado financista que actuaba en medio de la efervescencia de su propio gigantismo que lo hacía omnipotente y que todo lo podía; que tenía que estar presente en todo y con tales linderos se constituyó en el protector de empresas y el gran mecenas de sus proyectos, en la generalidad de los casos no retribuidos por sus beneficiarios al desarrollo nacional. Sin embargo, en la asignación de responsabilidades de esta época hay que entender que la concepción existente de ese estado benefactor que cuidaba de todo y daba poco espacio a los particulares en la generación de los grandes proyectos, era el dogma por seguir. El manejo económico del país en el quinquenio 1974-1979, ciertamente revolucionó al país, lo movilizó y dio un gran impulso al sector productivo, pero siempre queda la duda de que lo fue descontroladamente, hubo improvisación, y visto desde el largo tiempo histórico sus efectos aún deben estudiarse y precisarse a título de necesario presupuesto para el tiempo y desarrollo que habrá de venir.
Decíamos que dentro de ese marco político y económico caracterizado por la abundancia de recursos fiscales, asciende CAP en 1974 a la Presidencia de la República, y entiende una necesidad la revisión y control de la situación social direccionándola en aras de la transformación del País, y así es atendido todo lo laboral con la iniciativa unas veces legislativa y otras dentro del marco de ley habilitante, resaltando principalmente dentro de los cambios que se producen la Ley sobre despidos injustificados y la constitución de las prestaciones sociales de los trabajadores como derechos adquiridos, medidas que si bien eran justas, quizás no fueron debidamente configuradas de manera que no generaran desajustes ni efectos nocivos en algunas de las partes de la relación laboral y a la economía del país. Pero lo cierto, es que generaron un impulso en el crecimiento de la legislación laboral e iniciarían un necesario desarrollo en el sector que merecía mayor justicia por parte del Estado, necesario árbitro componedor en las relaciones Trabajo – Empresa. También fue el tiempo de establecer reglas claras frente a las contingencias de los riesgos de incendios y fue por primera vez que se dictaron medidas de prevención para atender tales calamidades, normativa que hasta la fecha se ha mantenido y desarrollado. No podemos dejar pasar otro aspecto muy especial en el mandato 1974-1979, pues es en dicho período cuando se inicia la Protección de los derechos de los consumidores mediante la promulgación de la Ley de Protección al Consumidor y se crea la Superintendencia respectiva. Lamentablemente las acciones parlamentarias decidieron dejar en esa oportunidad la legislación antimonopolio, pero esta necesaria intervención institucional sí se llevaría a cabo y fraguaría en su segundo gobierno cuando se restituyen las garantías económicas y se inició la liberación de la economía.
Un aspecto que no se puede dejar de comentarse es la disposición institucional a conservar el ambiente y en su primer gobierno se le da a esta materia una importancia capital con la creación de un despacho ministerial especializado que fue modelo para toda Latinoamérica. El orden ambiental vino acompañado con la innumerable creación de áreas protegidas constituidas en parques nacionales, para preservar la flora y fauna y la permanencia del territorio a futuras generaciones.
En lo concerniente a las relaciones internacionales de Venezuela, los gobiernos de CAP siempre estuvieron en la vanguardia y convirtieron a Venezuela en un actor de primer orden. -Iniciado el primer gobierno, en agosto de 1974, correspondió al país ser anfitrión de la Conferencia Mundial sobre Derecho del Mar, convocáda por Naciones Unidas, cuyos delegados permanecieron por varios meses en el país. -Otro evento de primer orden fue la Conferencia Norte Sur, que reunió en París al mundo desarrollado con los países en vías en desarrollo, y Venezuela, en cabeza del Ministro de Estado para Asuntos Económicos Internacionales, Manuel Pérez Guerrero, asumió el rol de Co presidente en representación de los países en desarrollo. Su objeto fue procurar la cooperación económica internacional, y el necesario diálogo entre los países desarrollados de economía de mercado y los países del Tercer Mundo productores de materias primas. -Siguiendo en el plano económico resalta el apoyo dado por Venezuela como miembro de la CAF y su aporte económico. – En 1978, ante la violación del espacio aéreo costarricense y la agresión sufrida por la dictadura somocista, Venezuela por instrucciones del presidente CAP, envió a San José, aviones de transporte de la Fuerza Aérea Venezolana, misión complementada por helicópteros de la Guardia Nacional panameña. Fue un gesto para advertir a Somoza que Costa Rica a pear de no contar con ejercito no estaría indefensa frente a cualquier nueva agresión. – La situación de Chile y la dictadura de Pinochet, no dejó de ser preocupación para el gobierno de CAP: en 1975: por la intervención directa de Diego Arria ante la dictadura chilena, fue lograda la liberación del importante dirigente Orlando Letelier, excanciller, que luego sería asesinado en Washington. –CAP nunca dejo de colaborar con la reinserción democrática del Perú, regida por los gobiernos militares de los generales Velasco y Morales Bermúdez, cuya democracía finalmente luego de su mandato se restituiría con la elección de Belaunde Terry. -El ambiente político latinoamericano siempre estuvo caldeado y la democracia en la región afectada o sujeta a riesgos. A CAP le tocó en 1976 el escenario de la caída de María Estela Martínez de Perón: el nuevo cierre de la democracia argentina y el reinicio de la dictadura militar con el general Videla a la cabeza. –Con Uruguay, en 1977, le tocaría un episodio ante la dictadura de J. M. Bordaberry, por la violación derivada del allanamiento de la sede diplomática venezolana en Montevideo, para llevar a cabo la detención de una ciudadana que perseguida policialmente se refugió en procura de asilo. –España, y la reconstitución de su democracia fue también objeto de atención especial por parte del gobierno de Carlos Andrés Pérez, y de allí la permanente atención y solidaridad que siempre ha guardado Felipe González y el PSOE por nuestro país. -Podemos considerar como uno de los actos más importantes de la política exterior de CAP, el logro de la firma de los tratados Torrijos – Carter, 1977, que permitieron a la República de Panamá la devolución efectiva de la vía interoceánica al día 31 diciembre 1999. Se convirtió así en el actor principal en la devolución del canal a la República de Panamá, de inmenso contenido político y económico en la vida de esta nación. Si bien los actos antes reseñados fueron importantes expresiones de política internacional y solidaridad latinoamericana, no fueron los únicos realizados por Venezuela bajo la dirección de CAP: su actividad fue constante y jamás ceso en dar protección a la democracia y defender el contexto latinoamericano.
CAP llegó a entender con extraordinaria visión de estadista la crisis sistémica que presentaba el Estado venezolano y la necesidad de profundos cambios en el orden político y económico. El gigantismo el Estado, la abrogación de libertades económicas necesidad de reforma política que oxigenaran el desenvolvimiento de los actores políticos, constituían para él inmensa preocupación que entendía de necesaria solución una vez asumiera la presidencia de la República por segunda oportunidad. Llegó con planes concretos que redujeran los compromisos del Estado y le dieran ámbito de actuación a los actores particulares y al capital internacional. En este orden de ideas fue creado el Consejo de Nacional de Promoción de Inversiones -CONAPRI-, destinado a la promoción del entorno de inversiones para fortalecer el desarrollo productivo comercial y social del país. Esa fue la reforma económica aparejada con la restitución de las libertades económicas que si bien existentes en la Constitución de 1961, estuvieron suspendidas durante las décadas previas. El Estado debía ser reducido y delegadas muchas de sus funciones, y así se llevó a cabo un conjunto de privatizaciones que se tradujeron en liberación de cargas del Estado, mejoras de las empresas y bienestar económico para el país, así lo revelaron los índices económicos y sociales de los años 1990 y 1991, muy a pesar de la caída de los ingresos petroleros y la situación de mengua de las reservas internacionales del país que encontró al asumir la presidencia en 1999. No puede negarse que entendió significativamente la necesidad de la apertura política a través de la creación de las figuras del alcalde y el régimen de elección directa de gobernadores. Estas reformas legislativas fundadas en previsiones constitucionales de la carta fundamental de 1961 fueron profundamente necesarias ante el agotamiento del sistema político que vivía el país, permitiendo el acceso a nuevas organizaciones y personas en la gestión de los asuntos públicos. Regresamos así al municipio como institución base de la organización ciudadana que permitía acercar las instancias locales a sus habitantes y organizar su propia gestión de la comunidad. Cesarían entonces los gobiernos locales dirigido por los concejos municipales agrupados en la figura del Distrito, y, por tanto, descentralizados en sus funciones para acercarlo al ciudadano. Surgieron como consecuencia de ello numerosos nuevos dirigentes políticos que oxigenaron la relación Ciudadano – Estado. Lo mismo puede decirse con relación a la elección directa de gobernadores. Las regiones rescataron su identidad y la gran mayoría de ellas florecieron política y económicamente, y se dieron su propio gobierno sin necesidad de que el gobernador fuera enviado desde Caracas. Fueron creadas para los estados y municipios un sistema de ingresos y asignación presupuestaria en el presupuesto nacional, alentado y desarrollado luego por otras leyes, distintas iniciativas legislativas, para dotarlos de los recursos necesarios para llevar adelante la gestión regional. CAP fue el gran impulsor y defensor de esta apertura, y así lo demostró con su presencia en los actos de asunción a los gobernadores de distinto signo político al suyo, a pesar del malestar generado en lo interno de su propio partido; pero él pensaba más allá del control partidista, pues lo hacía en beneficio del país y en el aseguramiento democrático. El tiempo le dio la razón porque llegada a la dictadura chavista que vivimos, las alcaldías y las gobernaciones pasaron a constituir para los venezolanos ventanas de libertad y democracia. Bastaría pensar lo que habría sucedido en el país bajo la organización de distritos regidos por los concejos municipales de entonces y los gobernadores enviados desde Caracas. La supresión de los derechos políticos de los venezolanos hubiera sido absoluta.
CAP se convirtió en el objetivo a vencer por parte de la dirigencia de su partido y la del sector opositor, no sólo luego de su salida del gobierno en 1979, sino después de la muerte del presidente Betancourt, indudable factor democrático principal de Venezuela y venezolano fundamental del siglo XX, constructor y timonel de su desarrollo político, social y económico. El peso de CAP como dirigente político fundamental debía ser obstruido en su desarrollo y continuación, pues ello implicaba la imposibilidad para otros de serlo, y de que pasara a ser personaje político de referencia fundamental por siempre. Esos sectores políticos que se sentían desplazados, obstruidos en su figuración futura, le organizaron distintas emboscada políticas con el fin de retirarlo de escena. La primera gran acción que fue organizada en su contra fue el llamado caso Sierra Nevada, a cuya cabeza aparecían sus adversarios de siempre, Caldera y Rangel. Fue un caso tramado que afectó a la mayoría del tren administrativo de la Corporación Venezolana de Fomento, en el que la responsabilidad se limitaba -de ser el caso- a lo administrativo. Pero la cadena inculpatoria fue armada de manera que llegara hasta el presidente de la República. La experiencia política y su inocencia que en ningún caso implicaba ningún tipo de responsabilidad, permitió asumir de manera directa su propia defensa en sesión conjunta de las cámaras legislativas. CAP demostró su garra política tal como lo hizo en la madrugada del 4 de febrero en las cámaras de la televisión. La emboscada había sido desmontada y CAP continuaría su trayectoria política, ahora reforzada tras su exitosa defensa. Pero llegaría el año 1992, y los factores políticos desplazados cómo consecuencia de la política de apertura que venía desarrollando, los odios políticos que en algunos casos venían desde 1945, y la izquierda insurrecta vencida en los años 60, inexplicablemente contraerían matrimonio, o mejor dicho se unirían en contubernio político, para derrocar al actor político que ellos veían como la figura política de proyección y referencia nacional por los próximos años, vale decir CAP. La maniobra recurrió al uso indebido de la justicia como herramienta política y un acto administrativo de gobierno -transparente- que aseguraba la paz en un país latinoamericano y el ordenamiento de su democracia, fue convertido en delito, y lo más grave -así era el afán descalificatorio urdido- que la reforma legislativa propuesta no fue llevada a cabo porque evitaría la condena del presidente CAP. Esos sectores que actuaron bajo aborrecible matrimonio circunstancial, luego de la madrugada del 4F, no pensaron en el país sino en aprovechar ese censurable acto insurreccional para abonar su tesis de la necesaria salida de CAP de la presidencia de la república, cual si se tratara del manejo o apertura de una válvula de presión. Los odios políticos no los dejaron pensar debidamente en las consecuencias políticas que traería para el país, pues prácticamente se lo estaban entregando al sector insurreccional. Lo correcto habría sido que ante esos hechos atentatorios contra el sistema político democrático que nos garantizaba libertad y desarrollo económico y social, ese procedimiento de antejuicio no hubiera sido jamás presentado y menos aún alimentado periodísticamente; al haberlo introducido condenaban al país a entrar en un túnel en el que por muchos años no se verá luz y muy poca esperanza de recuperación política. Estábamos a 6 meses de elecciones presidenciales y era posible deducir acciones en su contra luego de la culminación del mandato.
CAP fue un hombre respetuoso de las instituciones políticas y del orden constitucional. La aceptación de la decisión que declaró procedente el antejuicio de mérito fue un vivo ejemplo de su sometimiento al Estado de derecho y al respeto de la división de poderes. Lamentablemente, en su caso el ideal de justicia de un estado democrático no fue alcanzado; se desvirtuó en obsequio de intereses políticos particulares.
CAP, Presidente de la nacionalización petrolera y del hierro; promotor del sistema de becas Gran Mariscal de Ayacucho y del Sistema Nacional de Orquestas; de la descentralización y de la apertura económica y política, es vivo testimonio de expresión democrática. En el afán del chavismo de borrar la historia nacional, CAP no lo ha podido ser: permanece en el imaginario nacional y es el expresidente civil recordado por la población y el más conocido por las nuevas generaciones. Debe ser el ícono que nos guie en la recuperación democrática. De alli la necesidad de mantenerlo como factor de unión de los venezolanos en la esperanza de un gobierno civil y democrático que nuevamente nos reúna para rehacer la ruta democrática conculcada. Esta debe ser la conclusión del masivo homenaje que los venezolanos le han rendido en los últimos meses con ocasión de conmemorar los 100 años de su nacimiento.
El tiempo es el mejor juez. Su veredicto ha sido contundente. CAP ha sido restituido al afecto político nacional y su nombre inscrito en la honorable lista de sus hijos ilustres
https://www.analitica.com/opinion/cap-100-lo-que-no-se-dijo/
